El caso es ilustrativo de la política de inmigración de Estados Unidos: una política disfuncional que deja a millones de personas en un limbo
Samuel Oliver-Bruno salió del santuario de la iglesia Metodista Unida de CityWell en Durham, Carolina del Norte, la fría mañana siguiente al Día de Acción de Gracias, para acudir a la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)), en la vecina Morrisville. Tenía cita para un examen biométrico.
Se supone que una cita biométrica es algo meramente rutinario, una formalidad en la que un inmigrante facilita sus huellas digitales para la comprobación de antecedentes, como parte de la tramitación de su solicitud de residencia.
Samuel se había alojado en la iglesia durante los últimos 11 meses mientras intentaba negociar con el gobierno federal para que se le permita continuar viviendo en Estados Unidos, donde ha residido los últimos 22 años con su esposa, actualmente enferma, y su hijo de 19 años.
En 2014, al regresar de un viaje a México para ir a cuidar a su padre moribundo, fue arrestado por «entrar ilegalmente» en el país y se le extendió una orden de deportación. Dos meses más tarde, la orden de deportación quedó en suspenso y desde entonces su caso ha estado en apelación.
Por experiencia, su iglesia y los que la apoyan han llegado a desconfiar de lo que antes solían ser citas rutinarias. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) supervisa al USCIS, así como a dos cuerpos policiales, la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El ICE ha confesado en más de una ocasión que hace uso de comunicaciones y citaciones para atraer a sus dependencias a la gente y arrestarla.
Esta vez, el pastor de CityWell, los compañeros de la congregación, el hijo de Samuel, Daniel, sus abogados, miembros de AlertamigratoriaNC, periodistas y otros inmigrantes, entre ellos niños de corta edad, que abarriotaban la sala de espera de USCIS pudieron presenciar y tomar fotos de cómo varios hombres de paisano derribaban al suelo a este hombre de 47 años, diabético, que lleva un año sin salir a la calle.
Samuel no está condenado por ningún delito penal. La Corte Suprema reiteró en 2010, en el caso de Arizona v. Estados Unidos, que vivir en Estados Unidos sin documentación adecuada no es delito.
A Samuel lo montaron en un vehículo del DHS para llevárselo, pero sus acompañantes, enlazando los brazos, rodearon el automóvil.
El Departamento de Policía de Morrisville llegó en cuestión de minutos y arrestó a 27 personas, algunas por la fuerza, entre ellas a Daniel, ciudadano estadounidense, al que acusaron de agredir a un oficial cuando intentó abrazar a su padre para despedirse.
El representante del ICE Bryan Cox emitió un comunicado en el que calificaba a Samuel de «delincuente condenado… sin base legal para permanecer en Estados Unidos».
Samuel no está condenado por ningún delito penal. La Corte Suprema reiteró en 2010, en el caso de Arizona v. Estados Unidos, que vivir en Estados Unidos sin documentación adecuada no es delito.
El uso de documentación inadecuada no es un delito en sí. Se trata de un asunto de materia civil, pero el estado disfuncional en que se encuentra la política de inmigración de Estados Unidos en estos momentos está dejando sin resolver la residencia de millones de personas.
A Samuel no se le ha juzgado ni condenado por ningún delito. No ha sido llevado a juicio, no ha defendido su caso ante un jurado. Ningún juez ha pronunciado sentencia alguna.
Las causas civiles comportan penas, no castigos. En un tema de inmigración, la pena podría ser la deportación; por un delito, el castigo podría ser prisión.
A Samuel, de momento, no se le deporta. Le llevan al Centro de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia, gestionado por la empresa privada Corrections Corporation of America (CCA), actualmente en proceso de rebranding para pasar a llamarse CoreCivic.
Otro residente de Durham, Wildin Acosta, recuerda que cuando siendo adolescente le tuvieron encerrado en Stewart, había gusanos en la comida.
En tanto que no ciudadanos y carentes de permiso de residencia, los inmigrantes que se encuentran en los centros de detención de Estados Unidos no disponen de derechos básicos ni tampoco del tipo de alojamiento que se supone que debe proporcionarse a los reclusos.
Sin «derecho a ver a un abogado», sin «juicio rápido», los inmigrantes pueden permanecer por un periodo indefinido en prisiones privadas que aunque cobran del gobierno por el servicio que prestan, éste aparentemente no revisa las condiciones en las que se encuentran los internos.
Los dividendos que reporta a sus accionistas la empresa CCA-CoreCivic, que no ha superado con anterioridad auditorías estatales, incluso por las condiciones que ofrece a sus empleados, son actualmente de un 7-8%.
Al parecer, el ICE ya no cumple con su promesa de evitar arrestos en «zonas sensibles». Las cartas del USCIS pueden ser falsas. Los departamentos de policía locales colaboran con el ICE.
En realidad ni la política de inmigración ni las leyes han cambiado tanto. Lo que pasa es que se están aplicando de manera selectiva y con prejuicios de raza, de origen étnico y de clase.
Que a uno se le considere de «bajo riesgo» no exime de nada; de hecho, ser niño o minusválido parece convertirle a uno en objetivo, lo mismo que atenerse a las reglas.
Pero en realidad ni la política de inmigración ni las leyes han cambiado tanto. Lo que pasa es que se están aplicando de manera selectiva y con prejuicios de raza, de origen étnico y de clase.
La mujer de un multimillonario ha revelado que utilizó un visado turístico para trabajar y obtener la residencia en Estados Unidos, y que tanto ella como su hermana y sus padres son ahora ciudadanos estadounidenses.
Samuel goza de consideración y estima como miembro de su comunidad desde hace largos años, es pariente consanguíneo de un ciudadano de los Estados Unidos, tiene a su cuidado a un cónyuge residente aquejado de daños orgánicos importantes y tiene un hijo todavía estudiante, carece de antecedentes penales y es un solicitante de asilo que recibió amenazas de muerte en Veracruz, una zona tan peligrosa que hasta la reciente caravana de Honduras tomó un gran desvío para evitarla.
No ha ocultado su paradero a las autoridades y ha asistido a las reuniones de inmigración a las que se le ha convocado.
Videos y fotos de la escena de la detención de Samuel pueden verse en la página de Facebook de AlertamigratoriaNC https://www.facebook.com/AlertaMigratoria/ que han sido retomadas por canales de noticias en Estados Unidos y en el extranjero, como Associated Press (AP) y The Guardian. La historia de Samuel puede leerse en https://www.sanctuaryatcitywell.org/