La dimisión de Jon Darpón es de momento el último revés sufrido por el PNV, tras la prórroga de los Presupuestos y el pulso en la Ley de Acompañamiento. Tampoco calculó bien en Madrid, y en Catalunya ha roto complicidades históricas. Pero el guión jeltzale es tozudo: la culpa es siempre de los demás. […]
La dimisión de Jon Darpón es de momento el último revés sufrido por el PNV, tras la prórroga de los Presupuestos y el pulso en la Ley de Acompañamiento. Tampoco calculó bien en Madrid, y en Catalunya ha roto complicidades históricas. Pero el guión jeltzale es tozudo: la culpa es siempre de los demás.
La respuesta de Andoni Ortuzar a la dimisión de Jon Darpón muestra el talante con el que el PNV ha digerido la reprobación mayoritaria del consejero, señalado por las irregularidades de la OPE de Osakidetza. El presidente del EBB dijo en Radio Euskadi que EH Bildu y PP mantienen una estrategia común y coordinada para actuar contra el Gobierno, y aunque queda al criterio de oyentes y lectores valorar la verosimilitud de estas palabras, es difícil imaginar una entente como la sugerida en esa entrevista. En Sabin Etxea han decidido que repartir a diestro y siniestro es la mejor forma de achicar agua y salir del paso ante una notable crisis institucional, sin embargo, cuando los reveses se acumulan no se puede echar siempre la culpa al contrario, al árbitro o al empedrado. Y el PNV lleva meses encadenando contratiempos.
Cuando la negociación presupuestaria con EH Bildu fracasó, abocando a las cuentas públicas a la prórroga, Lakua también señaló a la coalición, acusándole de no tener voluntad de negociar sino «solo de aparentar». Ocurre que fue el propio Ejecutivo el que planteó un ultimátum cuando aún había margen para el acuerdo y que acabó por retirar su propio proyecto presupuestario. Arnaldo Otegi valoró entonces que al PNV le había entrado «vértigo» ante la posibilidad de alcanzar un pacto que mejorara la vida de miles de trabajadores y pensionistas en los términos expuestos por EH Bildu, que demandaba, por ejemplo, una pensión mínima de 859 euros a partir de este año, como punto de partida hacia los 1.080 euros.