El gobierno de la Administración Bush, mientras exige sanciones para países que, según dice, violan derechos humanos, las aplica precisamente a los gobiernos que no desean la impunidad norteamericana para quienes violen esos derechos. Doce de esos países se encuentran en América Latina y el Caribe, seis en Africa y tres en la Europa no […]
El gobierno de la Administración Bush, mientras exige sanciones para países que, según dice, violan derechos humanos, las aplica precisamente a los gobiernos que no desean la impunidad norteamericana para quienes violen esos derechos. Doce de esos países se encuentran en América Latina y el Caribe, seis en Africa y tres en la Europa no comunitaria. Las sanciones no serán solo en recortes de entrenamiento militar y otros tipos de ayuda de seguridad, sino también, tras un proyecto de ley presupuestario aprobado en diciembre, con nuevos recortes en programas sociales y de atención sanitaria.
Hace tres años, el gobierno de Bush comenzó a instar a los gobiernos de otros países para proteger y blindar a los estadounidenses ante la inminente puesta en funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, tribunal creado por las Naciones Unidas para procesar y perseguir los crímenes como el genocidio y lesa humanidad en cualquier parte del mundo.
Como resultado de las presiones, hace un año ya se habían firmado un acuerdo bilateral con Estados Unidos al menos cincuenta países, por el cual estos gobiernos, a pesar de haber suscrito el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se comprometieron a no extraditar a ningún acusado si éste es norteamericano. Para ello, la administración Bush aprobó en 2003 la Ley de Protección de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses (ASPA, por sus siglas en inglés) y revocaba la ayuda militar a los países que tras ratificar la CPI no firmaban un acuerdo bilateral aceptando que jamás someterán a personal de EEUU a la CPI.
Aunque los representantes del gobierno norteamericano explican que ya han firmado más de cien tratados de impunidad, quienes defienden la necesidad de un tribunal penal internacional aclaran que la mayoría de los acuerdos han sido con países pobres que depende de la ayuda de Washington. Incluso aliados como Gran Bretaña y Alemania han sido eximidos de esas sanciones, así como países ricos como Australia y Japón.
La novedad es que el pasado diciembre, se aprobó un nuevo proyecto de ley presupuestario que permite recortar programas sociales y de salud a los países que no acepten la impunidad norteamericana. Entre esos países están en América Latina y Caribe, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En Africa, Mali, Níger, Benin, Namibia y Sudáfrica; y en Europa, Croacia, Serbia y Montenegro y Malta. Todos ellos se han mantenido firmes y no aceptaron las presiones que exigían impunidad para EEUU.
Por ejemplo, Ecuador ha perdido 15 millones de dólares desde 2003 y podría perder otros siete millones este año. El presidente Alfredo Palacio declaró el pasado mes de junio a un canal de televisión que no cedería ante Washington. «Absolutamente nadie me va a intimidad», afirmó.
Esto se ha podido hacer debido a un «agujero legal» en el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional, el denominado articulo 98 que habilita a los países firmantes a resolver mediante acuerdos bilaterales las diferencias de competencias con otras naciones.
Muchas críticas a estos acuerdos argumentan que no sólo se plantean para la impunidad de militares, sino también para todo tipo de estadounidenses, como turistas y contratistas no estadounidenses que trabajan para compañías de Estados Unidos, como las de mercenarios.
EEUU firmó la adhesión a la Corte Penal Internacional el último día de la presidencia de Bill Clinton, en 1998. Cuando George Bush tomó posesión del cargo invalidó la firma. No obstante, como el tribunal actúa contra personas y no contra países, la no firma de un país no garantiza la impunidad de sus ciudadanos por lo que el presidente norteamericano inició esta campaña de impunidad para sus tropas.
El Tratado por el que se crea la Corte Internacional, que tendrá su sede en La Haya, ha sido suscrito por 90 países y desde que entró en vigor se han consensuado y constituido todos los órganos que la integran, incluidos los 18 jueces y el fiscal general. Los dos precedentes más cercanos han sido los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y para la antigua Yugoslavia, creados ad hoc por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Anteriormente fue el Tribunal de Nuremberg que juzgó los crímenes nazis en la Segunda Guerra Mundial.