Por décadas Miami ha sido cubil de terroristas. De los terroristas de la extrema derecha cubanoamericana. Terroristas originalmente reclutados, entrenados, financiados y dirigidos por autoridades de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en su afán por destruir a la revolución cubana. Terroristas a los que las autoridades federales aún les brindan la protección que […]
Por décadas Miami ha sido cubil de terroristas. De los terroristas de la extrema derecha cubanoamericana. Terroristas originalmente reclutados, entrenados, financiados y dirigidos por autoridades de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en su afán por destruir a la revolución cubana. Terroristas a los que las autoridades federales aún les brindan la protección que les da la impunidad para aquí permanecer libres en evidente violación de lo que la ley establece.
Por ejemplo, Orlando Bosch, repugnante terrorista confeso, que públicamente, por radio y televisión se vanagloria de sus horrendos crímenes, quien vive libre entre nosotros por obra y gracia del presidente George Bush, el Primero, el padre del actual presidente de la República, desfachatadamente viola los términos de su libertad condicional, dirigiendo una organización de terroristas y organizando actividades políticas a favor de otros terroristas, consortes de él, como fue la manifestación a favor de Luis Posada Carriles el pasado 19 de enero, y otra, convocada para este próximo sábado, exigiendo la libertad de Posada y otros dos terroristas temporalmente encarcelados, Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat.
Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat, quienes de acuerdo a declaraciones de autoridades federales, entraron ilegalmente al país, por estas playas, a bordo del barco Santrina a Posada Carriles, y que están presos desde hace un poco más de un año por habérseles encontrado un arsenal de armas, municiones y explosivos, recientemente, el pasado 17 de enero, le entregaron a las autoridades, a través de sus abogados, otro arsenal de armas, municiones y explosivos, propiedad de ellos, que incluía ametralladoras, explosivos C-4, dinamita, detonadores y lanza granadas, aún mayor que el primer arsenal, con el propósito de llegar a otro acuerdo con la fiscalía para que se le rebajaran sus condenas por posesión del primer arsenal.
En medio de una campaña internacional dirigida por esta Administración en contra del terrorismo, motivada por los hechos terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, la cual, para encontrar terroristas ha llevado la guerra y la desolación a los pueblos de Iraq y Afganistán –al otro lado del mundo–, guerras que han costado la vida a más de tres mil soldados norteamericanos, la fiscalía federal, en Miami, está en tratos con dos terroristas para reducirle condenas irrisorias (por posesión del primer arsenal Álvarez y Mitat fueron condenados a sólo 4 y 3 años de prisión respectivamente ) por éstos haber entregado un segundo arsenal de armas, municiones y explosivos que guardaban en un sitio de nuestra ciudad.
¿No son ultrajantes estas decisiones de la fiscalía federal? No demuestran estos tratos con estos terroristas una relación especial entre el gobierno federal y estos asesinos? ¿No demuestran estos acuerdos y extrañas condenas una confabulación entre el gobierno federal y estos terroristas?
Parece que mientras esos arsenales de armas y explosivos sean para ser utilizados en contra del pueblo cubano, para causar muerte y desolación en Cuba, no importa; se les perdona el haberlos comprado y almacenados aquí sin el supuesto conocimiento de las autoridades federales…
¿Es así como este gobierno pretende afianzar la colaboración internacional en su campaña en contra del terrorismo, que es piedra angular de la seguridad nacional? Además, ¿que garantía tienen las autoridades federales que estas armas y explosivos no iban a ser utilizadas por esos terroristas, u otros de sus consortes, aquí en Miami contra otras personas, como tantas otras veces ha ocurrido?
Entonces, está el caso, entre otros, del nefando terrorista Luis Posada Carriles. Documentos desclasificados durante los últimos dos años demuestran que en 1976 los servicios de inteligencia de Estados Unidos tuvieron conocimiento previo que Posada Carriles y su consorte Orlando Bosch, después de haber perpetrado el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en la capital federal, estaban planificando hacer volar un avión civil de Cubana de Aviación, como hicieron el 6 de octubre de ese año, con la pérdida de los 73 pasajeros a bordo.
Un mes después de que Posada fuera finalmente detenido en Miami, en mayo del 2005, después de haber entrado ilegalmente al país, el gobierno venezolano amparado en el vigente tratado de extradición firmado en 1922 entre Estados Unidos y Venezuela exigió la extradición de Posada para continuar el curso de su proceso legal en Venezuela por su responsabilidad en la muerte de 73 personas, pasajeros del avión de Cubana de Aviación.
A Posada el gobierno federal sólo lo ha acusado por delitos asociados a su entrada ilegal a Estados Unidos en el 2005. La Administración Bush no ha respondido a la petición de extradición del gobierno venezolano. Como tampoco se ha pronunciado sobre las actividades terroristas de Posada, antiguo y valioso agente de la CIA, especialmente sobre su responsabilidad en la muerte de las 73 personas, pasajeros del avión de Cubana.
Dos tratados internacionales de los que Estados Unidos es signatario (la Convención sobre Aeronaútica Civil, firmada en Montreal en 1971 y la Convención Internacional sobre la Supresión de Actos Terroristas de 1997) obligan al gobierno federal si por cualquier razón no extradita a Posada a Venezuela para ser juzgado por sus crímenes a «… sin excepción alguna, háyase cometido o no el delito en su territorio, a presentarlo, sin demora, a sus autoridades competentes para ser procesado de acuerdo a las leyes de ese Estado». Y ser procesado como si el delito hubiese sido cometido en ese Estado.
Nada ha hecho el gobierno federal para hacer cumplir las leyes y los tratados internacionales en relación al terrorista Posada Carriles por los crímenes de lesa humanidad por él cometidos. Nada han hecho las autoridades federales que afecte la impunidad que por décadas, aquí en Miami, les han brindado a estos terroristas.
Su proceder confirma la verdad de la aseveración del actual presidente Bush hecha en abril del 2005: «Si alguien protege a un terrorista, si alguien respalda a un terrorista, si alguien cobija a un terrorista, entonces esa persona es tan culpable como los propios terroristas».