El Ministerio de Defensa español ha acordado con Estados Unidos «las normas reguladoras de la actuación en España del NCSI [Servicio de Investigación Criminal de la Navy] y de la OSI [Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea]», dos de las agencias de inteligencia del Pentágono. Estas normas estaban pendientes desde que, en abril […]
El Ministerio de Defensa español ha acordado con Estados Unidos «las normas reguladoras de la actuación en España del NCSI [Servicio de Investigación Criminal de la Navy] y de la OSI [Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea]», dos de las agencias de inteligencia del Pentágono. Estas normas estaban pendientes desde que, en abril de 2002, se reformó el convenio bilateral y se legalizó la presencia en España de los servicios secretos militares estadounidenses.
Sus agentes podrán actuar fuera de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) en todo el territorio español. También en Canarias. La disculpa es que, supuestamente, lo harán bajo supervisión española. Mientras tanto, la CIA sigue campando a sus anchas.
Tras casi cinco años de negociaciones en el seno del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, el acuerdo que desarrolla el artículo 17.6. del convenio de Defensa con EEUU -el que más polémica levantó en su día- quedó listo para su ratificación en enero pasado.
Sólo falta, según fuentes gubernamentales, que las respectivas asesorías jurídicas den el visto bueno al texto y que se decida la forma de rubricarlo: probablemente, mediante un intercambio de cartas. En todo caso el documento tendrá carácter secreto.
La reforma del convenio de 2002, denominada técnicamente protocolo de enmienda, legalizó la presencia en España de los servicios secretos de la Navy (NCIS) y de la Fuerza Aérea de EE UU (OSI) «para que actúen en conjunción con sus homólogos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia españoles en asuntos de interés mutuo y lleven a cabo investigaciones criminales que afecten a personal o bienes de los Estados Unidos de América. Las autoridades competentes», concluye el artículo 17.6, «deberán establecer las normas reguladoras sobre la actuación en España del NCIS y de la OSI».
Al contrario de lo que sucede en España, los servicios secretos de la Marina y el Ejército del Aire de EE UU realizan funciones policiales, como la investigación criminal y la detención de sospechosos, y tareas propias de servicios de inteligencia: como el contraespionaje, protección de las tropas o lucha contra el terrorismo o el narcotráfico.
El NCSI y la OSI son sólo dos de las múltiples agencias de inteligencia con que cuenta Estados Unidos, junto a la CIA, la NSA (Agencia Nacional de Seguridad), que se ocupa de la interceptación masiva de comunicaciones, o el FBI.
A raíz del 11-S, sin embargo, los servicios dependientes de las Fuerzas Armadas han tenido un espectacular desarrollo y actualmente el Servicio de Investigación Criminal de la Navy (que se ocupa también de los casos relacionados con el Cuerpo de Marines) tiene más de 2.400 agentes. La mitad de ellos son civiles y casi la quinta parte han estado desplegados en Afganistán, el Cuerno de África o Irak, donde participaron en la búsqueda de las inexistentes armas de destrucción masiva.
Los expertos del NCSI son especialmente conocidos por su dominio del polígrafo, lo que hace que con frecuencia se recurra a ellos para interrogatorios, como en la base de Guantánamo (Cuba).
Los agentes estadounidenses no sólo podrán actuar fuera de las bases norteamericanas, sino investigar a personas ajenas a las Fuerzas Armadas de EEUU.
La prevención de amenazas en puertos civiles donde atracan buques de guerra estadounidenses ha sido uno de los argumentos esgrimidos para extender su campo de actuación, aunque se trata de un asunto especialmente espinoso porque los agentes de estos servicios van habitualmente armados.