“No, tu voz no es vergonzosa, tu voz es la revolución”
En octubre de 2019 miles de mujeres iraquíes coreaban esta consigna en la plaza Tahrir de Bagdad. El alcance de su participación no tenía precedentes y contribuyó a que lo que podría haber quedado en una simple oleada de protestas populares, frecuentes en la última década, se convirtiera en un levantamiento. La zawra tishrin (revolución de octubre) fue la manifestación de la gente corriente contra la clase política y el sistema instaurados tras la invasión dirigida por Estados Unidos en 2003.
La participación y visibilidad de las iraquíes en tishrin da cuenta del dinamismo que han adquirido en la actualidad los movimientos populares dirigidos por mujeres. En los últimos 20 años se han creado nuevos grupos (como la Organización de Mujeres por la Libertad en Iraq, la Red de Mujeres Iraquíes) y redes informales de mujeres. A medida que han aumentado los movimientos de protesta en el país, especialmente en la última década, estas organizaciones dirigidas por mujeres también han ampliado el alcance de su intervención en materias sociales y políticas. Ha emergido una nueva generación de jóvenes mujeres activistas. La naturaleza de sus reivindicaciones habla de los retos cotidianos a los que hacen frente en el contexto de la crisis económica, el colapso de las instituciones y de los servicios públicos, las oleadas de violencia, la militarización y el auge del conservadurismo heteropatriarcal. La politización tanto de género como sectaria ha tenido consecuencias desproporcionadas para ellas al poner en peligro sus derechos legales y el control sobre su libertad de movimientos y sobre sus cuerpos. Las mujeres soportan asimismo la represión de un régimen que, respaldado por una pléyade de grupos armados, gobierna mediante la violencia armada. Las activistas en Iraq resisten en el limitado espacio social y político que les queda.
Política sectaria y derechos de la mujer
La administración que instauró la invasión y la ocupación de Estados Unidos colocó en el poder a grupos políticos que intentaron anular uno de los más importantes legados para las mujeres iraquíes, el Código del Estatuto Personal (CEP).
Destacados grupos feministas como la Liga de Mujeres Iraquíes y la izquierda laica antiimperialista habían defendido el CPI (de 1959) como garantía de protección de los derechos de la mujer. El código establecía la edad mínima para contraer matrimonio en los 18 años y garantizaba a las mujeres el derecho al divorcio y a la herencia. La ley fue en su día el resultado de la acción del movimiento de mujeres iraquíes, y Naziha al Dulaimi [1923-2007], quien fuera la primera mujer ministra de Iraq y del mundo árabe, contribuyó a su redacción. Unificó los derechos de suníes y chiíes de Iraq en una sola ley desafiando abiertamente a la élite política conservadora instalada por el antiguo mandato británico.
En 2003, sin embargo, las organizaciones políticas vinculadas a partidos islamistas chiíes (en su mayoría en el exilio) propusieron abolir por completo el CEP iraquí. Cuando el intento fracasó, gracias en parte a las protestas de las organizaciones feministas, los partidos chiíes formularon una alternativa: establecer un código de estatuto personal de base sectaria. Su propuesta supuso la ruptura definitiva con el legado político del código de 1959 y reflejaba por contra la naturaleza del sistema sectario instaurado por la administración estadounidense en 2003. Denominado comúnmente como muhasasa [sistema de cuotas], definía la representación política según la pertenencia comunitaria y en función de las afiliaciones étnicas –árabe o kurda–, sectarias –suní, chií– y religiosas –musulmana, cristiana y otras.
Ciertas fuerzas políticas chiíes siguen presionando en esa dirección para que el parlamento iraquí adopte un código basado en la jurisprudencia chií popularmente conocida como Ley Yaafari. Esta ley, que se aplicaría a los y las chiíes iraquíes, podría amparar el matrimonio de niñas de tan sólo nueve años y autorizar uniones que dejan sin protección legal a las mujeres. Asimismo debilitaría el poder de los jueces nombrados por el Estado para determinar si son posibles los matrimonios intersectarios, otorgando este poder en su lugar a autoridades religiosas sectarias.
Si el Parlamento iraquí aprobara la Ley Yaafari las mujeres pasarían a ser ciudadanas de segunda clase y se otorgaría base jurídica al matrimonio con menores, que se ha intensificado en las dos últimas décadas ante la ausencia de instituciones y servicios públicos eficaces y por la generalización de la pobreza. Grupos de defensa de los derechos de las mujeres como la Asociación de Mujeres de Bagdad, vienen desarrollando desde hace años campañas para combatir el matrimonio infantil, reclamar un Estado de bienestar y preservar la protección jurídica de las mujeres.
Desde la década pasada, las organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres también vienen reclamando que se apruebe una ley que tipifique como delito la violencia doméstica y proporcione refugios a las mujeres víctimas de abusos y trata. Sin embargo, en lugar de apoyar estas campañas, las autoridades iraquíes han reprimido a algunas de esas organizaciones. La Organización para la Libertad de las Mujeres en Iraq, por ejemplo, la única que gestiona refugios en el país fuera del Kurdistán iraquí, ha sido criminalizada por ejercer su labor de apoyo. En 2020 el gobierno iraquí interpuso una demanda para intentar privar a la organización de su derecho legal a actuar. Es en este contexto en el que su presidenta, Yanar Mohamed, ha recibido amenazas de muerte.
Las mujeres y el colapso del estado de bienestar
La invasión estadounidense está en el núcleo de la larga trayectoria de descomposición del Estado de bienestar iraquí y del enorme impacto que ello ha tenido para las iraquíes. En 2003 Iraq ya estaba en modo de supervivencia. Sin haberse recuperado aún de la guerra irano-iraquí [1980-1988] ni de los bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos durante la primera Guerra del Golfo [1990-1991], tuvo que hacer frente asimismo a más de una década de sanciones de Naciones Unidas [1991-2003], las más extremas nunca impuestas antes a un país. Las sanciones configuraron lo que la filósofa Joy Gordon ha denominado “la guerra invisible” [1].
Las sanciones quebraron el tejido social iraquí, destruyeron la clase media y sumieron en la pobreza a la mayoría de la población. El Estado iraquí, históricamente el gran empleador, no pudo seguir dependiendo de su principal fuente de ingresos, la venta de petróleo. Recortó los salarios de los funcionarios y los servicios públicos esenciales. Como ha quedado extensamente documentado, las sanciones también jugaron un papel central en el desarrollo de una corrupción rampante y en la formación de grupos mafiosos conectados con el régimen baasista.
Antes de las sanciones las mujeres iraquíes ocupaban los primeros puestos de la región en materia de formación académica y trabajaban en casi todos los sectores, predominantemente en el público. Disfrutaban de servicios públicos solventes en enseñanza superior, sanidad, guarderías o transportes. Pero desde 2003 casi todos los servicios estatales se han privatizado y se han vuelto muy deficitarios o directamente han dejado de existir. Las terribles condiciones que vive Iraq desde la invasión no son solo el resultado de un neoliberalismo que privatiza de manera agresiva, que acapara tierras públicas y que despoja mediante el ejercicio de la violencia. Iraq estaba dotado de infraestructuras robustas y eficientes antes de que las guerras dirigidas por Estados Unidos las destruyeran. Las mujeres ya no disponen de asistencia sanitaria universal ni de guarderías subvencionadas. Todos los aspectos de la vida en Iraq son intolerables: el acceso al agua corriente, la electricidad, el cuidado de los hijos o la atención sanitaria básica. Al desmoronarse el sector público el empleo femenino ha caído en picado. Son cambios que han afectado al pueblo iraquí en su conjunto pero son sus mujeres las que los sufren desproporcionadamente y las que se enfrentan a los retos derivados de la discriminación legal y de las normas sociales heteropatriarcales.
La cotidianidad de la violencia
A pesar de la retórica que afirmaba que la invasión y ocupación estadounidense de Iraq daría apoyo o salvaría a las mujeres iraquíes, la realidad es que 20 años después la llamada guerra contra el terrorismo sigue configurando las experiencias de inseguridad cotidiana de las mujeres.
Las limitaciones a la movilidad social y espacial de las iraquíes son visibles particularmente en Bagdad, una ciudad dividida por muros de hormigón y puestos de control. La economía política espacial del régimen posterior a 2003 se materializa en los muros en forma de T: losas de hormigón reforzado a prueba de explosiones, comúnmente denominados muros Bremer en honor al que fuera jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición durante los primeros años de la ocupación estadounidense, Paul Bremer. Junto al alambre de espino, los sacos de arena y un laberinto de puestos de control conforman el patrón de la vida cotidiana en la capital. Las mujeres tienen que atravesar a diario estos puestos de control custodiados por soldados armados.
En muchos sentidos, ciudades como Bagdad y Basora han experimentado lo que Stephen Graham califica en su reflexión sobre el capitalismo militar de urbicidio, una forma de violencia política provocada para matar a las ciudades mediante la expulsión de sus sectores urbanos empobrecidos, el mantenimientos de la separación étnica y de clase a través de la violencia armada, y la privatización de los bienes públicos en beneficio de intereses corporativos y de las grandes empresas[2].
En Bagdad la separación etno-sectaria conforma una realidad espacial, corporal y material muy concreta determinada por la decisión tomada por la administración estadounidense de dividir las zonas de la ciudad en función de criterios sectarios, religiosos y étnicos. Las divisiones de clase están a su vez conectadas con divisiones políticas en tanto que el acceso a los recursos y a la riqueza suele estar condicionado por la pertenencia a redes fuertemente vinculadas con la élite política[3].
Los enfrentamientos políticos entre grupos armados dan lugar a más barricadas y muros en T y, con ello, a un mayor control social de las personas que circulan. Por supuesto, tales mecanismos de control impactan en toda la ciudadanía pero sus efectos sobre las mujeres son especialmente pronunciados[4]. En Bagdad los grupos armados asociados a la élite política que vigilan las calles refuerzan un orden social heteropatriarcal.
Desde 2003 las activistas por los derechos de las mujeres iraquíes se han visto atrapadas entre la lucha por preservar sus derechos legales vigentes –amenazados por las fuerzas sociales conservadoras– y la reivindicación de su derecho básico a la seguridad y la dignidad –coaccionado por la violenta crisis social, política y etno-sectaria que promovió la invasión y la ocupación.
“Tu voz es la revolución”
La pretensión de salvar a las mujeres iraquíes formaba parte del relato neocolonial de construcción de la democracia que utilizó la administración estadounidense para invadir y ocupar Iraq. La idea de salvar llevaba implícito la dominación imperial estadounidense como algo superior e incluso necesaria e intrínsecamente bueno para las mujeres. Se percibía a las mujeres iraquíes como un objeto homogéneo y ahistórico, retratadas esencialmente como víctimas sin voz. Veinte años después de la destructiva y devastadora invasión y ocupación, esa dimensión de género en la narrativa sobre la democracia en Oriente Próximo sigue vigente.
La Constitución iraquí de 2005 aprobó que el Parlamento contara con una cuota del 25% para las mujeres. Desde entonces las iraquíes han pasado a ser visibles y están presentes en las instituciones y en las listas de candidatos a las elecciones. Mujeres de Naciones Unidas y muchas organizaciones no gubernamentales de mujeres han insistido en la importancia de estos logros para la participación política de las iraquíes. Sin embargo, si la cuota ha permitido acceder al parlamento a algunas figuras femeninas significativas, también ha facilitado la presencia de mujeres de partido que hacen seguidismo a determinados grupos políticos incluso en detrimento de sus propios intereses de género. En la narrativa sobre la democracia que ha dominado el discurso estadounidense sobre Iraq, la participación y visibilidad políticas de las mujeres ocupa una dimensión central sobre la que se ha puesto el foco: la idea es que ahora se celebran elecciones libres en el país, que hay mujeres en su parlamento y, por tanto, que el país es una democracia. La realidad es que los y las iraquíes se han alejado de las urnas –las elecciones de 2021 registraron la participación electoral más baja en el país desde 2003– y que las mujeres han decidido salir a la calle para expresar su visión política al margen de la fachada democrática.
En el contexto de la militarización y la violencia generalizada que siguieron a la invasión y la ocupación, intelectuales, escritores y activistas iraquíes han sido y siguen siendo objetivos de los grupos armados, asesinados, amenazados u obligados a exiliarse. Paralelamente se han habilitado mecanismos legales específicos para coartar la libertad de expresión. Sin ir más lejos, se ha filtrado el borrador de una ley de “regulación de contenidos” de 2023 que, de aprobarse, advierten las activistas iraquíes, otorgaría a las autoridades un amplio control para establecer qué discursos son permisibles y censurar aquellos a los que se opongan. Hay que añadir que siguen vigentes varias leyes de la era baasista que reprimen la libertad de expresión.
Estas condiciones represivas han llevado a cientos de intelectuales, periodistas, jueces y activistas –entre ellas también mujeres activistas– a protestar contra el orden político posterior a 2003. El 3 de junio de 2022 publicaron una Declaración por la libertad de expresión en la que criticaban abiertamente la intensificación de la represión del régimen iraquí contra cualquier forma de disidencia política. Desde octubre de 2019 han muerto al menos 540 personas del activismo pacífico; 20 mil han resultado heridas y muchas han sido víctimas de desapariciones forzosas[5]. Quienes ejercen la represión son las fuerzas de seguridad del Estado –que utilizan granadas, tanques antidisturbios y gases lacrimógenos de uso militar como proyectiles–, pero también grupos paramilitares y de mercenarios que emplean munición real y ametralladoras. El gobierno iraquí impone el apagón de los medios de comunicación, de internet y de las telecomunicaciones, y toques de queda. Muchos manifestantes han sido amenazados, intimidados, detenidos, golpeados, secuestrados e incluso asesinados.
Aunque la mayoría de los manifestantes muertos durante la revuelta eran hombres jóvenes en primera línea del enfrentamiento con las fuerzas de seguridad iraquíes durante las protestas, las mujeres manifestantes también han sido blanco de los ataques. Activistas como Saba Mahdawi y Mari Mohamed fueron secuestradas. En Basora, Sara Taleb y su esposo Adel, y Reham Yacub fueron asesinados por grupos armados, al igual que Zahrá Ali en Bagdad.
La consigna central del levantamiento de 2019, Enrid watan (“queremos un país”), expresa lo que tantas personas iraquíes han perdido: un país habitable y que funcione, con infraestructuras y servicios sólidos así como la posibilidad de vivir sin miedo a que una tupida red de grupos armados afiliados al stablishment iraquí las asesine por el simple hecho de expresar sus reivindicaciones. La lucha contra las restricciones a los derechos de las mujeres, el silenciamiento de sus voces y el menoscabo de su autonomía corporal se reflejan conmovedoramente en los cánticos de las manifestantes. Tu voz no es vergonzosa, tu voz es la revolución es un grito de guerra a favor de la libertad y de la dignidad de las mujeres.
Zahra Ali es profesora adjunta de Sociología en la Universidad Rutgers de Newark.
Notas:
[1] Joy Gordon, Invisible War: The United States and the Iraq Sanctions (Cambridge University Press, 2010).
[2] Stephan Graham, Cities Under Siege: The New Military Urbanism (London/New York: Verso, 2010)
[3] Omar Sirri & José Ciro Martinez, “Of Bakeries and Checkpoints: Stately affects in Amman and Baghdad,” EPD: Society and Space 38/5 (2020), p. 849.
[4] Renad Mansour, “More Than Militias: Iraq’s Popular Mobilization Forces Are Here to Stay”, War on the Rocks, April 3, 2019.
[5] “Human Rights Violations and Abuses in the Context of Demonstrations in Iraq October 2019 to April 2020”, UNAMI and OHCR Report, August 2020, p. 15.
MERIP, Traducción: Loles Oliván Hijós para viento sur
Fuente: https://vientosur.info/el-activismo-de-las-mujeres-20-anos-despues-de-la-invasion-estadounidense/