La legalidad la proporciona el control del boletín oficial y los resortes del estado, mientras que la legitimidad la otorga el respeto a la voluntad de los ciudadanos. Los votos no lo legitiman todo, como no avalan los abusos, los recortes, los desahucios, la manipulación y el engaño sistemático. 1 Cualquier programa electoral constituye un […]
La legalidad la proporciona el control del boletín oficial y los resortes del estado, mientras que la legitimidad la otorga el respeto a la voluntad de los ciudadanos.
Los votos no lo legitiman todo, como no avalan los abusos, los recortes, los desahucios, la manipulación y el engaño sistemático. 1 Cualquier programa electoral constituye un contrato vinculante con los ciudadanos que, cuando se incumple, inhabilita para el cargo a quienes fueron elegidos.
A nadie , y menos a los políticos, les gusta verse señalados por unos votantes a los que desprecian, ningunean y de los que se mofan cada vez que abren la boca, blindándose en la calle y en el parlamento frente a sus demandas.
El gobierno del PP, al igual que el de Franco, disfruta de legalidad, pero no de legitimidad. Si el dictador se amparaba en la fuerza de las armas, Rajoy lo hace en la de los votos: no fusila, pero desahucia.
De meros depositarios, los políticos han pasado a convertirse en propietarios de los votos, como los bancos de nuestros depósitos. Constituye un insulto a la inteligencia, llamar democracia a un sistema en el que los ciudadanos son rehenes del gobierno, y el gobierno se comporta como el consejo de administración de la banca.
N azis son los que dejan a los ciudadanos sin vivienda, trabajo, desempleo, pensión, atención sanitaria, educación pública, becas y ayudas a la dependencia, quiebran empresas, hunden la economía y sacrifican todo lo que haga falta, para salvar con esos recursos a la banca. Las quitas de pisos o de ahorros (participaciones preferentes), son expropiaciones en toda regla que los bancos practican en su exclusivo beneficio, sin que nadie se escandalice.
El colmo de la desfachatez, del cinismo y de la desvergüenza de los políticos del PP es que no conformes con expulsar a decenas de miles de familias sus casas y ponerlas de patitas en la calle, endeudadas de por vida, se presenten en público como víctimas de las personas que han desahuciado.
Pero hay que comprender que, los pobres, no pueden ya más. Su indefensión es total. Que encima de los sobres en negro, los contratos amañados, las cuentas en Suiza, los cumpleaños gratuitos de sus niños y los finiquitos diferidos, tengan que soportar escraches, cuando la impunidad, que no la inmunidad, constituye el principal de sus privilegios, rebasa todo lo admisible.
El pueblo soberano coaccionando a sus representantes. El escaño convertido en profesión de riesgo, en vez de sinecura de por vida. Hasta ahí podríamos llegar. La democracia se halla gravemente amenazada cuando mareas ciudadanas se atreven a perseguir aforados como lo haría el cobrador del frac. Como a ladrones de votos. Pidiéndoles cuentas por desahuciar la democracia.
El comportamiento del partido en el poder solo puede calificarse de terrorismo institucional. Su grado de indecencia política traspasa todas las fronteras -humanas y éticas- y ha subido tres puntos en la última semana, más incluso que la prima de riesgo, batiendo un nuevo récord, lo que parecía imposible, dado el alto lugar en que la habían dejado los socialistas, sus compañeros de fatigas.
Más difícil que a España la rescaten, será que a los españoles les rescaten de sus políticos.
Nota
1 Leyes y sinvergüenzas, Andrés Herrero, 14.02.2013, Asturbulla, y kaosenlared.net,
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