La directiva afectará a 13 prisiones y se aplicará progresivamente en un plazo de cinco años, según acaben los contratos. La medida es consecuencia del mayor número de agresiones en este tipo de instalaciones y de que no suponen un ahorro sustancial.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que reducirá progresivamente el uso de las prisiones privadas de tipo federal, según publica Democracy Now! La medida, que afectará a un tercio de los reclusos que cumplen condena en este tipo de instalaciones -el resto están ingresados en prisiones federales o locales- se ha anunciado en plena campaña para las elecciones presidenciales en este país. Según afirma la vicefiscal general Sally Yates, este cambio de política responde a que las investigaciones realizadas han mostrado que las prisiones privadas «no ofrecen el mismo nivel de servicios correccionales, programas y recursos» y «no ahorra costes sustanciales». También señala que en este tipo de instalaciones se dan más casos de agresiones entre reclusos y entre estos y el personal empleado. La investigación en la que se basa la decisión del Departamento de Justicia fue precedido de investigaciones realizadas por medios de comunicación como Mother Jones. Yates señala que los contratistas de las trece prisiones federales privadas actualmente en funcionamiento vencerán sus contratos en los próximos cinco años.
Actualmente se cuentan 22.000 reclusos en prisiones privadas de los 193.000 que hay a nivel federal. Muchos de ellos son personas migrantes detenidas por cruzar la frontera, cargos que actualmente suponen el 50% de las acusaciones federales-. La directiva del Departamento de Justicia afectará a trece prisiones federales, pero no obliga a otras agencias federales a aplicarla, como el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Seguridad Nacional, que también contrata los servicios de la industria de seguridad.
A principios de este año, el expresidente Bill Clinton hizo también declaraciones en relación con el sistema judicial, afirmando que hacía falta una reforma de las prisiones. «Se nos fue la manos en meter a demasiados jóvenes delincuentes no violentos en la cárcel por demasiado tiempo. Ahora, más del 90% de ellos están en instalaciones estatales o locales, pero el gobierno federal puede ser un ejemplo. Y esto es algo en los que muchos republicanos estarán de acuerdo. Así que dejemos que estas personas salgan de la cárcel, pero démosles educación, formación». Democracy Now! explica que las leyes promulgadas durante la presidencia de Clinton hicieron que la población carcelaria aumentara en más de un 60%.
La privatización de las cárceles en EE UU comenzó en los 80 y explotó entre los años 1999 y 2010, cuando la población de las cárceles privadas aumentó un 80% frente al 18% del conjunto de la población carcelaria. Un informe elaborado por la organización In the Public Interest, de 2014, señalaba como de los 62 contratos de prisiones privadas en EE UU analizados para hacer el estudio, un 65% disponían de garantías de número de reclusos mínimos -aumente o disminuya el índice de criminalidad-, para garantizar los beneficios de la empresa frente a la Administración. Las contratistas cobraban entre 40 y 60 dólares al día por cada preso. Las dos principales compañías dedicadas al negocio de las prisiones son Corrections Corporation of America (CCA) -cofundada por un líder del Partido Republicano, con más de 65 centros de detención y que en 2012 consiguió beneficios por más de 1.700 millones de dólares- y Geo Group.