Editorial de La Jornada
De acuerdo con una investigación realizada por The Associated Press y publicada ayer, Estados Unidos diseñó y operó una red de comunicación horizontal vía Internet, calificada por la agencia de Twitter cubano, con el fin de desestabilizar al gobierno de La Habana. El proyecto, que atrajo a decenas de miles de suscriptores en la isla, según la referida agencia informativa, trató de evadir las restricciones oficiales cubanas al acceso a Internet e incluyó la creación de empresas de fachada y el financiamiento clandestino desde bancos extranjeros.
Ayer, al hablar sobre el asunto, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que la engañosa red social es sólo un programa en desarrollo y no una operación secreta, en un intento poco afortunado por minimizar su carácter ilegal y violatorio de la soberanía nacional cubana: en efecto, en el referido proyecto confluyen métodos de desestabilización política tradicionalmente empleados por Washington en la isla -como el empleo de empresas de fachada y el apoyo a la disidencia cubana- con el apoyo de las tecnologías de la información para fines ilegítimos, como la intromisión en los asuntos de otro país con propósitos de subversión y la obtención de datos personales con fines políticos.
El episodio comentado pone en perspectiva una continuidad en las prácticas delictivas y antidemocráticas en que ha venido incurriendo Washington en la red mundial y las telecomunicaciones, y sienta un precedente tan esclarecedor como inquietante sobre los alcances de esas actividades: si Estados Unidos logró operar durante dos años el programa comentado en un país con restricciones en el acceso a Internet, como Cuba, cabe imaginar el nivel de penetración de proyectos similares en países como el nuestro, que padecen una profunda dependencia tecnológica e informática frente a la superpotencia.
El poder desmesurado que Washington ha obtenido a partir del mal uso de las tecnologías de la información -y que se traduce en cuotas no menos grandes de poder geopolítico, económico, comercial y financiero- tendría que llevar a los gobiernos de todo el mundo a seguir el ejemplo de naciones europeas y de algunas potencias económicas emergentes como Brasil y China, y establecer plataformas internéticas y redes sociales propias y alternativas a las estadunidenses, como medida necesaria para la construcción de la soberanía de la información que, como se puede verse, se ha convertido en un elemento indiscernible para la soberanía a secas.
Si esa perspectiva se materializa, la conducta ilegal e injerencista de Washington y su abuso de la actual dinámica planetaria de los intercambios de información derivará, paradójicamente, en un aislamiento de la superpotencia y en la consecuente erosión del poder geopolítico, económico, comercial, tecnológico y financiero que ha conseguido al amparo de atropellos al derecho a la privacidad y a la seguridad de estados nacionales, organizaciones y particulares.