Después del éxito parcial de la huelga general de 29 de Septiembre, son muchos los que se quejan desde los medios de prensa y foros de internet, del «autoritarismo» y la «falta de libertad» ejercida por los activistas sindicales de los piquetes en contra de aquellos trabajadores o estudiantes que, a título individual, optaron por […]
Después del éxito parcial de la huelga general de 29 de Septiembre, son muchos los que se quejan desde los medios de prensa y foros de internet, del «autoritarismo» y la «falta de libertad» ejercida por los activistas sindicales de los piquetes en contra de aquellos trabajadores o estudiantes que, a título individual, optaron por ejercer su «libre y democrático derecho a acudir ese día a trabajar», al no estar de acuerdo con la huelga.
Entre las muchas razones que alegaban, estaban las archiconocidas, parcialmente compartidas por muchos de los mismos activistas sindicales y trabajadores que hoy la impulsaban de que se trata de «una huelga convocada tarde y mal por unos sindicatos mayoritarios vendidos, que sólo buscan el interés personal de sus líderes y militantes, y el no quedar mal cuando le han visto las orejas al lobo».
Veamos qué parte de razón hay, en efecto, en toda esta crítica.
a) Se trata de una huelga convocada tarde y mal.
En efecto, la perspectiva del desempleo comenzó a golpear, ante los albores de la crisis, ya fuerte desde finales de 2007 y sobre todo comienzos y mediados de 2008 ante la caída en picado de varios consorcios empresarial-financieros como consecuencia de estallido de la burbuja especulativa de una deuda contraída durante años por medio de los famosos créditos fáciles e hipotecas basura o «subprime», que tuvieron la particularidad de incrementar de forma parcial la capacidad de consumo del obrero medio, permitiéndole acceder, entre otras cosas, al pago de una vivienda, a la vez que se producía una bajada paulatina del nivel de salario y las condiciones laborales, por medio de sucesivas reformas neoliberales, privatizaciones y «ajustes» que fueron aumentando la temporalidad del empleo y permitiendo la aparición de la subcontratación y los contratos-basura. Estas medidas comenzaron a implantarse con particular fuerza durante la década de los 80, continuando en la de los 90 hasta nuestros días. Se han traducido en una creciente destrucción parcial de capital sobrante que se ha cebado en particular con la mano de obra.
Ante esta situación, los sindicatos mayoritarios de este país, únicos con capacidad de movilización y convocatoria real para convocar una huelga general con posibilidades de éxito, no han hecho más que retrasar hasta lo imposible la necesidad de convocar dicha huelga.
b) Los sindicatos están vendidos.
Es cierto que desde hace años, desde los tiempos inmediatamente posteriores a la Transición, los sucesivos gobiernos vienen comprando a los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, por medio de ingentes recursos del Estado destinados a subvenciones y liberaciones sindicales, con sueldos que nada tienen que envidiar al de muchos cargos políticos. Desde este punto de vista, se ha ido dando una fusión cada vez mayor, una relación más estrecha, entre los grandes dirigentes de estos sindicatos y la clase política. Con el tiempo, el hecho de afiliarse a un sindicato y aspirar a liberarse, o de pedir horas sindicales y recibir una remuneración superior a la de un obrero, por pasar el equivalente a varias horas de jornada laboral cómodamente sentado en el despacho de una oficina, se ha convertido en algo cada vez más común. Conque lo que motivaba a buena parte del personal que optaba por afiliarse y apoyar a un determinado sindicato terminaba siendo el interés personal que anteponían a sus principios, expresados en todo un conjunto de ideales y una conciencia como clase asalariada que les llevaba a abogar por la voluntad de dedicar horas de su vida y tiempo defender a su propio riesgo los derechos colectivos de sus compañeros, y de sí mismo en tanto que individuo perteneciente a esa clase.
De esta manera, se ha ido desarrollando un modelo de sindicalismo «vendido» y «domesticado», con toda una red de funcionarios «paniaguados» del sindicato que, lejos de ser controlados por la dirección, por la estructura o los estatutos, o por un conjunto de inespectores y comités encargados de asegurarse y fiscalizar al «sindicalista» corrupto que se aprovecha y nutre de horas sindicales o liberaciones a cambio de no hacer absolutamente nada por la causa sindical o la defensa de los intereses y derechos de sus compañeros, han sido premiados con más y mejores puestos de liberados, con «derechos», que más que derechos son privilegios, a cambio de traicionar la causa sindical y de no meterse en excesivos problemas que comprometan a su organización o estructura de cara al gobierno y los empresarios. A cambio, deben comprometerse, allí donde la situación entre patronal y plantilla de trabajadores se haga insostenible, a representar a sus «compañeros» y liderar las negociaciones entre patronal y sindicato en busca de un pacto, que buscaba, cuando no solucionar la contradicción que dio lugar al enfrentamiento de forma que perjudicase lo menos posible a sus compañeros, tratando de que estos ganasen lo máximo posible y la patronal lo menos, sí dar a los trabajadores las concesiones mínimas necesarias para que perdurase la «paz social» y así aliviar el conflicto.
Este sindicalismo «vendido» al pacto social con la patronal y «domesticado» por el gobierno, constituye todo un entramado, una red burocrática que desinfla, obstaculiza y frena a cada instante la voluntad colectiva de lucha por parte de la plantilla, así como de las bases del sindicato, y pone trabas para la generalización del conflicto más allá de una empresa y gremio particular. De esta forma, ayuda a mantener la paz social entre patronal, gobierno y sindicatos desinflando y retrasando la lucha a la vez que cede, a cambio de su lealtad, obediencia o prestigio de cara a una mayoría de trabajadores, una serie de concesiones en las negociaciones, así como cursos de FPO, financiados con una parte del total recaudado por medio de las subvenciones y cuotas de afiliados, en un país donde la afiliación sindical rara vez rebasa un porcentaje limitado.
c) ¿TODOS los sindicatos y sindicalistas están vendidos y buscan sus propios intereses personales?
Rotunda y claramente, NO.
A pesar del peligroso alcance de las liberaciones y subvenciones gubernamentales en masa a los grandes sindicatos, CCOO y UGT, dentro de los sindicatos mayoritarios, existen aún sindicalistas comprometidos y trabajadores que tratan de usar la estructura y medios que la organización les ofrece para luchar contra los abusos de la patronal y sucesivas reformas regresivas del gobierno, así como por la defensa de los derechos e intereses de sus compañeros de clase, pero a menudo se ven frenados por una estructura burocrática que le pone miles de trabas e impedimentos para que su lucha pueda trascender más allá de los límites de la empresa, e incluso, dentro de la propia empresa.
Así, una medida habitual, es la llamada «disciplina o lealtad de sindicato», según la cual el sindicalista tiene que consultar con la coordinadora provincial y no con el conjunto de trabajadores de la plantilla o con la base de afiliados de esa empresa las decisiones importantes sobre los asuntos que atañen a un conflicto laboral, una negociación, una lucha o una huelga.
Así, si la Asamblea de Trabajadores de la empresa adopta una decisión, en el uso legítimo de una de las pocas medidas de democracia directa que el sistema contempla, como ésta sigue siendo una «democracia de los empresarios», y la decisión de dicha Asamblea de Trabajadores no es vinculante, sino que queda al libre albedrío entre trabajadores y Comité de Empresa, si esta decisión choca con los intereses del sindicato que representa a los trabajadores en el Comité, la coordinadora provincial presionará al delegado sindical para que vote otra cosa distinta, a menudo en contra de lo que ha decidido la Asamblea. En caso de no hacerlo, se le podrán aplicar medidas disciplinarias.
Otro clásico de la «autorrepresión sindical» por parte de la dirección hacia las bases es la obligatoriedad por parte de los afiliados de consultar cada panfleto, pasquín o boletín que impriman, contando con la infraestructura, recursos y firma de su sindicato, enviándolo a la coordinadora provincial, en espera de que varios días después esta dé el visto bueno o, por el contrario, eche para atrás el panfleto, imponiendo al sindicalista un decálogo.
Esto convierte la edición de cada panfleto o boletín de empresa en todo un trámite, con toda una red de burócratas encargados de «censurar» y limar las aristas combativas de cada artículo en el seno de cada empresa. Esto desalienta a muchos sindicalistas honestos, que terminan invirtiendo buena parte de sus energías en una lucha constante con una coordinadora que, situada a varios kilómetros del lugar del conflicto, es a menudo ajena a la realidad y padecimientos que sufren los trabajadores de esa empresa y que, por lo general, a llevado a la necesidad de informar y contraatacar defendiendo los argumentos de los activistas sindicales y trabajadores en contra del de los empresarios.
De esta forma, a medida que transcurre el tiempo, los sindicalistas comprometidos, de base, se ven cada vez más quemados y desencantados de la lucha. Algunos, en un último gesto de rebeldía y hartazgo, cuando se ven imposibilitados de hacer mucho más, terminan desafiliándose y renunciando a pagar cuotas a ese sindicato. Si todavía les quedan ganas de lucha buscarán una alternativa sindical a la izquierda, si no, abandonarán la lucha o pasarán a un segundo plano. De esta forma la base sindical comprometida y activa en CCOO y UGT se ve cada vez más reducida. Y la base sindical sumisa, acrítica, seguidista, oportunista, arribista o domesticada es cada vez más desorbitante.
d) ¿Qué alternativas existen frente al sindicalismo «vendido» y «domesticado» mayoritario?
Como alternativas a este modelo de sindicalismo del pacto social, de la negociación vergonzante, pasivo, oportunista, quintacolumnista, vendido y domesticado, han ido surgiendo, desde hace años, una serie de alternativas sindicales, entre las que citaremos algunas de las más importantes.
Todas ellas destacan por tener en común una voluntad de reconstruir un modelo de sindicalismo combativo y de clase, alternativo al oficialista de CCOO y UGT, que vaya ganando a cada vez más sectores de la vanguardia sindical desencatados con éstos, y les permitan recuperar una herramienta básica de lucha por la defensa de sus derechos e intereses como clase frente al abuso de los empresarios y sucesivos intentos de recortes sociales y reformas regresivas como la reforma laboral presente.
Entre ellos destacan, a nivel estatal, la CGT, Central General de Trabajadores, sindicato anarco-sindicalista surgido de la famosa escisión entre CNT y CGT, durante los 80, como heredero de la antigua CNT de los años 30, presente en varias ramas laborales a nivel de todo el Estado, abierto a gentes de distinta ideología dentro de las premisas básicas del asamblearismo, de respetar y defender las decisiones de las Asambleas de Trabajadores así como, a la hora de adoptar decisiones internas de la organización, de las Asambleas de Afiliados, y de la combatividad, de llevar las luchas hasta el final, renunciando a la firma de despidos y EREs, y, si bien piden la abolición de las subvenciones y liberaciones sindicales, son partidarios de no recurrir a la liberación u horas sindicales salvo que sea estrictamente necesario, y si es para dedicar ese tiempo y esos recursos a la construcción de la organización y la lucha contra el empresario, y siempre cobrando un salario igual y nunca superior al de un obrero. Así, el tema de la liberación sindical y las subvenciones estatales suele estar bastante restringido, en el seno de CGT, y controlado por el sindicato, llegando a aplicarse, en numerosas ocasiones, medidas disciplinarias contra militantes por el sólo hecho de exigir liberaciones injustificadas o pedir horas sindicales para poder ejercer el derecho a huelga. Es un sindicato que, así mismo, promueve todo tipo de actividades de agitación, así como culturales, para desarrollar la conciencia sindical y de clase en el seno de la clase obrera y entre el conjunto de sus afiliados, y la voluntad de formación política y cultural y emancipación por parte de los trabajadores. Entre sus principales objetivos, figuran el «desarrollar la voluntad de asociación de los trabajadores, independientemente de su sexo, credo, raza, nacionalidad, lengua, ideas políticas o religiosas» y el defender «la emancipación de los trabajadores, mediante la conquista, por ellos mismos, de los medios de producción, distribución y consumo, y la consecución de una sociedad libertaria».
En Andalucía, el SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, con creciente presencia en algunos sectores laborales en ciudades como Sevilla, su presencia tradicional se asienta sobre las bases del movimiento jornalero de Andalucía Occidental, siendo importante su papel en la Sierra de Sevilla-Sur, donde ha llegado a implantar, de la mano del CUT-BAI, un peculiar sistema de reparto y redistribución de la riqueza en la famosa localidad de Marinaleda, basado en las ocupaciones de tierras y reinversión de recursos municipales en la construcción de Cooperativas Agrarias que dan empleo al pueblo, y en el reparto del trabajo y de la vivienda acorde al nivel de vida, costando la adquisición y mantenimiento de una vivienda poco más de 15 euros al mes a condición de que su inquilino aporte su mano de obra en la construcción de la misma. Son destacados por la defensa de un sistema de conquistas sociales redistributivas para el ámbito agrario basado en la Reforma Agraria, y una extensión racional del uso del PER, así como la participación en diversas acciones radicales tales como la ocupación de sucursales del Banco Santander, en Sevilla, ante la perspectiva de la crisis, y en protesta por las inyecciones masivas de dinero del gobierno de Zapatero a los bancos, o la ocupación y sentada en el edificio principal de la RTVA, Radiotelevisión Andaluza, a la que pertenece Canal Sur. En sus estatutos, se declaran «un sindicato de clase, alternativo, anticapitalista, asambleario, de acción directa, autónomo, independiente, solidario, internacionalista, pluralista, abierto, antipatriarcal, confederal, republicano, nacionalista andaluz de izquierdas y utópico.»
La CNT, Central Nacional de Trabajadores, sector más tradicional y ortodoxo de la escisión de la CNT producida durante los años 80, se reivindica anarco-sindicalista, e igualmente heredera de la CNT de los años 30. Se caracterizan por un rechazo frontal a la participación en elecciones sindicales, así como a aceptar liberaciones y subvenciones estatales, exigiendo además, a sus miembros, una cierta adscripción o aceptación de la ideología anarco-sindicalista.
Co.Bas, Comisiones de Base, con distinta implantación en diversos puntos del Estado, surgidos a partir de miembros escindidos del sector crítico de Comisiones Obreras, fundamentalmente producida por los métodos y formas de hacer sindicalismo de la dirección del sindicato, se constituyen, según sus propias palabras, «como un sindicato de clase, asambleario, participativo, con independencia económica de los poderes públicos y privados, de lucha y confrontación con el sistema, donde son los trabajadores y las trabajadoras quienes toman las decisiones y no una «cúpula» sindical. La democracia participativa es la parte fundamental del proyecto sindical. Por ello, en la acción sindical, la decisión corresponde a la afiliación y a las trabajadoras y trabajadores.»
Y finalmente, crítiCCOOs, el Sector Crítico de Comisiones Obreras, que representa en torno al 23% del sindicato, según los resultados del IX Congreso, y cuyos miembros «abogan por una vuelta a los postulados sindicales sociopolíticos y de clase, más nítidamente vinculados a los partidos de izquierda, especialmente al Partido Comunista de España, frente a la política actual del sindicato, que consideran excesivamente propensa al diálogo social, además de duramente represiva contra sus miembros.»
A los que cabría añadir otros tantos sindicatos gremiales, o corporativos, como el USTEA, de educación, o regionales y adscritos a círculos políticos como el sindicato LAB, mediatizado por el nacionalismo independentista abertzale, o el SEPC, sindicato independentista catalán presente en todo el territorio catalanoparlante.
Estos sindicatos alternativos, o combativos, conforman ya una realidad, que en muchas ciudades tiende a converger para formar un bloque crítico o frente común en las manifestaciones, del que suelen formar parte, entre otros, según los casos y particularidades de cada región o localidad, CGT, SAT, USTEA, Co.Bas, y así otros. Otros sindicatos más ortodoxos o exclusivistas, como la CNT, por su parte, suelen conformar manifestaciones independientes de cara a las movilizaciones, ya que rechazan todo modelo de sindicalismo que acepte la participación en elecciones, comités de empresa, así como la existencia de delegados sindicales, la aceptación de liberaciones, horas sindicales o subvenciones estatales.
e) Lo que quieren es «no quedar mal», porque los sindicatos le han visto «las orejas al lobo». Exigen la derogación de la reforma laboral porque les afecta a ellos, no porque defiendan a los trabajadores.
En efecto, las principales causas de que CCOO y UGT hayan optado por convocar ahora a regañadientes, y no antes, y hayan buscado una movilización por parte de los trabajadores tan parcial y escasa, es porque la reforma laboral ataca los convenios colectivos, que son la base de sus intereses. Esto no quiere decir que esta reforma laboral no afecte al conjunto de los trabajadores, y que la huelga no esté, por tanto, justificada. Significa más bien que las burocracias sindicales son un freno para la convocatoria de una huelga general en España y, caso de darse la misma, para la movilización del conjunto de los trabajadores. Pero que dicha convocatoria de huelga general, y dicha movilización, es más que necesaria.
Si no, el gobierno y la patronal se verán con las manos libres para aprobar la reforma laboral, al no encontrar impedimentos para aplicarla. En cuyo caso, esta reforma abrirá las puertas a una oleada adicional de despidos, al abaratar el despido y facilitarlo de cara a impedimentos jurídicos y legales, a un aumento de la temporalidad, al flexibilizar el empleo, y a una negociación individual entre empresario y trabajador que en la práctica debilitará el convenio colectivo a la baja y, ante la alarmante cifra de desempleo, permitirá la imposición unilateral por parte del empresario de condiciones salariales y laborales cada vez más nefastas, presionando a una bajada aun mayor del salario y a un aumento de las horas extras, o de la jornada. Esta reforma hará a su vez cada vez más difícil, ante el miedo al despido, y la impunidad del empresario para despedir, dividir a la plantilla e imponerle condiciones a título individual por debajo del convenio, el ejercicio de derechos y libertades sindicales básicas. Los convenios se convertirán en la práctica en papel mojado. En aquellas empresas donde no existan Comités, será mucho mayor el esfuerzo necesario por parte de la plantilla para impulsar uno y, en caso de lograrlo, mucho menores las conquistas que se podrán conseguir a cambio. Esto no sólo debilitará, por tanto, a los sindicatos mayoritarios y a sus burocracias, sino a todo tipo de sindicalismo, independientemente de si es este «vendido» y «domesticado» o «combativo», «alternativo» y «de clase», como ya hemos visto que es el caso de una parte de la base de afiliados de CCOO y UGT, incluyendo al Sector Crítico, y de los sindicatos minoritarios del tipo de CGT, Co.Bas y CNT a nivel estatal o del SAT en Andalucía, el LAB en País Vasco, etcétera.
Esto traerá, en definitiva, un aumento mucho mayor y más alarmante del que padecemos a día de hoy del desempleo, y hará casi imposible la obtención de un empleo estable o no temporal, obligando a la aceptación de condiciones cada vez más indignas y precarias, y haciéndole definitivamente imposible la obtención de empleo a trabajadores de una determinada edad, cuyos contratos fijos comenzarán a ser, a su vez, gradualmente liquidados.
f) Las burocracias sindicales defienden sus intereses, no los de los trabajadores. Con lo cual, esta huelga sólo sirve para defenderlos a ellos, no a nosotros.
Que no se haya convocado la huelga hasta después de aprobada la reforma, y de dos años de crisis, no significa que ésta carezca de fundamento, sea inservible, o se deba al capricho de las burocracias sindicales de CCOO y UGT.
Significa que dependemos de las burocracias sindicales de CCOO y UGT para convocar una huelga general con posibilidades de éxito en España, pero que el grado de movilización, radicalismo y éxito de la misma dependerá del grado de presión que tales burocracias de CCOO y UGT reciban desde su base de afiliados y de trabajadores, y del riesgo de que estas queden en entre dicho ante la posibilidad de no convocar huelga.
Así pues, por que es necesario que estas burocracias de CCOO y UGT se vean presionadas, por parte de los trabajadores y de su base de afiliados, y porque es necesario presionar al gobierno y las patronales ante la perspectiva de la aprobación de la reforma, es necesario aprovechar cada convocatoria de huelga que se dé, por mal hecha o poco movilizada que esté, por motivada que esté por los intereses de la burocracia sindical de no quedar mal ante su base de afiliados, de defender sus propios privilegios o de recuperar el pacto social con el gobierno, que por primera vez se ha roto y del que se ven privados ante la perspectiva de una reforma laboral promovida por los empresarios y ante la cual, ha cedido el gobierno, que debilitará los convenios colectivos.
A su vez, el que la huelga no haya sido convocada antes, pone de manifiesto la débil situación del sindicalismo combativo en España, de la alternativa sindical crítica de CGT, Co.Bas, SAT, CNT, critiCCOOs y USTEA (entre otros). No existe capacidad de convocar una huelga general con posibilidades de éxito en España sin contar con el sindicalismo mayoritario de CCOO y UGT, porque el sindicalismo crítico es demasiado débil. Pero esta situación empeorará en la medida en que se aplique la reforma laboral y, por tanto, comiencen a debilitarse los convenios colectivos, y cueste más impulsar un Comité de Empresa, una sección sindical o conseguir demandas y conquistas salariales y laborales a través de una lucha o de la negociación de un convenio.
Por tanto, dependemos, para la convocatoria de una huelga general, del papel de las burocracias sindicales y de que estas, se vean presionadas o no, por su base de trabajadores y afiliados, sólo en la medida en que el sindicalismo crítico continúe siendo minoritario, y sólo en la medida en que sea más difícil para la clase trabajadora participar en los derechos y labores sindicales de cualquier tipo.
Yendo a la huelga general, y a las manifestaciones, los trabajadores críticos con el modelo de sindicalismo mayoritario «vendido» y «domesticado» de las burocracias de CCOO y UGT podrán conocer otras alternativas sindicales allí presentes, tal como es el caso de los sindicatos que componen el bloque crítico alternativo, entre ellos la CGT, el SAT, Co.Bas, etc., y podrán sumarse, por tanto a las mismas. De esta forma crecerá la filiación sindical de estas alternativas. Y en la medida en que el sindicalismo crítico pase de ser minoritario a tener más peso en la clase trabajadora y las empresas de España, cualquier iniciativa de huelga general que emane o sea refrendada por estos sindicatos tendrá mayores posibilidades de éxito.
Esta huelga, y cualquier otra que se convoque en el futuro en condiciones similares, servirá, por tanto, en la medida en que sea un éxito total, radicalice la protesta, genere pérdidas económicas al gobierno y los empresarios, permita visualizar a otras alternativas sindicales y recuperar la confianza en el sindicalismo por parte de los trabajadores, posicionando, obligando a las burocracias sindicales a posicionarse ya sea en contra o a favor del gobierno, y a desenmascararse, o a renovarse, por tanto.
El «autoritarismo» de los piquetes frente a la dictadura patronal en las empresas y la represión policial del Estado
Así, tenemos que, domesticadas durante años por el dinero de las subvenciones y liberaciones estatales que, por primera vez en muchos años, las burocracias sindicales creen ver sus intereses y privilegios amenazados, ante la perspectiva de la reforma laboral que debilita, entre otras cosas, los convenios colectivos al permitir la negociación individual a la baja, a la vez que abarata el despido y flexibiliza y precariza el empleo, aumentando la temporalidad y los contratos basura.
Frente a esta situación, son muchos los que se quejan desde los medios y foros de internet, del «autoritarismo» y la «falta de libertad» por parte de los piquetes, que imponen, a quienes desean ejercer su «libre» y «democrático derecho al trabajo individual», el derecho «de unos cuantos sindicalistas vendidos y piquetes revoltosos a la huelga», cuando «lo que hay que hacer es trabajar para levantar la economía del país y salir de la crisis».
No se dan cuenta de que, no trabajando un día, sólo generas pérdidas ese día a los beneficios del empresario, frente a la pérdida, para el trabajador, de un único día de salario, pero que yendo al trabajo ese día, le estás generando beneficios extra al empresario a cambio de no solucionar, sino agravar, aún más, el problema del paro, de los despidos, de la temporalidad y precariedad del empleo y de la pérdida de derechos laborales y sindicales, durante años, lo que seguramente empeorará de forma gradual la situación económica del trabajador, disparando aún más la cifra de desempleo, a la vez que aumentará la explotación de aquellos que logren mantener, a costa de un gran sacrificio, un trabajo, haciéndole ganar de nuevo beneficios a los empresarios, sin que ello repercuta en una mejora de la economía.
Desde aquí, cabe preguntarse, por tanto: ¿Es esta la libertad y el derecho «democrático» al trabajo que predican los que luego critican de «abuso de fuerza» a los piquetes? La libertad de quienes anteponen su rácano derecho invidual a dar un día de clase o generarle un día extra de beneficios a su empresario a un derecho como el de la huelga, que sólo puede ejercerse de manera colectiva, no individual. Ya que su «derecho a trabajar y estudiar» debilita la huelga, y a miles de trabajadores y estudiantes que, correrán el riesgo de ser despedidos o perder días de clase, impidiéndoles ejercer ese derecho, o condenándolos a ejercerlo tan sólo «a medias», con miedo y sin libertad, con salvedades.
Es un derecho, por tanto, el de la huelga, que sólo puede ser ejercido de forma colectiva. Basta que algunos no paren, o que la empresa abra, ese día, para que se convierta en poco más que papel mojado, o quienes paran corran el riesgo de ser despedidos, o perder días de clase.
A menudo se habla de los piquetes que coartan y violan el derecho de quienes quieren trabajar, bajo amenazas o abusos de fuerza, pero no se habla de los miles que amenazan a toda la plantilla con el despido si faltan a trabajar ese día. Para garantizar ese derecho son los piquetes. Tampoco se habla del abuso de fuerza y de poder, de la represión, la violencia, el arresto con que arremeten las fuerzas policiales del Estado, al servicio del gobierno y en defensa de los intereses de la propiedad privada, de la patronal, contra quienes tratan de salvaguardar dicho derecho, para quienes sienten dentro de sí el deseo de parar, pero carecen de la fuerza suficiente para arriesgar su empleo, y su modo de vida, diciéndole «no» al empresario, no yendo ese día al trabajo.
Abuso de fuerza y represión policial del que tenemos en la presente fotografía, y el presente vídeo adjunto en la nota al pie, apenas un ínfimo ejemplo: www.youtube.com/watch?v=ULxzuayc0i4&NR=1&feature=fvwp
Se habla de democracia. Pero no del miedo al despido; de la represión policial; de la falta de derecho al trabajo que ya sufrimos viejos y jóvenes y que aumentará desde el momento en que empiece a aplicarse esta reforma laboral; de las oleadas de despido libre y gratuito que facilitará, de las «negociaciones» individuales por debajo del convenio que mermarán las condiciones de empleo y hará imposible cualquier labor sindical, o del aumento de la temporalidad del empleo, que harán el obtener un empleo si no es aceptando condiciones cada vez más indignas, salarios cada vez más misérrimos, una tarea poco menos que improbable.
Los conceptos «libertad» y «democracia» en el discurso dominante de la post-modernidad, y su doble moral.
En el discurso de la post-modernidad actual, se invierten los valores, los conceptos, se habla de libertad y democracia cuando lo que prima es el derecho de las minorías a proteger al patrón, e imponérselo, so pena de despido o merma económica, a las mayorías que quieren parar, mientras los demás están partiéndose la cara por sacar la huelga adelante y parar una reforma laboral que traerá una oleada de despido libre y gratuito, temporalidad y «negociación» individual, aumentando el desempleo y mermando las condiciones de trabajo durante muchos años.
Quienes defienden así los intereses de la mayoría, el derecho de las mayorías, quedan, en su dinámica de enfrentamiento a los intereses de los grandes, y al poder, enmarcados en el campo de lo políticamente incorrecto, defendidos por el individuo. Quienes traicionan a sus compañeros, y hacen apego al egoísmo, la sumisión, la servidumbre, la perpetuación de la esclavitud salarial, el desdén a la lucha por mantener las conquistas y, en definitiva, la falta de solidaridad, son aplaudidos por el sistema, por la opinión pública generada por el orden establecido, en connivencia con el gobierno y la patronal, como «héroes de la democracia y la libertad».
Así, estas malditas palabras, «democracia y libertad» se convierten en poco menos que palabras vacías, que no significan nada, más que el respeto sumiso y servil al orden establecido, más que el derecho a obedecer; un lenguaje de lo políticamente correcto que en el fondo sirve a la estabilidad y los intereses de la clase política y dominante, y dificulta que sea cuestionada.
La inversión de roles por el discurso oficial. El enemigo de «mi enemigo» es mi «amigo». Derechos y libertades básicas.
«Mi enemigo», entonces, ya no es el patrón que me amenaza con el despido o no me deja sindicalizarme, so pena de listas negras y despido, o el gobierno que recorta mis derechos con una reforma que da impunidad al empresario, o el policía que me agrede y sanciona por garantizar que dicho derecho y dichos intereses, el derecho y los intereses de una mayoría perjudicada, afectada, por esta reforma, pero con miedo, sea tolerado y respetado. Mi enemigo ahora pasa a ser el piquete.
Mi enemigo ahora es el sindicato. Pero no porque algunos sindicalistas se vendan, o el gobierno los haya comprado y domesticado durante años, no porque haya tratado de dosificar una movilización, no porque se haya resistido a hacer huelga, no porque evite ponerse en contra del gobierno, y aspire a volver a la negociación. Sino porque me obliga a ponerme en huelga por unos intereses que, no queremos ver que son tan nuestros como suyos.
Este discurso tan sólo sirve para enfrentarnos nosotros mismos, y para poner obstáculos a la vanguardia sindical y a un creciente porcentaje de trabajadores descontentos por la situación actual de desempleo y precariedad laboral, en su lucha por la conquista de sus derechos, o por preservar los que quedan. Y en definitiva, para aislar a la vanguardia sindical, separándola, ante la opinión pública, de un porcentaje creciente y cada vez mayor, de trabajadores afectados por los recortes neoliberales y, en última instancia, por la dinámica de regresión social a que nos lleva el capitalismo en crisis.
Su moral o la nuestra
¿De qué estamos hablando, entonces?
¿Del derecho a trabajar un día? ¿O del derecho a conservar y aspirar al empleo digno y estable, a un sistema universitario público y de calidad, durante muchos años?
¿Del derecho a no perder un día de salario? ¿O del derecho de los empresarios a destruir el empleo, a abaratar, debilitar y precarizar nuestras condiciones de vida como asalariados, para seguir ganando los mismos beneficios los 365 días del año, mientras la gente se hunde en la esclavitud y la miseria?
¿Del derecho a pensar diferente de tu compañero? ¿O del derecho a disentir de lo establecido?
Porque yo sólo veo, que la manera en que los piquetes defienden el derecho de unos a parar, y la policía el de otros a abrir, a trabajar como esclavos, a ahorrarse gastos en mano de obra y seguir explotando y enriqueciéndose a costa de nuestro trabajo, del que queda, es cualitativamente distinto.
Y se diferencia sobre todo en una cosa: en el uso de la violencia. Que mientras unos disuaden mediante la presión colectiva, con argumentos, con palabras llenas de hartazgo, de ira, de rabia, acompañadas, a veces, de silbatos o gritos. Los otros disuaden con palos, mediante el arresto colectivo y, privando, en una palabra, de su libertad, a quienes pretenden despertar la conciencia social en cada vez más trabajadores y empujarlos a ejercer medidas de presión y fuerza colectiva contra la patronal y el gobierno, que sólo buscan enriquecerse a costa del aumento de la explotación y de la miseria, arrastrando al resto de la sociedad a la regresión social, la esclavitud y la ruina.
Roberto Mérida (Hrod)
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