Cuatro altos cargos de Izquierda Unida -el coordinador regional, Cayo Lara; el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes; el responsable federal de Organización, Manuel Cámara y el ex concejal de IU en el Ayuntamiento de Toledo, José Esteban Chozas- tendrán que declarar el próximo lunes, día 17 de septiembre, ante el Juzgado de Instrucción número 3 […]
Cuatro altos cargos de Izquierda Unida -el coordinador regional, Cayo Lara; el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes; el responsable federal de Organización, Manuel Cámara y el ex concejal de IU en el Ayuntamiento de Toledo, José Esteban Chozas- tendrán que declarar el próximo lunes, día 17 de septiembre, ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo por una nueva querella por calumnias del constructor Francisco Hernando, El Pocero.
De los cuatro miembros de IU que tendrán que prestar declarar, tres -Lara, Fuentes y Cámara- fueron los que presentaron en julio de 2006 la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto trato de favor en la tramitación del PAU «El Quiñón», de Seseña, donde están proyectadas 13.408 viviendas. Y José Esteban Chozas ha sido denunciado porque participó en una rueda de Prensa de IU celebrada en mayo de 2006 en la que, entre otras cosas, se expuso un vídeo sobre las obras que estaba haciendo en Toledo la empresa de El Pocero, «Onde 2000», en «Hípica Almenara», una sociedad de la que es accionista el ex presidente de la Junta y ex ministro de Defensa, José Bono.
«Es paradójico que los que hemos denunciado tengamos que seguir declarando, mientras el denunciado todavía no lo ha hecho. Es el mundo al revés», dijo ayer Cayo Lara, quien explicó que confía que antes de febrero -cuando se cumplan 18 meses de la denuncia- la Fiscalía Anticorrupción se pronuncie sobre este caso que IU llevó a los tribunales porque entendían que el Gobierno regional que presidía entonces José Bono favoreció el enriquecimiento de El Pocero al permitirle que entre las 13.508 viviendas proyectadas no hubiera ninguna de protección oficial mediante una reforma en la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanizadora (Lotau). Según reiteró ayer el coordinador regional de IU esta operación le reportó al constructor Francisco Hernando «unos 720 millones de euros».
La marcha de Gil
El coordinador regional de IU también relacionó ayer el cierre del periódico «La Voz de la Sagra» -propiedad del constructor- con el fin de las elecciones municipales en las que intentaba derribar al actual alcalde. «No ha podido y, ahora, ha cambiado de estrategia, dijo Lara en referencia a la querella interpuesta contra los dirigentes de su partido.
Además, Cayo Lara dijo que la ausencia de Alejandro Gil -que fuera consejero de Vivienda y Urbanismo en aquella época- en el nuevo gobierno de José María Barreda «tiene que ver» que la denuncia de IU en la Fiscalía Anticorrupción. Pese a todo, «nosotros seguiremos denunciando irregularidades urbanísticas», dijo, por último.