Un reporte del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés) concluyó que la justificación del gobierno del presidente George W. Bush para autorizar la escucha de conversaciones telefónicas de estadunidenses es legalmente débil y entra en conflicto con varias leyes, informó este sábado el diario The Washington Post. El mandatario ha […]
Un reporte del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés) concluyó que la justificación del gobierno del presidente George W. Bush para autorizar la escucha de conversaciones telefónicas de estadunidenses es legalmente débil y entra en conflicto con varias leyes, informó este sábado el diario The Washington Post.
El mandatario ha asegurado que autorizó espiar a los ciudadanos de su país porque legalmente cuenta con poderes especiales en «tiempos de guerra» y a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El documento echa por tierra los recientes argumentos de Bush y su procurador general, Alberto Gonzáles, sobre la supuesta autoridad presidencial «en tiempos de guerra» para ordenar la intercepción de conversaciones telefónicas y correos electrónicos.
El reporte, resultado de la primera investigación no partidista sobre el tema, señala que Bush probablemente no posee esos amplios poderes que alude desde el otoño de 2001, pues fue entonces cuando el Congreso solicitó expresamente al gobierno buscar autorización de una corte de inteligencia y vigilancia en el extranjero antes de llevar a cabo labores de espionaje, de acuerdo con una legislación aprobada en 1978.
Ninguna resolución avala el espionaje
Otra conclusión es que la aseveración de que los legisladores autorizaron las escuchas para detectar y combatir a terroristas no está amparada en ninguna resolución del Congreso aprobada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Lo que sí se aprobó entonces fue la autorización al mandatario para usar la fuerza militar.
«Parece improbable que una corte sostenga que el Congreso autorizó de manera explícita o implícita operaciones de vigilancia electrónica aquí (Estados Unidos)», señalan los autores del reporte, quienes añaden que «eso no parece bien fundamentado».
El vocero del Departamento de Justicia, Biran Roehrkasse, reiteró que Bush y su administración creen que las escuchas son perfectamente legales y «salvan vidas».
Sin embargo, el documento reconoce que se ampliaron los poderes y que éstos se otorgan al presidente en tiempos de guerra, pero no dice nada sobre medidas para invadir la vida privada de las personas durante la «guerra contra el terrorismo».
El reporte incluye citas sobre debates del Congreso que datan de la década de los años 70, durante la cual los legisladores descubrieron abusos en el espionaje doméstico de la FBI de John Edgar Hoover, en el que miembros de ese organismo insisten en la necesidad de impedir que futuras administraciones adopten medidas arbitrarias para espiar a los ciudadanos.
El Post informó hace unos días que el programa de monitoreo contra los estadunidenses está vigente desde antes de que el presidente George W. Bush lo autorizara. Tres semanas después de los atentados del 11 de septiembre, el general Michael V. Hayden, jefe de la Agencia Nacional de Seguridad, reconoció ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que el servicio dirigido por él «estaba ampliando sus autoridades de vigilancia».