La semana pasada, el Presidente Barack Obama compartía una típica comida «americana» con el Presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvedev. Entre hamburguesas y coca colas, los dos jefes de Estado sonreían y proclamaban su relación «estable» y «mejor que nunca». Hasta Medvedev envió por Twitter las fotos de su agradable comida con su par […]
La semana pasada, el Presidente Barack Obama compartía una típica comida «americana» con el Presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvedev. Entre hamburguesas y coca colas, los dos jefes de Estado sonreían y proclamaban su relación «estable» y «mejor que nunca». Hasta Medvedev envió por Twitter las fotos de su agradable comida con su par estadounidense. No esperaba que pocos días después resucitase la Guerra Fría.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy la detención de 10 presuntos «espías rusos», la mayoría de los cuales son estadounidenses acusados de recibir financiamiento del Gobierno ruso para ejecutar operaciones de «inteligencia». Su principal violación es de la ley FARA (Foreign Agent Registration Act – Ley de Registro de Agentes Extranjeros), que regula y monitorea todo ciudadano o residente estadounidense que recibe financiamiento de un gobierno extranjero para fines políticos o propagandísticos en el país.
Hasta el momento, los 10 detenidos no han sido acusados de espionaje, sino de haber «conspirado para actuar como agentes extranjeros sin estar registrados bajo la ley FARA».
Entre los detenidos hay una periodista de Nueva York de orígen peruano. Vicky Peláez escribía para El Diario/La Prensa, el periódico en español más leído en la Gran Manzana. Es una de las pocas periodistas hispanas que critica las políticas de Washington hacia América Latina y que busca el equilibrio en sus reportajes sobre Venezuela y otros países de la región que normalmente son muy criticados por la prensa estadounidense.
Hasta hoy ninguna organización internacional que defiende a los periodistas y la libertad de expresión, como el Comité de Proteger a los Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), o Reporteros sin Fronteras (RSF) ha declarado sobre su detención.
Peláez fue arrestada junto con su esposo, Juan Lázaro nativo de Uruguay, el domingo en su casa en Yonkers, en las afueras de la ciudad de Nueva York. Según el Departamento de Justicia, Peláez está acusada de haber recibido dinero de un representante del Gobierno ruso el 14 de enero de 2000, mientras estaba en un país de Suramérica. Presuntamente, su esposo recibió otro paquete de dinero de un agente ruso el 25 de agosto de 2007. Según el expediente, «apenás días después de regresar a Nueva York, pagó casi 8.000 dólares en impuestos que debía» al Gobierno estadounidense.
Entonces, ¿recibió dinero de Rusia para pagar sus impuestos en Estados Unidos?
El expediente entregado por el Departamento de Justicia revela que la sede de inteligencia rusa en Moscú había enviado un mensaje a dos de los detenidos. El mensaje decía que su misión principal era «buscar y desarrollar vínculos con los círculos políticos en EEUU», y luego «enviar informes». ¿Alto espionaje?
Agentes del FBI detuvieron a Richard Murphy y Cynthia Murphy en su residencia en Montclair, Nueva Jersey el domingo pasado. También fueron arrestados Anna Chapman en Manhattan; Michael Zottoli y Patricia Mills en Arlington, Virginia; Mikhail Semenko en Alexandria, Virginia; y Donald Howard Heathfield y Tracey Lee Ann Foley en su casa en Boston. Están buscando un sospechoso adicional, Christopher R. Metsos, que parece haberse escapado.
Nueve de los 10 detenidos también fueron imputados por «lavado de dinero».
La semana pasada, un documento publicado con financiamiento de una agencia estadounidense, National Endowment for Democracy (NED), reveló entre 40 y 50 millones de dólares en financiamiento a grupos políticos en Venezuela que se oponen al Gobierno del Presidente Hugo Chávez. Según informes desclasificados desde 2002, distintas agencias estadounidenses y europeas, como la USAID, NED, Freedom House, Departamento de Estado, Comisión Europea y otras, han financiado partidos y grupos políticos en Venezuela para «sacar al Gobierno de Chávez», incluyendo un intento de golpe de Estado en abril de 2002.
No obstante, cuando el Gobierno venezolano ha acusado (y no arrestado) a los grupos e indivíduos que reciben estos fondos, de ser «agentes extranjeros», el Gobierno estadounidense y las «defensoras» internacionales de derechos humanos lo acusan de «dictatorial», «represor» y «violador» de los derechos básicos.
La semana pasada, el Presidente Evo Morales de Bolivia también acusó a la USAID de financiar actividades de desestabilización en su país, avisando a Washington de que su agencia estatal podría ser expulsado del país andino.
En Cuba Alan Gross, un empleado de una contratista de la USAID, Development Alternatives Inc (DAI), fue detenido en diciembre 2009 y acusado de espionaje y subversión. Traía equipos satelitales y de alta tecnología al país caribeño para entregarlos a grupos de la contrarrevolución.
En Venezuela, las agencias internacionales parecen estar involucradas en grandes redes de lavado de dinero, junto a sus «socios» venezolanos. Ingresan millones de dólares en efectivo al país, sin fiscalizarlos, para evitar los controles sobre el cambio de moneda extranjera que existen en Venezuela para evitar actos ilícitos y fuga de capitales.
Las leyes electorales en Venezuela prohiben el financiamiento externo a campañas políticas en el país. No obstante, Washington viola las mismas leyes que obliga a respetar en su propio territorio.
rCR