En una indiscutible victoria para el presidente George Bush y sus métodos de lucha contra el terrorismo, el Tribunal Supremo de EE UU rechazó ayer el derecho de los presos en Guantánamo a recurrir su situación ante los tribunales norteamericanos, un derecho esencial consagrado en la Constitución, pero que se les niega a los detenidos […]
En una indiscutible victoria para el presidente George Bush y sus métodos de lucha contra el terrorismo, el Tribunal Supremo de EE UU rechazó ayer el derecho de los presos en Guantánamo a recurrir su situación ante los tribunales norteamericanos, un derecho esencial consagrado en la Constitución, pero que se les niega a los detenidos de Guantánamo por considerarlos combatientes extranjeros irregulares. Se trata de una decisión crucial, desalentadora para los presos y para las organizaciones de derechos humanos que habían batallado durante años contra la irregularidad de la prisión.
El rechazo del Tribunal Supremo cierra las puertas de la justicia ordinaria norteamericana -al menos por ahora- a los cerca de 400 detenidos en esa base militar estadounidense en la isla de Cuba, de los que apenas una decena han recibido cargos en su contra.
Seis de los nueve miembros del Supremo rechazaron la admisión de dos recursos presentados por los abogados de 40 de los detenidos después de que un tribunal federal se pronunciase ya el pasado mes de febrero en contra de la revisión del hábeas corpus de los presos de Guantánamo. El Supremo no descarta volver a pronunciarse en el futuro si la situación legal de los presos se deteriora más aún.
De momento, los presos tendrán, por tanto, que defender su situación, primero, ante unas comisiones militares especiales encargadas de dictaminar la legalidad de su detención, y, posteriormente, ante otros tribunales castrenses, que los juzgarán.
Los abogados de los detenidos consideran que, aunque no se encuentren físicamente en territorio norteamericano -Guantánamo es, formalmente, de soberanía cubana-, están bajo custodia de personal militar norteamericano y en una base de la que es propietaria EE UU, por lo que deberían ser protegidos por los mismos derechos que cualquier otro ciudadano norteamericano o extranjero en este país.
La mayoría del Supremo, sin negar explícitamente esa argumentación, consideró ayer que el Gobierno está legitimado a tratar a los presos como combatientes extranjeros y a mantener, por tanto, el procedimiento de comisiones militares de acuerdo con la ley antiterrorista aprobada al año pasado por el Congreso -todavía entonces de mayoría republicana- para autorizar, específicamente, ese modelo de tribunales. En realidad, no se trata de un pronunciamiento expreso sobre esa legitimidad, pero ésta se da por reconocida al haberse negado la máxima institución judicial a discutir el recurso.
«Se trata de una decisión decepcionante e injusta que respalda una iniciativa del Parlamento que claramente sorteaba la ley», declaró ayer, tras conocerse la noticia, Michael Ratner, presidente del Centro por los Derechos Constitucionales, uno de los grupos que ha dirigido la batalla legal por los presos de Guantánamo.
La decisión de ayer es la última de una larga disputa legal entre la Administración y el Supremo acerca de Guantánamo que todavía podría conocer algunos episodios en el futuro. En dos ocasiones, desde 2004, el más alto tribunal se pronunció en contra de la legalidad de los tribunales militares creados por el Gobierno para los llamados combatientes irregulares. Y en dos ocasiones, el Gobierno consiguió modificar la ley en el Congreso para incluir sus propósitos sobre los juicios en Guantánamo, hasta que, finalmente, ha conseguido una decisión del Supremo a su favor.
De esta forma, la Administración intentará, a partir de ahora, acelerar la comparecencia de los presos ante las comisiones militares con el objeto de establecer un status legal definitivo en Guantánamo y evitar nuevas acciones judiciales en contra.
Eso no representa, no obstante, una garantía plena de que el asunto de Guantánamo quede ya cerrado. Por un lado, el Supremo seguramente tendrá que pronunciarse en el futuro sobre otros recursos similares procedentes de otros tribunales. Es probable que la posición no sea diferente en esos casos. Pero otra cosa podría ser la revisión de la ley por parte del Congreso.
Dos de los jueces que ayer se pronunciaron contra la aceptación del recurso observaron que tomaban esa decisión basados únicamente en objeciones de procedimiento. La teoría del Supremo parece establecida, sobre la base de los dos pronunciamientos anteriores, en el reconocimiento de que los presos de Guantánamo están amparados por las leyes de EE UU, pero no quiere oponerse a los procedimientos judiciales regulados por el Legislativo.
Esto significa que el Congreso, ahora de mayoría demócrata, podría revisar la ley que permitía y regulaba las comisiones militares para Guantánamo, de tal manera que desaparezca el respaldo legal con que ahora mismo cuenta el Gobierno para esos procedimientos. Eso crearía una situación nueva en la que la actuación de los jueces podría también producir resultados diferentes.
Aunque varios congresistas demócratas han expresado su deseo de acabar con Guantánamo y con las leyes que lo protegen, todo esto supone un difícil y largo proceso durante el que los presos serán tratados y juzgados de acuerdo con las normas actuales.