Mientras se discuten demandas, fallos, apelaciones, reveses legales y probabilidades en torno al futuro de las bloqueadas acciones ejecutivas migratorias, la otra historia es el efecto sobre los millones de inmigrantes que estaban listos para solicitar el amparo y quedaron con sus esperanzas rotas a horas de que se abriera el periodo de inscripción. Fue […]
Mientras se discuten demandas, fallos, apelaciones, reveses legales y probabilidades en torno al futuro de las bloqueadas acciones ejecutivas migratorias, la otra historia es el efecto sobre los millones de inmigrantes que estaban listos para solicitar el amparo y quedaron con sus esperanzas rotas a horas de que se abriera el periodo de inscripción.
Fue hasta cruel, pues el juez federal Andrew Hanen pudo haber fallado días antes para bloquear las acciones ejecutivas, como se anticipaba que hiciera, pero actuó la noche antes de que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA ampliado) entrara en vigor el 18 de febrero.
Los reportes en los medios de comunicación, particularmente en español, captan la parte humana de esta historia, aquella que siempre se pierde en las reacciones y los cálculos políticos y politiqueros que suelen dominar el discurso migratorio.
Lo he escuchado de los propios inmigrantes con los que uno se topa en la calle, el metro, la tienda, que se habrían beneficiado o que tienen algún pariente o conocido listo para inscribirse en el DACA ampliado o en la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanentes (DAPA), que entraba en vigor en mayo y que también fue bloqueada.
Duele también porque uno ha visto lo que ese amparo de la deportación y ese permiso de trabajo pueden obrar en la vida de una persona. Son innumerables las historias de DREAMers que se beneficiaron del DACA 2012 y que pueden seguir haciéndolo. La documentación supone posibilidades, desde la más básicas como poder adquirir licencia de conducir y un vehículo para su transporte, hasta poder ejercer la profesión que estudiaron, pero que nunca habían podido desempeñar por la falta de documentos.
Personas empleadas suponen recursos que benefician a los negocios y en consecuencia a las comunidades donde viven. Suponen también ingresos para el fisco mediante la regularización del pago de impuestos. Suponen, en resumen, una estabilidad económica y emocional que beneficia al individuo, a sus familias, a la comunidad y finalmente al país.
Lamentablemente el sentido común no rige el debate migratorio. Los opositores de la reforma migratoria y de las acciones ejecutivas hablan como si los 11 millones de indocumentados hubieran arribado ayer aunque llevan una, dos, casi tres décadas aquí; o como si existieran en un vacío. Tienen hijos ciudadanos estadounidenses, familiares ciudadanos, votantes y potenciales votantes, si es que quieren considerar que al frenar soluciones, así sean temporales, también afectan a los electores que después buscan.
Más aún, este tira y afloja judicial, y el otro tira y afloja en el Congreso por el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los intentos republicanos de condicionar su aprobación a que se frenen las acciones ejecutivas, sólo demuestran poca valentía para resolver el problema.
Los republicanos creen que evadiendo, bloqueando y postergando cualquier solución harán desaparecer a esos millones de indocumentados junto con sus hijos ciudadanos. Si dedicaran el mismo tiempo y esfuerzo a buscar una salida legislativa, pero una que resuelva el tema de los indocumentados, ya se habría conseguido. Hace mucho tiempo.
Pero ahora estamos sumidos en una batalla legal que si sólo dependiera de la constitucionalidad de las acciones ejecutivas, se habría resuelto. Hanen no ha fallado en torno a la constitucionalidad de dichas acciones.
Las bloqueó con argumentos de procedimiento. Expertos en leyes coinciden en la solidez del poder ejecutivo del presidente Barack Obama para ejercer discreción al priorizar las deportaciones, que fue lo que hizo al girar las órdenes ejecutivas. El gobierno busca congelar el bloqueo de Hanen a las acciones ejecutivas para comenzar a implementar el programa en tanto procede el proceso de apelaciones.
La batalla legal arrecia. Para jueces, abogados, funcionarios y políticos, el tiempo no es problema. Para los millones de inmigrantes que siguen en el limbo, la espera supone sueños interrumpidos y el temor a la deportación, aunque en teoría no sean prioridad para las autoridades. Otra demora más en su paso por el bulevar de los sueños rotos.