Un 6 de agosto, pero de 2008, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a cargo del Juzgado Central de Instrucción 5, abrió las «diligencias previas número 275/2008» a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, basada en las grabaciones aportadas por el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas.
Esta investigación destapó la mayor trama de corrupción vinculada al PP, conocida como caso Gürtel: una red de empresas dirigidas por el empresario Francisco Correa, que había conseguido contratos y adjudicaciones de comunidades y ayuntamientos gobernados por los populares a través de comisiones y regalos.
18 años después, el magistrado que inició la investigación sigue apartado de la carrera judicial tras su condena en 2012 por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión investigados en este caso y sus abogados. Sin embargo, la causa, cuyas primeras detenciones llegaron en febrero de 2009, está a la espera de que se le pueda poner el broche final, ya que aún sigue pendiente la sentencia sobre la última rama juzgada, la llamada pieza principal.
El juicio quedó visto para sentencia el 12 de noviembre de 2025, hace casi nueve meses. El principal hito de la vista oral se constató el primer día, el 20 de octubre, cuando la representante del Ministerio Fiscal anunció que la mayoría de acusados (20 de 25) admitió los hechos de los que les acusa a través de diferentes escritos.
Entre los procesados confesos se encuentran el propio Francisco Correa y su antiguo número dos y exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, los principales cabecillas de una compleja red corrupta dividida en 13 ramas. También admitieron los hechos los asesores fiscales José Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel; el llamado contable de la trama, José Luis Izquierdo; el conocido constructor José Luis Ulibarri o el empresario Jacobo Gordon. Este último era socio de Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar.
La instrucción sobre esta última pieza concluyó el 9 de marzo de 2020. Según explicó el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, la organización liderada por Francisco Correa durante dos décadas (desde finales de 1999), fue «un holding empresarial dedicado a la organización de eventos, entre los que se encontraban gran parte de los que realizaba para el Partido Popular». En este grupo empresarial tenía también un «importante poder de decisión» Pablo Crespo.
«La finalidad era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática, con cargo a fondos públicos, mediante la obtención de contratos públicos tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros, previo pago de la correspondiente comisión», sostiene el auto.
Para ello, «crearon entramados societarios para conseguir contratos, sobornando a autoridades y funcionarios públicos, con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública, emitieron facturas falsas para opacar los fondos obtenidos, ocultaron a la Hacienda Pública los ingresos ilícitos obtenidos y los blanquearon para tratar de retornar a la vida mercantil lícita».
Este conglomerado empresarial se relacionaba con distintas administraciones públicas, «participando en diversos concursos de adjudicación de contratos de obras y servicios, singularmente (aunque no de modo exclusivo), en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia«. En el ámbito de su actividad, organizadora de eventos, «lo hicieron para el Partido Popular, primero en Madrid y posteriormente en Valencia, incluyendo diversas campañas electorales».
Entre ingresos ocultos y gastos deducidos indebidamente, los acusados «dejaron de ingresar un total de 2.607.773,65 euros por los conceptos de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) e Impuesto sobre Sociedades (IS) correspondientes a los ejercicios 2003 a 2007″.
Por otra parte, Francisco Correa percibió al menos 31 millones de euros por «su intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que ocultó a través de una compleja estructura societaria y financiera».
Tres condenas al PP
Aparte de la última pieza, se han celebrado otros 11 juicios. De las 13 piezas separadas, la relativa a los papeles de Bárcenas, que investigaba las adjudicaciones de obra pública a cambio de donaciones, fue archivada al no quedar debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de esta causa.
Sin duda, la pieza que supuso un antes y un después fue la relativa a la primera época de la trama, que abarca el periodo 1999-2005. Además de las condenas confirmadas más tarde por el Supremo a Correa (51 años de prisión); al exalcalde del PP de la localidad madrileña de Majadahonda Guillermo Ortega (40 años de cárcel); a Pablo Crespo (36 años de prisión), o al extesorero del PP Luis Bárcenas (29 años de cárcel), el Alto Tribunal confirmó la condena al PP como partícipe a título lucrativo. La sentencia de la Audiencia Nacional, emitida en mayo 2018, motivó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, siendo la primera de la historia en prosperar.
Al calor de esta trama, el PP ha sido condenado en otras dos ocasiones. En 2022, la Audiencia Nacional condenó al partido al pago de 204.198,64 euros por lucrarse de los beneficios que obtuvo de la red entre 2001 y 2009 en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid), con Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, como alcalde, a quien impuso 36 años y 11 meses de prisión.
Más tarde, en noviembre de 2024, el Alto Tribunal confirmó la condena al PP como responsable civil subsidiario por el pago en negro de la reforma de la sede de la madrileña calle de Génova. Además, ratificó la culpabilidad de Bárcenas en la gestión de la caja b del partido.
Otras piezas juzgadas
En mayo de 2025, la Audiencia Nacional condenó a los principales líderes de la Gürtel y a varios exdirigentes locales, como el que fuera alcalde de Arganda del Rey Ginés López (PP), al que impuso 5 años y 7 meses de prisión, por las adjudicaciones irregulares de la trama en la localidad madrileña a cambio de obtener contratos públicos.
En cuanto a la pieza sobre los contratos irregulares de AENA con el grupo de empresas de Francisco Correa entre 2000 y 2002, además del cabecilla, fueron condenados el exdirector de Comunicación de AENA Ángel López de la Mota Muñoz y su subordinado José María Gavari Guijarro, entre otros. Y, sobre la actividad de este entramado en Jerez, el Alto Tribunal ratificó en febrero de 2022 las penas para Francisco Correa y Pablo Crespo.
Cabe señalar que el primer juicio se celebró en la Comunidad Valenciana. Se trata de la conocida como causa de los trajes, que supuso la absolución del expresidente valenciano Francisco Camps y del que fuera secretario general del PPCV en la región Ricardo Costa, por un presunto delito de cohecho pasivo impropio.
Asimismo, la primera causa relacionada con la trama que tuvo sentencia firme del Supremo fue la pieza sobre los contratos irregulares de la Generalitat valenciana para la feria de turismo de Fitur. Entre las condenas destacaron los 13 años y 3 meses de prisión para Pablo Crespo, 13 años para Francisco Correa, 12 años para Álvaro Pérez, el Bigotes, o los nueve años de prisión impuestos a la exconsejera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez.
En mayo de 2024, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Correa, Crespo y Pérez, pero absolvió a Francisco Camps del delito de tráfico de influencias y prevaricación del que se le acusaba en el juicio de la causa relacionada con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market.
En 2019, la Audiencia Nacional confirmó las condenas de hasta seis años y nueve meses a los cabecillas de la trama, empresarios y el exdirigente popular Ricardo Costa por la caja b del PP valenciano. Por último, en abril de 2023, el Alto Tribunal ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional en la pieza sobre la visita del Papa. El fallo consideró probado la existencia de una estructura societaria creada por Francisco Correa para obtener adjudicaciones ilegales de contratos de distintas administraciones y entidades públicas en la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2008.
94 condenados a prisión, 16 superan los 10 años de cárcel
Entre todas las sentencias, las condenas a penas de cárcel afectan a 94 personas, según los datos recabados por Público. 38 acumulan penas inferiores a dos años y otras 40 se sitúan en la orquilla entre los dos y los 10 años de cárcel. Hay 16 personas que superan estas cifras, varias de ellas de manera muy holgada.
Francisco Correa es el principal condenado. Acumula 115 años entre las nueve condenas por esta macrocausa, aunque tiene fijado un límite máximo de condena de 18 años en prisión (se calcula al multiplicar por tres la pena por el delito más grave cometido).
Le siguen su número dos, Pablo Crespo (96 años); el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (40 años y tres meses); el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero (36 años y 11 meses); la gestora de empresas del Grupo Correa y estrecha colaboradora del cabecilla, Isabel Jordan (30 años y seis meses); Álvaro Pérez, El bigotes (28 años); el extesorero del PP Luis Bárcenas (29 años y nueve meses); el que fuera viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes de Aguirre, Alberto López Viejo (27 años y diez meses); el considerado como «contable» de la trama, José Luis Izquierdo (21 años y dos meses); la exmujer de Francisco Correa y exjefa de Gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda, Carmen Rodríguez (17 años y ocho meses por la primera); el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno (17 años y dos meses); el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda (14 años y cuatro meses); el fallecido José Luis Martínez Parra (13 años y siete meses); la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias (12 años y 11 meses); el contable Cándido Herrero (12 años y cuatro meses), y el empresario Ramón Blanco Balín (11 años y nueve meses).
Muchos de ellos aguardan a la esperada sentencia de la llamada pieza principal, que dará la puntilla a esta causa 18 años después de que se iniciara la investigación judicial.