Existe una transferencia masiva de riqueza -valor creado por la clase trabajadora- que se aleja de los servicios humanos y va a parar a las arcas del complejo militar-industrial.
El 10 de marzo se aprobó en la Cámara de Representantes y en el Senado un proyecto de ley “ómnibus” de gastos por valor de $1,5 billones de dólares, que se espera que firme el presidente Joe Biden. Más de la mitad del dinero de la Ley de Asignaciones Consolidadas -$782.000 millones de dólares, un aumento de $42.000 millones de dólares respecto al año fiscal 2021- se destina al gasto del Pentágono. Por supuesto, la OTAN, el representante del Pentágono en Europa, se lleva una parte del pastel.
Además, $13.600 millones de dólares se destinan a Ucrania, y no sólo para las armas propagandísticas de alimentos y otras ayudas “humanitarias”. Estados Unidos está proporcionando “asistencia a las fuerzas de seguridad”. Además, se reservan casi $7.000 millones de dólares para que varias ramas del gobierno estadounidense -sobre todo el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y los Marines, pero también su brazo ideológico internacional, Voice of America- “respondan a la situación de Ucrania.” (rules.house.gov)
Y no es que el resto del dinero vaya a programas que benefician a la clase trabajadora y a los oprimidos. Decenas de miles de millones de dólares se destinarán a la vigilancia policial: desde la Patrulla de Aduanas y Fronteras y el Servicio de Inmigración y Aduanas, hasta el FBI y la CIA, pasando por la policía del capitolio y los departamentos de policía locales. Para estos últimos, las reformas policiales estipuladas en la Ley George Floyd, aprobada por la Cámara, fueron desechadas.
Recorte de los fondos de COVID-19
Los demócratas del Congreso habían propuesto $30.000 millones de dólares para continuar la lucha contra el COVID-19, pero luego recortaron la cantidad a más de la mitad bajo la presión de sus homólogos republicanos. Después de que los demócratas más progresistas se quejaran de la reducción de la cantidad, los demócratas convencionales eliminaron los $14.000 millones restantes del presupuesto, con la dudosa promesa de recuperarlos en un proyecto de ley distinto.
Lo que se había destinado al desarrollo y distribución de vacunas junto con las pruebas masivas es casi igual a lo que el Senado, en una votación bipartidista de 68-31, aprobó para el régimen golpista de derecha en Ucrania.
Otros miles de millones de dólares se destinan a los llamados “programas de democracia”, supuestamente para “contrarrestar la desinformación propagada por actores malignos, incluyendo la República Popular China y la Federación Rusa”. De hecho, son las entidades financiadas por Estados Unidos, como la Fundación Nacional para la Democracia, las que han difundido la desinformación y fomentado la disidencia durante décadas contra los gobiernos que no están al servicio de los objetivos capitalistas de Estados Unidos. Se han reservado otros 40 millones de dólares para atacar a Venezuela.
El Director de Inteligencia Nacional debe informar sobre la industria biotecnológica de China y la iniciativa Belt and Road -qué países y entidades hacen negocios con China-, así como sobre los “derechos humanos” en Hong Kong y la eficacia de las sanciones de Estados Unidos a países seleccionados.
El Estado del apartheid israelí, por su parte, está en la línea de recibir al menos $3.300 millones de dólares de ayuda estadounidense en el actual año fiscal.
Los barones del Capitolio
Del dinero restante deben salir las ayudas a la alimentación y a la vivienda, Medicare y Medicaid, la financiación de la educación, la planificación familiar (¡sin que el proyecto de ley permita destinar dinero federal a los abortos!), la prevención del abuso de sustancias, la ayuda en caso de catástrofes, los organismos de aplicación de los derechos laborales y civiles, el transporte público y todos los programas sociales de los que dependen las masas.
Se trata de una transferencia masiva de riqueza -valor creado por la clase trabajadora- que se aleja de los servicios humanos y va a parar a las arcas del complejo militar-industrial. Este robo de la clase dominante se produce en un momento en que los trabajadores y los pobres están luchando con la inflación en un máximo de 40 años y ahora los precios extorsivos, impulsados por la guerra para llenar sus tanques de gas y calentar sus hogares. El proyecto de ley perjudica más a las comunidades de color, a las mujeres, a las personas oprimidas por su género y al colectivo LGBTQ2S+, a los jóvenes, a los ancianos y a las personas con discapacidad.
El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, calificó la ley como “el paquete de financiación gubernamental más fuerte, audaz y significativo que hemos visto en mucho tiempo”. (New York Times, 10 de marzo)
El comentario de Schumer debería echar por tierra cualquier ilusión de que el Partido Demócrata es el partido de los derechos laborales y civiles.
Una guerra masiva y de clase -no contra Rusia o China, sino contra el sistema capitalista- es la única guerra que merece la pena pelear. O financiar.