A fines de enero, cuando el número de muertos en Gaza ascendía a 25.000 y multitudes de palestinos huían de sus ciudades arrasadas en busca de seguridad, el ejército israelí pidió 3.000 bombas más al gobierno estadounidense. El embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, junto con otros diplomáticos de alto rango en la embajada de Jerusalén, envió un cable a Washington instando a los líderes del Departamento de Estado a aprobar la venta, diciendo que no había posibilidad de que las Fuerzas de Defensa de Israel hicieran un mal uso de las armas.
El cable no mencionaba las preocupaciones públicas de la administración Biden por las crecientes víctimas civiles, ni abordaba informes bien documentados de que Israel había lanzado bombas de 2.000 libras sobre áreas concurridas de Gaza semanas antes, derrumbando edificios de apartamentos y matando a cientos de palestinos, muchos de los cuales eran niños. Lew estaba al tanto de los problemas. Los funcionarios dicen que su propio personal había destacado repetidamente los ataques en los que murió un gran número de civiles. Las casas de los propios empleados palestinos de la embajada habían sido blanco de ataques aéreos israelíes.
Aun así, Lew y sus altos mandos argumentaron que se podía confiar a Israel este nuevo envío de bombas, conocidas como GBU-39, que son más pequeñas y precisas. La fuerza aérea israelí, afirmaron, tenía un “historial probado de décadas” de evitar matar civiles al utilizar la bomba de fabricación estadounidense y había “demostrado capacidad y voluntad para emplearla de manera que minimice los daños colaterales”.
Mientras se tramitaba la solicitud, los israelíes demostraron que esas afirmaciones eran erróneas. En los meses siguientes, el ejército israelí lanzó repetidamente las GBU-39 que ya poseía sobre refugios y campos de refugiados que, según afirmaba, estaban ocupados por soldados de Hamás, matando a decenas de palestinos. Luego, a principios de agosto, las FDI bombardearon una escuela y una mezquita donde se refugiaban civiles. Murieron al menos 93 personas. Los cuerpos de los niños estaban tan mutilados que sus padres tuvieron dificultades para identificarlos.
Los analistas de armas identificaron metralla de bombas GBU-39 entre los escombros.
De la protección a la habilitación
En los meses anteriores y posteriores, una serie de funcionarios del Departamento de Estado instaron a que se suspendiera total o parcialmente la venta de armas a Israel en virtud de leyes que prohíben armar a países con un patrón o un riesgo claro de violaciones. Los principales funcionarios políticos del Departamento de Estado rechazaron repetidamente esas peticiones. Durante años, los expertos del gobierno han intentado sin éxito retener o poner condiciones a las ventas de armas a Israel debido a acusaciones creíbles de que el país había violado los derechos humanos de los palestinos utilizando armas de fabricación estadounidense.
El 31 de enero, al día siguiente de que la embajada entregara su evaluación, el secretario de Estado Antony Blinken organizó una reunión abierta para toda la agencia en un auditorio de la sede del Departamento de Estado, donde respondió preguntas directas de sus subordinados sobre Gaza. Dijo que el sufrimiento de los civiles era “absolutamente desgarrador y angustioso”, según una transcripción de la reunión.
“Pero es una cuestión de hacer juicios”, dijo Blinken sobre los esfuerzos de su agencia para minimizar el daño. “Partimos de la premisa el 7 de octubre de que Israel tenía derecho a defenderse, y más que el derecho a defenderse, el derecho a tratar de garantizar que el 7 de octubre nunca volviera a ocurrir”.
El respaldo de la embajada y las declaraciones de Blinken reflejan lo que muchos en el Departamento de Estado han entendido como su misión durante casi un año. Como lo expresó un ex funcionario que sirvió en la embajada, la política no escrita era “proteger a Israel del escrutinio” y facilitar el flujo de armas sin importar cuántos abusos de los derechos humanos se denunciaran. “No podemos admitir que eso sea un problema”, dijo este ex funcionario.
La embajada incluso se ha resistido históricamente a aceptar fondos de la oficina del Departamento de Estado para Oriente Medio destinados a investigar cuestiones de derechos humanos en todo Israel porque los líderes de la embajada no querían insinuar que Israel pudiera tener esos problemas, según Mike Casey, ex diplomático estadounidense en Jerusalén. “En la mayoría de los lugares nuestro objetivo es abordar las violaciones de los derechos humanos”, añadió Casey. “No tenemos eso en Jerusalén”.
La semana pasada, ProPublica detalló cómo las dos principales autoridades del gobierno en materia de asistencia humanitaria —la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la oficina de refugiados del Departamento de Estado— concluyeron en primavera que Israel había bloqueado deliberadamente las entregas de alimentos y medicinas a Gaza y que las ventas de armas debían detenerse. Pero Blinken también rechazó esas conclusiones y, semanas después, dijo al Congreso que el Departamento de Estado había concluido que Israel no estaba bloqueando la ayuda.
Los episodios descubiertos por ProPublica, que no se habían detallado anteriormente, ofrecen una mirada interna a cómo y por qué los responsables políticos de más alto rango del gobierno de Estados Unidos han seguido aprobando las ventas de armas estadounidenses a Israel frente a un creciente número de muertes civiles y la evidencia de abusos de los derechos humanos casi diarios. Este artículo se basa en un conjunto de cables internos, hilos de correo electrónico, memorandos, actas de reuniones y otros registros del Departamento de Estado, así como entrevistas con funcionarios actuales y anteriores de toda la agencia, la mayoría de los cuales hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.
«¿Por qué dejar de hacerlo?»
Los registros y las entrevistas también muestran que la presión para mantener en marcha el proceso de suministro de armas también proviene de los contratistas militares estadounidenses que fabrican las armas. Los lobbistas de esas empresas han presionado rutinariamente a los legisladores y funcionarios del Departamento de Estado entre bastidores para que aprueben los envíos tanto a Israel como a otros aliados controvertidos en la región, incluida Arabia Saudita. Cuando un ejecutivo de una empresa presionó a su ex subordinado en el departamento para lograr una venta valiosa, el funcionario del gobierno le recordó que elaborar estrategias sobre el acuerdo podría violar las leyes federales de lobby, según muestran los correos electrónicos.
Según dijeron los expertos a ProPublica, la reiterada disposición del gobierno de Biden a dar un pase libre a las Fuerzas de Defensa de Israel no ha hecho más que envalentonar a los israelíes. Hoy, mientras Israel e Irán intercambian golpes, el riesgo de una guerra regional es tan grande como en décadas y el costo de ese fracaso estadounidense se ha vuelto más evidente, según los críticos.
“La reafirmación de la impunidad ha llegado de manera rápida e inequívoca”, dijo Daniel Levy, quien sirvió en el ejército israelí antes de ocupar varios puestos destacados como funcionario y asesor del gobierno a lo largo de los años 90. Más tarde se convirtió en uno de los fundadores del grupo de defensa J Street y presidente del Proyecto Estados Unidos/Medio Oriente.
Levy dijo que prácticamente no hay amenaza de rendición de cuentas por la conducta de Israel en Gaza, sólo “una certeza de carta blanca”. O, como dijo otro funcionario del Departamento de Estado, “si nunca hay consecuencias por hacerlo, entonces ¿por qué dejar de hacerlo?”
Lo mismo, pero más rápido
La guerra en Gaza se ha librado durante casi un año sin señales de disminuir. Hay al menos 41.000 palestinos muertos, según estimaciones locales. Israel dice que sus acciones han sido legales y legítimas, a diferencia de las de Hamás, que mató a más de 1.100 israelíes, en su mayoría civiles, el 7 de octubre y continúa manteniendo a docenas de rehenes.
Estados Unidos ha sido un aliado incondicional de Israel durante décadas, y los presidentes de ambos partidos elogian al país como un faro de democracia en una región peligrosa llena de amenazas a los intereses estadounidenses.
Los líderes militares israelíes defienden ampliamente su campaña aérea en Gaza como una “necesidad militar” para erradicar a los terroristas que se esconden entre los civiles. El primer ministro Benjamin Netanyahu también ha presionado públicamente a la administración Biden para que acelere las transferencias de armas. “Dennos las herramientas y terminaremos el trabajo mucho más rápido”, dijo en junio.
ProPublica también envió preguntas detalladas a los representantes del gobierno israelí. Un portavoz dijo en un comunicado: “El artículo es tendencioso y busca presentar como inapropiados los contactos legítimos y rutinarios entre Israel y la Embajada en Washington con funcionarios del Departamento de Estado. Su objetivo parece ser poner en duda la cooperación en materia de seguridad entre dos naciones amigas y aliados cercanos”.
La venta de armas es un pilar de la política exterior estadounidense en Oriente Medio. Históricamente, Estados Unidos da más dinero a Israel para armas que a cualquier otro país. Israel gasta la mayor parte de esos dólares de los impuestos estadounidenses en comprar armas y equipos fabricados por fabricantes de armas estadounidenses.
Si bien Israel tiene su propia industria armamentística, el país depende en gran medida de los aviones, bombas y otras armas estadounidenses en Gaza. Desde octubre de 2023, Estados Unidos ha enviado más de 50.000 toneladas de armamento, que, según el ejército israelí, ha sido «crucial para mantener las capacidades operativas de las Fuerzas de Defensa de Israel durante la guerra en curso». Las defensas aéreas que defienden las ciudades y pueblos israelíes, conocidas como la Cúpula de Hierro, también dependen en gran medida del apoyo estadounidense.
Hay pocas señales de que alguna de las partes esté dispuesta a reducir los envíos de armas estadounidenses. La Vicepresidenta Kamala Harris ha pedido un alto el fuego, lamentó el número de muertos en Gaza y dijo que apoyaba el derecho de los palestinos a la autodeterminación, así como la decisión del presidente Joe Biden de detener un envío de 2.000 bombas en junio. También se ha hecho eco de un estribillo de administraciones anteriores, prometiendo «garantizar que Israel tenga la capacidad de defenderse». Harris también dijo que no tenía intención de romper con la política de Biden hacia Israel.
El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, que se ha descrito a sí mismo como el «mejor amigo que Israel ha tenido jamás», habría dicho a los donantes que apoya la «guerra contra el terrorismo» de Israel y prometió aplastar las protestas pro palestinas en los campus universitarios. Trump también fue recientemente un orador destacado en la cumbre del Consejo Israelí-Americano, donde se presentó como la opción más pro-Israel en las próximas elecciones. «Tienen un gran protector en mí», dijo a la multitud. “No tienes un protector al otro lado”.
El mejor amigo del carnicero
Estados Unidos comenzó a vender cantidades significativas de armas a Israel a principios de los años ’70. Hasta entonces, Israel había dependido de una serie de compras nacionales e internacionales, en particular de Francia, mientras que la Unión Soviética armaba a los adversarios de Israel. Durante el último medio siglo, ningún país del mundo ha recibido más ayuda militar estadounidense que Israel.
Estados Unidos le da al gobierno israelí unos 3.800 millones de dólares cada año y mucho más durante tiempos de guerra para ayudar a mantener su ventaja militar en la región. El Congreso y el Poder Ejecutivo han impuesto barreras legales sobre cómo Israel y otros países pueden usar las armas que compran con dinero estadounidense. El Departamento de Estado debe revisar y aprobar la mayoría de esas grandes ventas militares al extranjero y está obligado a cortar el acceso a un país si existe un patrón o un riesgo claro de violar el derecho humanitario internacional, como atacar a civiles o bloquear los envíos de alimentos a los refugiados. También se supone que el departamento debe retener el equipo y las armas financiadas por Estados Unidos a unidades militares individuales acusadas creíblemente de cometer violaciones flagrantes de los derechos humanos, como la tortura.
En primer lugar, un país hace una solicitud y la embajada local, que está bajo la jurisdicción del Departamento de Estado, redacta un cable llamado “evaluación del equipo de país” para evaluar la idoneidad del país que solicita las armas. Este es sólo el comienzo de un proceso complejo, pero es un paso crucial debido a la experiencia local de las embajadas.
Luego, la mayor parte de esa revisión la realiza la sección de transferencias de armas del Departamento de Estado, conocida como la Oficina de Asuntos Político-Militares, con aportes de otras oficinas. En el caso de Israel y los aliados de la OTAN, si la venta vale al menos 100 millones de dólares en armas o 25 millones en equipos, el Congreso también obtiene la aprobación final. Si los legisladores intentan bloquear una venta, lo que es poco frecuente, el presidente puede eludirla con un veto.
Durante años, Josh Paul, funcionario de carrera de la oficina de transferencias de armas del Departamento de Estado, revisó las ventas de armas a Israel y otros países de Oriente Medio. Con el tiempo, se convirtió en uno de los expertos más versados de la agencia en materia de ventas de armas.
Incluso antes de las represalias de Israel por el 7 de octubre, le preocupaba la conducta de Israel. En múltiples ocasiones, dijo, creía que la ley exigía al gobierno retener las transferencias de armas. En mayo de 2021, se negó a aprobar una venta de aviones de combate a la Fuerza Aérea israelí. “En un momento en que la IAF está haciendo estallar bloques de apartamentos civiles en Gaza”, escribió Paul en un correo electrónico, “no puedo estar seguro de este caso”. El siguiente febrero, no quiso aprobar otra venta después de que Amnistía Internacional publicara un informe en el que acusaba a las autoridades israelíes de apartheid.
En ambos casos, Paul le dijo más tarde a ProPublica que sus superiores inmediatos aprobaron las ventas a pesar de sus objeciones.
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“No tengo ninguna expectativa de lograr ningún avance político en este tema durante esta Administración”, escribió en ese momento a un subsecretario adjunto.
Durante ese mismo período, Paul circuló un memorando a algunos de los diplomáticos de alto rango de la agencia con recomendaciones para fortalecer el proceso de revisión de las ventas de armas, como incluir aportes de grupos de derechos humanos. Paul advirtió que la nueva política de transferencia de armas de la administración Biden, que prohíbe las ventas de armas si es “más probable que no” que el destinatario las use para atacar intencionalmente estructuras civiles o cometer otras violaciones, se “diluiría” en la práctica.
“Existe un riesgo significativo e indiscutible de daño a civiles en la venta de municiones guiadas de precisión a Israel y Arabia Saudita”, decía el memorando de diciembre de 2021. El gobierno de Estados Unidos ha sido históricamente incapaz de cumplir con sus propios estándares, escribió, “frente a la presión de los socios, la industria y los imperativos políticos percibidos que surgen desde dentro del propio gobierno”.
Tampoco parece que se hayan implementado las recomendaciones del memorando. Paul dimitió en protesta por los envíos de armas a Israel en octubre pasado, menos de dos semanas después del ataque de Hamás. Fue la primera dimisión pública importante del gobierno de Biden desde el inicio de la guerra. Para entonces, las autoridades locales dijeron que las operaciones militares israelíes habían matado al menos a 3.300 palestinos en Gaza.
Bombas y regalos
En el plano interno, otros expertos empezaron a preocuparse de que los israelíes estuvieran violando los derechos humanos casi desde el comienzo de la guerra. Los funcionarios de Oriente Medio entregaron al menos seis memorandos de disidencia a altos dirigentes criticando la decisión de la administración de seguir armando a Israel, según quienes participaron en la redacción de algunos de ellos. El contenido de varios memorandos se filtró a los medios a principios de este año. La agencia dice que agradece las aportaciones del canal de disidencia y las incorpora a las decisiones de formulación de políticas.
En un memorando no publicado anteriormente de noviembre, un grupo de expertos de varias agencias dijo que no habían sido consultados antes de varias decisiones políticas sobre transferencias de armas inmediatamente después del 7 de octubre y que no había un proceso de investigación eficaz en marcha para evaluar las repercusiones de esas ventas.
Ese memorándum también pareció tener poco impacto. En las primeras etapas de la guerra, el personal del Departamento de Estado trabajó horas extra, a menudo fuera del horario laboral y durante los fines de semana, para procesar las solicitudes israelíes de más armas. Algunos en la agencia han pensado que esos esfuerzos mostraban una cantidad inapropiada de atención a Israel.
Sin embargo, los israelíes pensaban de otra manera. A fines de diciembre, justo antes de Navidad, el personal de la oficina de transferencias de armas entró a su oficina en Washington, D.C. y encontró algo inusual esperándolos: cajas de vino de una bodega en el desierto del Néguev, junto con letras personalizadas en cada botella.
Los regalos eran cortesía de la embajada israelí.
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Un mes después, Lew dio su apoyo a la solicitud de Israel de las 3.000 bombas de precisión GBU-39, que se pagarían con fondos estadounidenses e israelíes. Lew es una figura importante en los círculos demócratas, habiendo trabajado en varias administraciones. Fue jefe de gabinete del Presidente Barack Obama y luego se convirtió en su secretario del Tesoro. También ha sido un alto ejecutivo de Citigroup y de una importante firma de capital privado.
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El cable de enero de Lew no menciona el número de muertos en Gaza ni los incidentes en los que los israelíes lanzaron GBU-39 sobre civiles. Ocho funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Estado con experiencia en derechos humanos, Oriente Medio o transferencias de armas dijeron que la evaluación de la embajada era una síntesis inadecuada pero no sorprendente de la posición de la administración. “Es un ejercicio de marcar casillas”, dijo Charles Blaha, ex director de derechos humanos de la agencia.
El Departamento de Estado se negó a hacer comentarios sobre el estado de esa solicitud, salvo decir que Estados Unidos ha proporcionado grandes cantidades de GBU-39 a Israel varias veces en los últimos años.
Aunque Estados Unidos esperaba que las bombas más pequeñas evitaran muertes innecesarias, los expertos en leyes de la guerra dicen que el tamaño de la bomba no importa si mata a más civiles de lo que justifica el objetivo militar. La teniente coronel Rachel E. VanLandingham, oficial retirada del Cuerpo de Abogados Generales de la Fuerza Aérea, dijo que las FDI son legalmente responsables de hacer todo lo posible para conocer el riesgo para los civiles antes de cualquier ataque y evitar bombardear indiscriminadamente zonas densamente pobladas como campos de refugiados y refugios. “Parece extremadamente plausible que simplemente hayan hecho caso omiso del riesgo”, añadió VanLandingham. “Plantea serias preocupaciones e indicadores de violación de las leyes de la guerra”.
Los funcionarios de la embajada en Jerusalén y en Washington dijeron que se le habían planteado preocupaciones similares en repetidas ocasiones a Lew, pero que su instinto le decía que defendiera a Israel. En otro cable obtenido por ProPublica, Lew le dijo a Blinken y a otros líderes en Washington que “Israel es un destinatario confiable de artículos de defensa” y las evaluaciones de su equipo en el país antes de las ventas de armas anteriores han encontrado que el “historial de derechos humanos de Israel justifica la venta”.
Lew fue aún más lejos y dijo que el sistema de las Fuerzas de Defensa de Israel para elegir objetivos es tan “sofisticado y completo” que, según la estimación del agregado de defensa Schlereth, “cumple y a menudo supera nuestro propio estándar”, según el cable. Dos funcionarios del Departamento de Estado dijeron a ProPublica que Lew y Schlereth han hecho declaraciones similares durante reuniones internas. (La Marina no puso a Schlereth a disposición para una entrevista ni respondió a una lista de preguntas).
Al principio de la guerra, los diplomáticos de la embajada también informaron de que Israel había lanzado bombas sobre las casas de algunos miembros del personal de la embajada, además de otros numerosos incidentes que involucraban a civiles.
En cuanto a por qué los cables de Lew no reflejaban ese tipo de información, un funcionario dijo: “Mi explicación más generosa es que tal vez no tuvieron el tiempo o la inclinación para evaluar críticamente las respuestas de los israelíes”.
En el consulado israelí de Nueva York, los funcionarios encargados de la adquisición de armas ocupan dos pisos y procesan cientos de ventas cada año. Un ex oficial israelí que trabajó allí dijo que intentaba comprar la mayor cantidad posible de armas mientras sus homólogos estadounidenses se esforzaban con el mismo empeño en venderlas. «Es un negocio», dijo.
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Paul Kelly, que fue el principal funcionario de asuntos del Congreso en el Departamento de Estado entre 2001 y 2005, durante las invasiones estadounidenses de Irak y Afganistán, dijo que el sector privado «lo presionaba» regularmente para impulsar las ventas. a los legisladores para su aprobación final. “No me sobornaban ni me amenazaban, pero me decían… ‘¿Cuándo vas a firmarlo y llevarlo al Congreso?’”, le dijo a ProPublica.
Otros tres funcionarios del Departamento de Estado que trabajaban o trabajaron recientemente en asistencia militar dijeron que poco ha cambiado desde entonces y que las empresas que se benefician de las guerras en Gaza y Ucrania llaman o envían correos electrónicos con frecuencia. (El portavoz de la agencia dijo a ProPublica que las transferencias de armas «no están influenciadas por una empresa en particular»). La presión también llega a las oficinas de los legisladores una vez que se les notifica sobre las ventas inminentes. Esas medidas incluyen llamadas telefónicas frecuentes y reuniones regulares durante el día, según un funcionario familiarizado con las comunicaciones.
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Israel bloqueó deliberadamente la ayuda humanitaria a Gaza, concluyeron dos organismos gubernamentales. Antony Blinken los rechazó.
En febrero del año siguiente, el Departamento de Estado estaba sopesando si aprobar o no la venta de misiles guiados de precisión producidos por Raytheon a Arabia Saudita. Un vicepresidente de la empresa llamado Tom Kelly (ex subsecretario adjunto principal de la oficina de transferencias de armas del Departamento de Estado) envió un correo electrónico a un ex subordinado, Josh Paul. Kelly pidió concertar una reunión con Paul y un colega de la empresa para “hablar sobre la estrategia” para impulsar la venta, según un correo electrónico del intercambio.
Paul respondió que una reunión de ese tipo podría ser ilegal. “Como recordará de su tiempo aquí, la Ley Anti-Cabildeo nos restringe la coordinación de estrategias legislativas con grupos externos”, dijo. “Sin embargo, creo que los posibles obstáculos en el camino son relativamente obvios”. Esos obstáculos eran una referencia a artículos recientes de los medios sobre incidentes con víctimas civiles en Yemen.
“No se preocupe”, respondió Kelly. “Estoy seguro de que nos veremos por ahí”.
Kelly y Raytheon no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Finalmente, el Departamento de Estado dio el visto bueno a la venta.