Considera «evidente» que el ex Consejero de Educación sufrió un juicio paralelo y que su imputación causa daños
El Gobierno de Asturias se encuentra inmerso en un grave caso de presumible trama de corrupción denominada «Operación Marea» que la juez del juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón, Ana López Pandiella, inició hace ya más de un año, en un sumario que aún permanece bajo secreto.
El 25 de enero pasado dictó orden de prisión sin fianza del que hasta el pasado verano fuera Consejero de Educación, Jesé Luis Iglesias Riopedre, de la directora general de Planificación de la misma Consejería de Educación, María Jesús Otero y de la funcionaria Marta Renedo Avilés, jefa de servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, de la que es Consejera Ana Rosa Migoya. Tanto Renedo como Otero, ocupaban los más altos cargos dentro de sus respectivas consejerías. En este mismo auto se imputaron también a dos empresarios representares de Igrafo y Almacenes Pumarín, proveedores de distintos materiales.
Posteriormente la juez dictó orden de embargo de los bienes de los encarcelados y libertad bajo fianza para los dos empresarios.
La pasada semana, el Consejero de Educación, Iglesias Riopedre, fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros, tras 42 días de prisión en la cárcel de Villabona.
Desde luego sí ha habido presiones mediáticas, como dice el Presidente del TSJA, pero más bien en el sentido de exculpar a los implicados sin más argumentos que la presunción de inocencia. Aunque la presunción es evidente, también lo ha de ser que si han sido imputados y a prisión, ha sido por orden de la juez que instruye el caso. Y es precisamente sobre la juez sobre quien más presión se ha ejercido por llevar el sumario en secreto, manteniéndolo todavía al día de hoy. Dada la cantidad de gente que parece ser está siendo implicada, además de otras empresas, razones no han de faltar para mantener el secreto del sumario. También se ejerció presión sobre la juez con el argumento de que no tenía competencia ya que esta correspondería a los juzgados de Oviedo, lugar de residencia de los acusados. Pero la juez mantuvo su criterio argumentando que la denuncia fue formulada en Gijón, entre otras cosas.
Tampoco faltaron declaraciones críticas, por parte del destacados miembros del PSOE y de IU, en el sentido de dar un mejor trato al ex Consejero Riopedre, bien recurriendo a la necesidad de levantar el secreto del sumario por la indefensión que pudiera originar o bien aludiendo su incuestionable honradez, trayectoria, etc. Dicho todo esto por personas que son corresponsables, políticamente al menos, de esta trama y de las prácticas nada transparentes de contratación que se siguen en el Gobierno que, además, se ha rodeado de una nube de «asesores» nombrados a dedo, en detrimento de los funcionarios que debieran ser los responsables de la buena marcha de la Administración.
Lo singular de esta denominada «Operación Marea» es que desde el primer momento, hace ya poco más de un año, la instrucción no sólo se mantuvo en secreto, sino que además la juez prescindió de la policía judicial y sólo recurrió a personas de su confianza.
No puede ocultarse que estando implicadas dos consejerías del Gobierno de Asturias, del PSOE-IU, y siendo el Delegado del Gobierno, Antonio Trevín, también del mismo partido, la juez estimó prudente llevar la investigación con la mayor discreción, tal como ha hecho. Así es que el día de las detenciones, sin previo aviso, la sorpresa fue mayúscula para el Gobierno y para las filas del PSOE-IU que nada o muy poco sabían.
El PSOE, pillado por sorpresa, reaccionó de modo dispar. El candidato a la presidencia del Gobierno y Secretario General del partido, Javier Fernández, se desmarcó de inmediato, seguramente por temor a verse salpicado en la trama, en vísperas de la campaña electoral. Mientras que el actual Presidente, Vicente Álvarez Areces, se enfrentó con el candidato.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) olvida que, aparte de la presunta culpabilidad penal, sí hay otra de la que no se puede librar el Sr. Riopedre, como es la responsabilidad política. Ésta ha de compartirla, por supuesto, con el resto del Gobierno del que él mismo formaba parte de modo tan señalado.
Aún cabe añadir que no han sido los mecanismos de control del Gobierno ni de la oposición, ni tampoco de las inspecciones de la propia Administración quienes han descubierto la presunta trama de corrupción. No, en absoluto, sino la increíble torpeza de Marta Renedo Avilés, de quien la trama denominada «Marea», toma sus iniciales. Por ineptitud o por prepotencia, no pudo tener peor ocurrencia que intentar camuflar 100.000 euros en la cuenta bancaria de una persona, que al ser inspeccionada por Hacienda, presentó denuncia de lo sucedido. Con esta evidencia y una juez nada complaciente, ya nada pudieron hacer ni tampoco parar, la instrucción sigue, de momento.
Las declaraciones del Presidente del TSJA son inoportunas, porque dado el cargo que ocupa y teniendo en cuenta que, como titula en portada la revista «atlántica XXII», esto es sólo la punta del iceberg, ya que no parece que sea el único caso de corrupción en el Principado, sino el primero destapado de cierta importancia. Una madeja que amenaza enredarse en otras consejerías.
El caso implica seriamente a la Consejera Migoya y al Delegado del Gobierno Trevín, porque ambos, de una manera o de otra, han tenido relación estrecha y larga con Renedo y Otero en distintos puestos de importancia dentro del Gobierno. Sorprendentemente, añade la citada revista, el caso «Marea» aún no ha salpicado al Delegado Trevín, mientras mantiene a la Consejera Migoya en el punto de mira.
Nota.
Declaraciones realizadas por el Presidente del TSJA recogidas en dos diarios regionales
La Voz de Asturias / EFE. Vidau dice que es evidente que Riopedre ha sufrido un juicio paralelo y daños
La Nueva España. Vidau considera «evidente» que el ex consejero sufre un juicio paralelo. El presidente del TSJA reconoce que la imputación en un caso de corrupción «causa daños» a los afectados
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