El gobierno de George W. Bush está por lograr su objetivo de legalizar la tortura y anular uno de los pilares de los sistemas legales occidentales, redefiniendo unilateralmente con ello las Convenciones de Ginebra y revertir un principio legal más antiguo que la Carta Magna del siglo XIII. El Congreso estadunidense considera aprobar esta semana […]
El gobierno de George W. Bush está por lograr su objetivo de legalizar la tortura y anular uno de los pilares de los sistemas legales occidentales, redefiniendo unilateralmente con ello las Convenciones de Ginebra y revertir un principio legal más antiguo que la Carta Magna del siglo XIII.
El Congreso estadunidense considera aprobar esta semana un proyecto de ley que autoriza la tortura y anula el derecho de los acusados de enfrentar las pruebas ante un tribunal, conocido como habeas corpus, para toda persona que el poder Ejecutivo designe como «combatiente ilegal», o sea, a quien sea acusado por el presidente de ser y/o apoyar el «terrorismo».
Durante semanas la Casa Blanca promovió un proyecto para legalizar algunas técnicas de tortura (las llama «métodos de interrogación»), con el propósito de proteger a militares y agentes de la CIA ante potenciales acusaciones de violación de las leyes de crímenes de guerra y las propias Convenciones de Ginebra. Después de sufrir un serio revés en este intento cuando tres prominentes senadores republicanos se rebelaron y rechazaron la medida la semana pasada, la Casa Blanca realizó una negociación para lograr un acuerdo y hoy los legisladores indicaron que esperan un voto esta misma semana.
Si prospera este proyecto, la cúpula política de este país habrá aceptado la tortura como algo legítimo y legal. Además, bajo esta misma ley, se permitirá que pruebas adquiridas bajo coerción sean usadas para fiscalizar a «combatientes enemigos», y permite que el Ejecutivo designe, a su discreción, quién es un «combatiente extranjero ilegal» (incluyendo ciudadanos estadunidenses) o quién los apoya, y con ello sujetarlos a detención indefinida sin recurso a un tribunal.
Este proyecto también anularía, en el caso de los «combatientes ilegales», un fundamento del sistema legal estadunidense, de hecho, un concepto legal más antiguo que la Carta Magna del año 1215 y consagrado en la Constitución estadunidense: el derecho del acusado a ver todas las pruebas en su contra ante un tribunal. En junio de 2004, la Suprema Corte falló que este derecho -contra la opinión de la Casa Blanca- es extensivo a los detenidos en Guantánamo. Ahora, si se aprueba esta ley, los detenidos por la CIA o las fuerzas armadas bajo esta clasificación no podrán cuestionar ante un tribunal las razones por su detención, ni denunciar las condiciones de su tratamiento hasta después de ser procesados por tribunales de excepción.
Condena de ONG
Defensores de derechos humanos y expertos constitucionales denuncian estas medidas. Los cinco enviados independientes de la Organización de Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta hace cinco días declarando que las medidas en este proyecto, como la existencia del centro de detenciones en Guantánamo, violan las Convenciones de Ginebra.
Human Rights Watch alertó que bajo estas medidas no habrá recurso legal para los detenidos que deseen denunciar la tortura y queda prohibida cualquier demanda legal por los detenidos invocando las Convenciones de Ginebra contra el gobierno estadunidense. La organización señaló que «por primera vez en la historia estadunidense… el Congreso permitirá que algunas declaraciones logradas a través de la interrogación cruel, inhumana y degradante sean permitidas» en los procesos judiciales
Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales (CCR) dijo que esta versión del proyecto «permite que el presidente Bush emita su propia interpretación de las Convenciones de Ginebra por orden Ejecutiva e inmuniza a personal de la CIA y militar contra procesos legales por violaciones anteriores de estas convenciones». Señaló que no sólo anula el derecho constitucional fundamental de habeas corpus para cuestionar la legalidad de una detención, sino que «el simple hecho de que el presidente designe a alguien como ‘combatiente enemigo’, permitirá que el presidente lo encierre; su inocencia sería irrelevante».
De hecho, el director legal de CCR, Bill Goodman, advirtió hoy que «la amplia definición de combatientes enemigos (en el proyecto) puede implicar que casi cualquiera que se opone activamente al presidente o al gobierno, puede ser encarcelado de manera indefinida; es una burla al imperio de ley». Hasta los propios abogados de esta organización -algunos de los cuales ofrecen representación legal a detenidos en Guantánamo- podrían ser detenidos bajo esta propuesta, comentó.
Ratner señaló que «la abolición del habeas corpus es el equivalente de una autorización de detención ejecutiva; una de las características de un Estado policiaco». Agregó que este acuerdo «otorga amnistía a aquellos en el gobierno que podrían ser culpables de crímenes de guerra, igual que intentaron hacer Argentina y Chile durante sus ‘guerras sucias’. Eso es ilegal bajo el derecho internacional».
Se han realizado más de 24 mil interrogatorios a unos 800 detenidos sólo en Guantánamo en los últimos cuatro años (sin contar los que están en cárceles clandestinas de la CIA en varios puntos del planeta). Según reportó el Nacional Journal en febrero de este año, ahí se han aplicado toda una gama de técnicas para los que no cooperan, entre ellas estar encadenado con una luz intermitente obligado a escuchar a Britney Spears o Metallica a todo volumen, interrogatorios de 16 horas seguidas, o despertado constantemente para ser trasladado a otra celda, interrogado en condiciones heladas, acariciado por una mujer que repetía una y otra vez que no hay esperanza; todas, técnicas «aceptables».
Pero también se han empleado tácticas «inaceptables» como en el caso del «detenido 063», este hombre fue sujeto al aislamiento prolongado durante 160 días en una celda constantemente bañada de luz, interrogado 18 a 20 horas diarias durante un periodo de 54 días, amenazado con perros, se le puso ropa interior de mujer, fue tratado como perro, desnudado frente a mujeres, se le decía que su madre y hermana eran prostitutas y que él era gay. Todo esto ocurrió antes de Abu Ghraib. Y mucho de esto, si prospera esta legislación, será legal.
Cuando en junio la Suprema Corte falló que las Convenciones de Ginebra sí protegen a todo detenido en la llamada «guerra contra el terrorismo», el gobierno de Bush intensificó sus esfuerzos para «legalizar» toda una gama de prácticas que, había insistido, eran «herramientas vitales» en el combate contra el «terrorismo», incluyendo los centros de detención clandestinos (declarados inconstitucionales en el mismo fallo por la Suprema Corte); las «técnicas» de interrogación de detenidos; las intervenciones en comunicaciones electrónicas y más, todos programas secretos que fueron subsecuentemente revelados por filtraciones a los medios. Esta semana podría triunfar su esfuerzo.
¿Por qué tanta prisa? El columnista Bob Herbert del New York Times sugiere: «una de las grandes preocupaciones de este gobierno es la posibilidad de que surjan pruebas que podrían llevar a acusaciones de crímenes de guerra contra altos funcionarios». Añadió: «el gobierno de Bush está espantado de que eventualmente tendrá que pagar un alto precio por los abusos de derechos humanos que ha ordenado o condonado en su llamada guerra contra el terror».
El profesor Christopher Pyle, experto en la presidencia y la Constitución de la universidad Mount Holyoke, señaló que «la propuesta es un proyecto de amnistía para torturadores».
«Lo que hemos visto durante los últimos años ha sido una versión de pesadilla de Estados Unidos. ¿Tortura? ¿Prisiones secretas? ¿Juicios de pena de muerte en donde las pruebas no son presentadas al acusado? Eso es algo de Kafka, no de Madison y Jefferson», escribió Bob Herbert en el Times.