Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
El Gobierno israelí ha elevado el robo de propiedad “abandonada” por los palestinos a una forma de arte
El alboroto político y el debate estratégico sobre la anexión de tierras en Cisjordania bajo el acuerdo de coalición han desviado la atención de una de las conspiraciones más grandes para robar tierras privadas desde que comenzó la ocupación en 1967.
Detrás del fervor ideológico y el supuesto motivo de seguridad, se encuentra un complot para lavar el robo de tierras. La imposición de la ley israelí en el Área C (el 60 por ciento de Cisjordania que está bajo control israelí), incluido el Valle del Jordán, transferirá de manera efectiva vastas áreas legalmente registradas a nombre de muchos palestinos al Estado de Israel.
Los propietarios palestinos de estas tierras fueron expulsados o huyeron a Jordania durante la Guerra de los Seis Días y se establecieron en campos de refugiados. Muchos de los desplazados, cuyo número se estima entre 100.000 y 300.000 personas, eran refugiados de 1948 que dejaron casas y tierras en Haifa, Jaffa y Jerusalén. La imposición de la ley israelí en el Área C convertirá inmediatamente esas propiedades en «propiedades abandonada», en otras palabras, se convertirán en propiedades del Estado a través de la anexión del Estado ocupante.
En 2014 un panel ampliado de siete jueces de la Corte Suprema dictaminó que la anexión de Jerusalén Este permitió que la ley de «propiedad abandonada» se aplicara a la propiedad de los palestinos que huyeron o fueron expulsados a Cisjordania. Según este precedente, anexar partes de Cisjordania convertiría inmediatamente las tierras de los desplazados en propiedades abandonadas y anulará la orden Nº 58 del comandante militar de 1967 vigente en Cisjordania. Esta orden diferencia el estatuto de los nuevos refugiados del de sus hermanos israelíes más veteranos, cuyas propiedades se declararon “abandonadas” y marcadas «prohibidas a los árabes».
La orden establece que si «alguien que fue propietario o alguien que posee un activo abandonado legalmente, de acuerdo con las circunstancias, regresó, el supervisor transferirá la propiedad o su valor a sus manos, y cuando esto se haya hecho, el activo dejará de serlo para el supervisor y volverá a esta misma persona quien sea que venga en su lugar». Hasta entonces la tierra se deposita en manos del supervisor de la propiedad estatal en la Administración Civil y el Gobierno no tiene permitido asignar estas tierras para colonias.
Una vista de la colonia cisjordana de Ma’ale Efraim en las colinas del valle del Jordán. Ariel Schalit, AP
Además de la orden del comandante militar, en julio de 1967 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordenó a Israel que permitiera a los residentes de los territorios que huyeron durante la guerra regresar a sus hogares. En el acuerdo de paz con Egipto y los Acuerdos de Oslo Israel se comprometió a actuar para resolver el problema de los desplazados.
Sin embargo el profesor de derecho Eyal Benvenisti, de la Universidad de Cambridge, cree que la aplicación del derecho israelí a Judea y Samaria no cumplirá la prueba del derecho internacional e incluso contradice el principio de la democracia. Según Benvenisti, cualquier imposición de la autoridad gubernamental israelí a los palestinos que se oponga a la autoridad del comandante militar que resulta del derecho internacional, podría considerarse una violación inadmisible del derecho a la dignidad, porque los trata como objetos y no pide su consentimiento a su autoridad. Benvenisti explica que después de la Revolución Francesa, cuando el ejército francés comenzó a conquistar el territorio más allá de sus fronteras, realizó con cautela referéndums en las nuevas regiones, basado en el entendimiento de que la afiliación a un país democrático no puede imponerse a aquellos que no han dado su permiso para su autoridad.
Pero cuando se trata de la empresa de colonias el derecho internacional y los principios democráticos son, en el mejor de los casos, solo una recomendación. Cuando se trata de los palestinos desplazados del valle del Jordán, los gobiernos israelíes han perfeccionado el concepto de abandono de la propiedad. El informe anual de la Contraloría estatal para 2005 reveló que a finales de los años 60 y 70, a las comunidades israelíes y las bases del ejército en el Valle del Jordán se les asignaron miles de dunams de tierras propiedad de los desplazados.
Cuando se cerraron media docena de campamentos, el primer ministro Ariel Sharon ordenó que sus tierras «liberadas» fueran entregadas a las colonias cercanas. El contralor estatal escribió que el asesor legal de la Administración Civil de Judea y Samaria advirtió dos años antes de que el uso de esa tierra era ilegal y advirtió de una «reacción en cadena que podría poner en riesgo todos los terrenos de las comunidades relevantes». Y agregó: los asentamientos no informaron a los compradores de las casas y terrenos, ni a los bancos hipotecarios que les proporcionaron préstamos, de que esto era -en la práctica- un robo de tierras.
Al menos en un caso el robo de tierras se llevó a cabo con la ayuda de dos oficiales corruptos de la Administración Civil que ayudaron a un par de estafadores a robar tierras de personas desplazadas con la ayuda de documentos falsificados. Desafortunadamente para ellos, el heredero del terrateniente, que se había convertido en ministro del Gobierno jordano, descubrió que la tierra había sido vendida y había llegado a las manos de la compañía Himnuta, el brazo largo y retorcido del Fondo Nacional Judío en los territorios ocupados Los oficiales fueron llevados a juicio y llegaron a un acuerdo indulgente.
Para evitar «accidentes» similares, la Administración Civil preparó una lista negra de unos 2.000 palestinos cuyas tierras en el Valle del Jordán fueron entregadas a los colonos o como compensación para los palestinos cuyas tierras fueron confiscadas a favor de sus vecinos judíos.
Por temor a que las personas desplazadas exigieran lo que merecían según la ley israelí vigente en los territorios, las solicitudes de los desplazados para cruzar el río Jordán en el marco de la reunificación familiar, e incluso con el propósito de visitas cortas, fueron denegadas con la excusa regular de «consideraciones de seguridad».
La imposición de la ley israelí en el Valle del Jordán es el mejor negocio inmobiliario desde la aprobación de la ley de propiedad abandonada de hace 70 años. Con el golpe de una sola ley de anexión, el Gobierno Likud-Azul y Blanco-Laborista resolverá al mismo tiempo el problema de la paz y también blanqueará uno de los mayores robos de tierras desde la fundación de Israel.