Según ha difundido Efe, los cinco consejeros del CSN se han inclinado a favor de conceder una prórroga «limitada» a la planta burgalesa, próxima a Araba. Por su parte, «El País» y «El Mundo» han filtrado que la prórroga sería para otros diez años, como había pedido Nuclenor, la empresa que explota la central. De […]
Según ha difundido Efe, los cinco consejeros del CSN se han inclinado a favor de conceder una prórroga «limitada» a la planta burgalesa, próxima a Araba.
Por su parte, «El País» y «El Mundo» han filtrado que la prórroga sería para otros diez años, como había pedido Nuclenor, la empresa que explota la central.
De acuerdo con «El País», los cinco miembros del pleno del CSN habrían adoptado la decisión por unanimidad y su dictamen obligaría a la central a invertir en seguridad para cumplir los requisitos que se exigirían a una nueva planta en Estados Unidos.
Antes de que se filtrase el contenido del informe, el CSN ha informado a través de una nota de prensa de que el informe ha sido registrado en el Ministerio de Industria, cumpliendo el plazo legal, y de que el próximo lunes entregará el documento en mano al ministro del ramo, Miguel Sebastián.
El pleno del CSN ha concluido sus deliberaciones esta tarde, después de seis sesiones, pero no dará a conocer públicamente el contenido de su informe sobre la central de Garoña hasta el próximo lunes. Ese día ofrecerá una rueda de prensa a las 11.30, tras entregar el documento al ministro de Industria.
El informe del CSN sólo es vinculante si es negativo. Si es favorable, será el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero quien tenga la última palabra.
El presidente español prometió durante su campaña electoral que cerraría la planta burgalesa este año, e incluso en la campaña de 2004 el PSOE se comprometió a elaborar una plan de cierre de las centrales nucleares.
Garoña, que comenzó a funcionar en 1970, es la única de las centrales de primera generación que sigue en funcionamiento tras el cierre de Vandellós y Zorita. Su plazo de explotación expira el próximo 5 de julio, pero la empresa que gestiona la planta ha pedido una prórroga de la actividad de diez años.
El Gobierno de Zapatero deberá pronunciarse para esa fecha.