El 18 de enero de 2006, la organización de Derechos Humanos Human Right Watch (HRW) se lamentaba de que la tortura y los abusos fueran parte de la política de la administración Bush, pues socavaban «la defensa global de los derechos humanos». Pero están los despistados que todavía disculpan el derrotero que ha tomado la […]
El 18 de enero de 2006, la organización de Derechos Humanos Human Right Watch (HRW) se lamentaba de que la tortura y los abusos fueran parte de la política de la administración Bush, pues socavaban «la defensa global de los derechos humanos».
Pero están los despistados que todavía disculpan el derrotero que ha tomado la política estadounidense. Su apoyo incondicional a Israel es un ingenuo descuido, la invasión lacerante en Iraq es una falta de táctica previsora y el testarudo desprecio a los derechos humanos, como en Abu Ghraib o Guantánamo, también se disculpa por ser un recurso de fuerza mayor ante los díscolos que a paso de bestia pretender aterrorizar el mundo civilizado.
Pero Kennet Roth, director de HRW, insistía: la tortura y el abuso es una elección deliberada en la política estadounidense. Y ahí quedaba como ejemplo la amenaza de Bush de vetar un proyecto de ley que se oponía a los «tratos inhumanos, crueles y degradantes», y el lobbie de Dick Cheney, entusiasta de su presidente, que permitía que la CIA quedara exenta del cumplimiento de esta ley.
Entonces llegaron las declaraciones del consejero delegado de Bush, Alberto González, que alegó que Estados Unidos tiene derecho a interrogar a los detenidos extranjeros sin que su país se someta a la Convención de Ginebra, y el director de la CIA, Porter Gross, lo secundó: la asfixia con agua sería considerada una «técnica profesional de investigación».
Diciembre ya está aquí y HRW podrá publicar un nuevo informe en el que cuestione el impacto que pudo causar el anterior. Hará también mención a la Ley de Comisiones Militares aprobada por Estados Unidos en octubre de este año, que deroga el hábeas corpus y el derecho a un abogado en un interrogatorio formal. Deberá constatar la eficacia de la renovada Ley Patriótica – en marzo de 2006-, con la que el término terrorismo transciende sus fronteras semánticas para que todo ser moviente pueda ser investigado, todo inmigrante detenido o deportado y toda organización disidente reprimida.
HRW hará punto y aparte para recordar que el 25 de abril de 2005 solicitó sin éxito que el ex Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el ex director de la CIA George Tenet fueran investigados por estar involucrados en el maltrato y vejación a detenidos. El mismo al que ahora acusa Janis L. Karpinsky, ex directora de diecisiete cárceles iraquíes -entre ellas AbuGhraib- por ordenar la tortura como procedimiento inquisitivo. El testimonio de Karpinsky será útil para el abogado alemán Wolfang Chalet, que junto con un grupo de asociaciones de derechos humanos ha denunciado a Rumsfeld ante el Tribunal Superior Alemán por crímenes de guerra.
HRW podrá incluso traer a la memoria las declaraciones del director de la CIA en 2005 sobre la idoneidad de métodos de tortura como la asfixia con agua, para que cobren vigencia con otras del vicepresidente Cheney el 26 de octubre de este año, en las que respalda ésta y las simulaciones de ahogamiento como tácticas de interrogación.
He aquí lo alarmante: este déjà vu de la política estadounidense espera el desgaste de la prensa ante sus delirios celados, ante sus atrocidades de insomnio, hasta que la repetición de la barbarie se agote en sí misma. Hace años nadie hubiera admitido que un presidente tratara de redefinir la Convención de Ginebra sin que se le echara el Congreso encima y se exigiera la dimisión en pleno del Gobierno. Hoy sí. Hoy asistimos a la conquista de una emboscada insidiosa que es capaz de pervertir el lenguaje y de instaurar como doctrina oficial su cuento de pesadilla, mientras el transcurso del tiempo cuenta a su favor para que el reclamo de las conquistas humanas acabe muriendo de extenuación.