Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Cinco mil personas asistieron el pasado 5 de enero al funeral del joven tunecino que se inmoló con fuego el 17 de diciembre en Sidi Bouzid. La efervescencia persiste en Túnez, sobre todo en el centro-oeste (volveremos sobre esta situación en nuestra edición de febrero). Siguiendo un llamamiento del Colegio de Abogados, estos han ido a la huelga el 6 de enero para protestar por los malos tratos de los que son objeto por parte de la policía. Este descontento refleja los muchos fracasos del régimen y saca a la luz los retos a los que se enfrenta.
El malestar social que se expresa abiertamente en Túnez es indisociable de la crisis económica. El año 2009 marcó una profunda ruptura: las ambiciones de crecimiento se redujeron a la mitad, hubo un fuerte retroceso en las exportaciones industriales, los turistas europeos se quedaron en casa, lo mismo que los inversores extranjeros. La mala cosecha de 2010 no arregló las cosas. Resultado, el empleo sufrió: el crecimiento sólo absorbe, un año con otro, la mitad de un grupo de edad frente a cerca de dos tercios antes de la crisis.
Reelegido hace un año tras unas pseudo-elecciones presidenciales sin riesgos ni retos, el presidente Zine el-Abidine Ben Ali (en el poder desde 1987) debe hacer frente a cuatro retos principales. Un deterioro rápido de la situación privaría en un momento dado al régimen de su principal atractivo en el extranjero: la estabilidad política y social.
LA POLÍTICA. El ejecutivo aplasta al régimen, el presidente ahoga el modesto juego de las instituciones que, sin embargo, está previsto por la Constitución; el Parlamento no es más que una cámara de registro y la justicia está sometida a órdenes. Las pocas medidas tomadas en 2010 lo fueron para la galería, como, por ejemplo, un 20% de los escaños reservado a la oposición en los ayuntamientos, fueran cuales fueran los votos obtenidos. Se impone urgentemente la apertura. Ésta podría empezar en el Parlamento y en el seno del partido. Aunque elegidos irregularmente, los diputados, que están más en contacto con la población y con la provincia que los hombres del presidente, deben recuperar la influencia en la determinación de las políticas públicas antes de que se celebren rápidamente unas elecciones más «limpias» y sin exclusiones.
Esto pasa también por una reforma del partido dominante, Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) [Agrupación Constitucional Democrática], heredero del Néo-Destour del padre de la independencia Habib Burguiba. Actualmente el presidente de la República, que también es el presidente del partido, nombra a todos los responsables de éste, desde el comité político a los secretarios generales, federales o de sección. El restablecimiento de las elecciones como modo de designación de sus dirigentes le daría vida y ofrecería una primera salida al descontento.
LA INFORMACIÓN. Internet, Facebook y las televisiones por cable árabes dificultan el control de la información que existe en el país desde hace veinte años. El bloqueo mediático sólo ha servido para exasperar a la opinión pública. El ministro de Información (que más bien se podría definir como ministro de Propaganda), Oussama Romdhani, a la cabeza del sector desde 1996, lo ha pagado con su cargo.
Desde hace un año el poder ha tomado algunas iniciativas de poca envergadura al darse cuenta del desgaste de una forma de actuar completamente obsoleta. Ben Ali toleró algunas audacias y un tono nuevo tras hacer que su yerno comprara el grupo de prensa privado Dar Assabah y confiar la dirección de éste a un profesional reconocido. Por supuesto, con una línea roja que no se puede franquear: el poner en tela de juicio, aunque sea ligeramente, el poder. El 7 de junio de 2010 el presidente ordenó unos «encuentros periódicos» televisados en los que los ministros dialogaran con «las partes concernidas». Prometía debates «francos y abiertos», pero sin periodistas. Desde el principio de curso algunos ministros se han puesto a ello. La opinión pública no ha visto la diferencia con los programas habituales de propaganda. Es evidente que hay que cambiar de rumbo, liberar a la prensa y aliviar la presión. La población, urbana en un 60% y mejor instruida, lo reivindica con fuerza.
LAS DESIGUALDADES. No es casual que las últimas manifestaciones hayan salido del gobernorado de Sidi Bouzid, una región del interior rural. El desarrollo económico de los últimos veinte años ha beneficiado en primer lugar a las zonas costeras donde se concentran el turismo, el negocio inmobiliario y las industrias. La política voluntarista establecida a partir de la década de 2000 no ha corregido el movimiento, aunque esfuerzos recientes hayan comenzado a dar sus frutos aquí y allá, como en Kairuán. El interior, más pobre en su conjunto, sigue sintiéndose víctima de una discriminación en el plano del empleo a favor del Sahel y de la capital, Túnez, de donde ha salido la gran mayoría de las elites.
A la desigualdad regional se añade la desigualdad social. El 10% de las personas más ricas de la población percibe una tercera parte de los ingresos, mientras que el 30% de las más pobres se tiene que contentar con menos del 10% del PIB…
La fiscalidad empeora estas disparidades en vez de corregirlas. Consumidores y asalariados soportan lo esencia de los impuestos. Comerciantes y empresas se libran ampliamente de ellos. En su programa electoral el candidato Ben Ali había prometido luchar contra uno de los abusos flagrantes de la fiscalidad: el impuesto a tanto alzado impide gravar a 350.000 contribuyentes que, sin embargo, controlan una tercera parte del PIB del país. La recién adoptada ley de finanzas de 2011 ha olvidado las promesas del candidato.
LA «FAMILIA». Ben Ali está a la cabeza de una familia invasora, que controla buena parte de los conglomerados industrialo-financieros del país. Sus hijas se han casado con cuatro de los herederos más ricos del país. Su segunda esposa, Leila, simboliza a ojos de la opinión pública la codicia de la familia. Ha hecho que el fisco cerrara una escuela privada implantada desde hacía mucho tiempo y que hacía sombra a la que ella quería abrir. Su hermano, Belhacen Trabelsi, casado con la hija del jefe de la patronal tunecina, ha tomado el control de un banco privado gracias a la intervención a su favor del gobernador del Banco Central, que se ha dejado su reputación en este asunto.
Hacer que la Sra Ben Ali desaparezca de las portadas de los periódicos, en las que aparece cada día, no bastará para que desaparezcan las sospechas. Una condición previa es que la «familia» se retire de los negocios y de la política. Su hostilidad hacia cualquier concesión política o social y la mala salud del presidente, de 75 años, hacen temer que Leila Ben Ali trate de imponerse en la sucesión que ya se anuncia.
Fuente: http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-01-06-Tunisie