El gobierno de Estados Unidos protege a decenas de conspiradores, golpistas y delincuentes comunes procesados y condenados en varios países latinoamericanos, y persigue de manera implacable al ex analista del servicio secreto estadounidenses Edward Snowden. Washington se ha negado sistemáticamente a extraditar a criminales y estafadores reclamados por Ecuador y Bolivia, pero exige a ambos […]
El gobierno de Estados Unidos protege a decenas de conspiradores, golpistas y delincuentes comunes procesados y condenados en varios países latinoamericanos, y persigue de manera implacable al ex analista del servicio secreto estadounidenses Edward Snowden. Washington se ha negado sistemáticamente a extraditar a criminales y estafadores reclamados por Ecuador y Bolivia, pero exige a ambos países que no concedan asilo político a Snowden y que lo extraditen en caso de que pise suelo latinoamericano.
El país que confecciona anualmente una lista negra de «países patrocinadores del terrorismo» protege a terroristas de la talla de Luis Posada Carriles, uno de los peores asesinos refugiados en territorio norteamericano. El representante permanente de Venezuela ante la ONU Jorge Valero ratificó la solicitud de su país para la extradición del terrorista responsable del atentado contra una nave de Cubana de Aviación en octubre de 1976, con saldo de 73 muertos. Además, denunció que las autoridades norteamericanas protegen a los venezolanos Rafil Díaz Peña, José Antonio Colina y Germán Rodolfo Valera, acusados y condenados por actos terroristas contra sedes diplomáticas de Colombia y España en Venezuela en 2003.
Estados Unidos brinda refugio a otros terroristas internacionales como el checheno Ilyas Akhmadov, uno de los hombres más buscados por Rusia. Akhmadov fue subalterno del islamista radical Shamil Basayev, quien encabezó una acción separatista contra Moscú en 1995. Actualmente reside en territorio estadounidense gracias al apoyo de la ex secretaria de Estado Madeleine Albright y del republicano John McCain.
Washington también acoge a Michael Townley y Guillermo Novo, dos sicarios de la CIA que torturaron a los diplomáticos cubanos Jesús Cejas y Crescencio Galañena, desaparecidos durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. «Michael Townley, un norteamericano asesino alquilado a la CIA por la DINA del dictador Augusto Pinochet, y Guillermo Novo Sampol, un viejo cómplice cubanoamericano del agente de la CIA Luis Posada Carriles, reciben una protección integral del FBI, con el cual siempre colaboraron; de la CIA a la que sirvieron de ejecutantes de tareas sucias, y del Departamento de Estado que pretende ignorar su presencia en territorio norteamericano», denunció hace poco el comentarista Jean-Guy Allard.
Novo Sampol fue condenado por terrorismo junto con Posada Carriles en Panamá en 2000 y fue liberado por un indulto tramitado por la «mafia cubanoamericana y la embajada de EE.UU.». Townley y Novo también se vieron implicados en el asesinato del ex canciller chileno Letelier, ejecutado el 21 de septiembre de 1976 en Washington junto a sucolaboradora Ronni Moffit. Guy Allard reveló que el 18 de agosto de 1993 Townley contó, en una entrevista con el periodista Marcelo Araya de la televisión chilena, cómo asesinó a varias personas designadas por la policía secreta del régimen militar.
Además, el gobierno norteamericano protege a otros prófugos de la justicia, como por ejemplo el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, y a delincuentes ecuatorianos como el ex presidente Jamil Mahuad Witt, los estafadores Isaias y el ex director de inteligencia del ejército ecuatoriano y agente CIA Mario Pazmiño.
Jamil Mahuad renunció a su mandato el 21 de enero de 2000, a fines de 2011 la justicia ecuatoriana emitió una orden de captura en su contra, y finalmente el perseguido encontró refugio en Estados Unidos, al igual que Mario Raúl Pazmiño, ex jefe de la inteligencia militar ecuatoriana que fue expulsado del ejército por colaborar con la CIA. De la misma manera, Gustavo Lemus denunciado en Ecuador como torturador y acusado de haber encubierto el asesinato de dos adolescentes durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), también goza de la protección de EE.UU.
Este 3 de julio la Corte de Justicia de Ecuador informó que el Departamento de Estado norteamericano negó por tercera ocasión la extradición de los hermanos William y Roberto Isaías, implicados en la mayor estafa al pueblo ecuatoriano, el llamado «feriado bancario» de 1998. Prófugos desde el año 2000, actualmente estos estafadores viven en Cocoplum, el barrio más exclusivo de Coral Gables en Miami.
Los hermanos Isaías fueron acusados formalmente de malversar al menos 264 millones de dólares provistos por el Banco Central de Ecuador durante su desempeño como ejecutivos de Filanbanco. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la condena de ocho años de cárcel dictada contra los hermanos Isaías, hallados culpables de peculado bancario durante la crisis de 1998.
Esa decisión mantiene en firme el proceso de extradición previsto contra los banqueros Isaías. El Estado ecuatoriano solicitó su extradición el 16 de agosto de 2001, el 7 de julio de 2008 y el 22 de diciembre de 2009. El Departamento de Estado rechazó la solicitud alegando que «Ecuador no ha provisto evidencias de que los hermanos Isaías deliberadamente participaron en la planificación de la malversación (peculado), ni tampoco distrajeron fondos del Banco Central en el monto de dinero especificado».
Al respecto, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño afirmó que a Estados Unidos se ha enviado toda la documentación que prueba la responsabilidad de los procesados. Dijo que esa nación utiliza «justificaciones para no cumplir» con el pedido. «Se han pasado años dando protección a personas corruptas que han hecho mucho daño al país», denunció Patiño en declaraciones a la agencia Prensa Latina.
El Ministerio de Seguridad Pública de China informó que 262 fugitivos acusados fundamentalmente de delitos de cuello blanco fueron repatriados en 2012, la mitad de los 560 retornados de 2005 a 2011. Lia Jinrong, director del buró de cooperación internacional de ese Ministerio, declaró que cientos de avisos por parte de residentes chinos en el extranjero han permitido capturar a esas personas, la mayoría funcionarios sospechosos de corrupción, empleados de empresas estatales y del sector financiero.
En una entrevista con el diario China Daily, Lia dijo que más de 800 fugitivos fueron devueltos en los últimos ocho años, pero admitió que muchos -no especificó la cantidad- se encuentran aún en libertad en Estados Unidos, Canadá, Europa y el Sudeste Asiático. Los que escapan saben que todos esos países y regiones tienen en común un récord de débil cooperación con China.
Los fugados chinos saben que una vez que llegan allí, en especial a Estados Unidos y Canadá, será muy difícil capturarlos para que comparezcan ante los tribunales chinos, agregó el funcionario de Seguridad Pública. Recordó que China no ha firmado tratados de extradición con Estados Unidos y Canadá y que el sistema judicial en América del Norte tiende a tener prejuicios contra los procedimientos y justicia chinas y se abstiene de cooperar para el regreso de esos fugitivos.
Por otro lado, en octubre del año pasado el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, Chubut, en Argentina, condenó a prisión perpetua a tres imputados por los hechos conocidos como la «Masacre de Trelew» que costó la vida a 16 jóvenes. En el juicio no fue juzgado un cómplice del crimen, el ex teniente de corbeta Roberto Bravo, localizado en Estados Unidos en 2009 por el diario Página 12.
Bravo es el oficial que se encargó de rematar a los 16 jóvenes. Fue detenido en febrero de 2010 después de una denuncia de Argentina, pero fue liberado bajo fianza y sin indicios de que prospere nunca el pedido de extradición. Página 12 reveló que Bravo administraba en Miami el RGB Group Inc, una empresa que vende servicios médicos al Pentágono.
Por si fuera poco, la justicia chilena anunció la petición de extradición del oficial retirado del Ejército Pedro Barrientos, asilado en Estados Unidos con la venia del Departamento de Estado. Barrientos y el oficial Hugo Sánchez Marmonti son acusados del asesinato de Víctor Jara el 16 de septiembre de 1973.
De otra parte en Bolivia se cumplirán 10 años de la huida del ex presidente Sánchez de Lozada a Estados Unidos luego de la masacre de más de 60 personas en 2003. El gobierno boliviano ha solicitado de manera reiterada la extradición de Goni, pero el Departamento de Estado sigue «estudiando» el pedido.
Paradójicamente, el gobierno norteamericano solicitó formalmente a Bolivia que extradite al ex agente de la CIA Edward Snowden en caso de que éste llegue al país y pida asilo político, el mismo día que el Presidente Evo Morales fue ilegalmente retenido en Europa por infundadas sospechas de que transportaba al perseguido en el avión presidencial.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresó su profunda indignación y repudio a la solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano norteamericano, y en un comunicado público enfatizó que si Snowden decidiera ingresar o transitar por el país, el gobierno boliviano, «en ejercicio de los principios de soberanía, independencia e igualdad entre Estados, rechazaría el Requerimiento de Detención con fines de Extradición porque incumple el Acuerdo Marco suscrito con los Estados Unidos de América en 2011 y, el propio Tratado de Extradición de 1995».
La Cancillería boliviana informó que «la extraña, ilegal, infundada y sugestiva Solicitud de Extradición de una persona que no se halla en territorio del Estado requerido será devuelta al Gobierno de Estados Unidos de forma inmediata y categórica».