El presidente George W. Bush afronta múltiples desafíos judiciales y legislativos por la situación de los prisioneros en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, y ordenó esta semana acelerar los juicios militares contra esos detenidos. En primera instancia, está en cuestión la constitucionalidad de la Ley de Comisiones Militares, sancionada por Bush […]
El presidente George W. Bush afronta múltiples desafíos judiciales y legislativos por la situación de los prisioneros en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, y ordenó esta semana acelerar los juicios militares contra esos detenidos.
En primera instancia, está en cuestión la constitucionalidad de la Ley de Comisiones Militares, sancionada por Bush en octubre pasado.
Se prevé que, en el marco que establece esa ley, el australiano David Hicks sea acusado formalmente por la fiscalía militar a fines de la semana próxima.
También lo serán el canadiense Omar Khadr, a quien se atribuye la muerte de un soldado de las Fuerzas Especiales del ejército estadounidense en combate en Afganistán, y el yemenita Salim Ahmed Hamdan, señalado como apoyo de miembros operativos de la red terrorista Al Qaeda.
Las autoridades delinearon las acusaciones –que incluyen homicidio, conspiración y suministro de apoyo material a terroristas– contra los tres el 2 de este mes.
Una vez que se formule la acusación formal, la ley indica la celebración de audiencias preliminares en un plazo de 30 días y el inicio de un juicio por jurado en un plazo de 120.
Todos esos procedimientos se realizarán en Guantánamo, donde aún están presos 400 sospechosos de vínculos con Al Qaeda y el movimiento islamista Talibán, que gobernó Afganistán entre 1996 y 2001.
Mientras, el senador Chris Dodd, del opositor Partido Demócrata y aspirante a la presidencia, presentó esta semana un proyecto de ley que contiene importantes cambios a la Ley de Comisiones Militares.
La iniciativa cuenta con el apoyo de otros senadores demócratas, como Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial, Russ Feingold y Robert Menendez.
El proyecto restauraría el derecho al hábeas corpus para los detenidos, define más restrictivamente al combatiente enemigo ilegítimo y prohíbe el uso en el tribunal como evidencia de información obtenida a través de coerción.
También faculta a los jueces militares a desacreditar evidencia que consideren de no fiar, autoriza al Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas a revisar las decisiones de las Comisiones Militares, limita la autoridad del presidente para interpretar las Convenciones de Ginebra y la somete a la supervisión del Congreso legislativo y el Poder Judicial.
El principio de hábeas corpus, incluido en la Constitución, es una de las claves del derecho estadounidense desde la fundación del país. Esta provisión da a los detenidos el derecho a acudir a los tribunales para cuestionar su arresto.
La norma cuenta con el apoyo de organizaciones de derechos civiles y humanos como la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro para Víctimas de la Tortura, Open Society Institute y la Coalición Internacional de Abolición de la Tortura y Apoyo a los Sobrevivientes.
Los abogados que representan a detenidos en Guantánamo solicitaron al Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Washington que declare inconstitucional la suspensión del hábeas corpus.
También siete jueces retirados exigieron al Tribunal de Apelaciones determinar la inconstitucionalidad de las cláusulas de la Ley de Comisiones Militares referidas al hábeas corpus.
Pero éstas son solo algunas demandas de inconstitucionalidad referidas a la ley abrogada por el presidente Bush.
Esta norma impide a los jueces civiles atender demandas de los detenidos en Guantánamo e instala un proceso restringidísimo de apelaciones para aquellos que procuran contradecir su calificación de combatientes enemigos o la acusación de crímenes de guerra a cargo de una Comisión Militar a cargo de juzgarlos.
Uno de los recursos de inconstitucionalidad fue presentado por los abogados de un detenido que con seguridad figurará entre los primeros en ser procesados por la Ley de Comisiones Militares, Majid Khan, uno de los 14 supuestos miembros de Al Qaeda transferidos hace poco a Guantánamo desde cárceles secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Otro recurso es en defensa de 25 detenidos en la base de la fuerza aérea en Bagram, Afganistán, donde hay medio millar de prisioneros.
Khan, detenido clandestinamente durante tres años y medio, tiene familia en Estados Unidos y nunca tuvo una audiencia judicial ante un juez neutral, ni siquiera en un panel militar, para determinar la legalidad de su arresto.
La demanda indica que Khan fue sometido a torturas y a tratamiento cruel, inhumano y degradante, y obligado a realizar declaraciones falsas.
Hoy están pendientes de resolución las demandas en representación de 400 detenidos en Guantánamo en tribunales de distrito o de apelaciones en Washington.
Expertos en derecho prevén que muchos de esos casos llegarán hasta la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia determinó en julio pasado que los tribunales militares que procesan a sospechosos de terrorismo detenidos en la base de Guantánamo son inconstitucionales.
Por una votación de cinco a tres, el tribunal también afirmó que los detenidos por supuesta vinculación con la red terrorista Al Qaeda o en su carácter de «combatientes ilegales» estaban amparados por las Convenciones de Ginebra, que rigen el derecho internacional humanitario. (FIN/IPS/traen-mj/wf/ks/na mm ip hd sp/07) (FIN/2007)