Las exitosas y participativas movilizaciones de febrero de 2008, y noviembre de ese mismo año, apuntan el sendero que debemos seguir: resistir, criticar, denunciar, un proyecto educativo que no sólo no soluciona ninguno de los graves problemas de la enseñanza preuniversitaria en Catalunya sino que incluso puede agravarlos o, cuanto menos, darles rango de ley. […]
Las exitosas y participativas movilizaciones de febrero de 2008, y noviembre de ese mismo año, apuntan el sendero que debemos seguir: resistir, criticar, denunciar, un proyecto educativo que no sólo no soluciona ninguno de los graves problemas de la enseñanza preuniversitaria en Catalunya sino que incluso puede agravarlos o, cuanto menos, darles rango de ley. Baste pensar en el apoyo al proyecto de Ley de CiU, una organización política que se ha destacado por su apoyo explícito, u oculto a veces, a la enseñanza privada concertada, par darnos cuenta del resto al que nos enfrentamos. ¡Mejor activos hoy, que mañana (más) privatizados!
El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha tramitado en el Parlamento el proyecto de la nueva Ley de Educación de Catalunya (LEC). Ante este hecho los sindicatos USTEC·STEs, ASPEPC-SPS i CGT nos dirigimos a los trabajadores y trabajadoras, y a la ciudadanía en general, para informar de las medidas que este proyecto comporta y valorar sus consecuencias.
Entendemos que este proyecto de Ley no resuelve los problemas que hoy padece la enseñanza pública, sino todo lo contrario, avanza hacia la privatización y la organización empresarial de los centros públicos. Es por ello que os invitamos a hacer público vuestro rechazo al citado proyecto de ley, a dar apoyo a las movilizaciones que contra ella estamos llevando a cabo y a adherir-os, como organización y/o personalmente, a este manifiesto.
MANIFIESTO
El proyecto de Ley de Educación de Catalunya (LEC) supone abrir vías para avanzar hacia la privatización de sectores de la enseñanza pública como la etapa de 0-3 años, la formación profesional, el bachillerato nocturno, la formación de personas adultas, centros educativos en zonas desfavorecidas y otros, como los servicios educativos, las actividades extraescolares. Además, consolida e incrementa el traspaso de dinero público hacia las patronales de los centros privados concertados, mayoritariamente religiosos, ya que mantiene las condiciones que permiten a estas patronales continuar seleccionado al alumnado por su nivel económico y por su origen cultural y social, en los procesos de matriculación. Prioriza la oferta educativa del sector privado y confiere a la educación pública un carácter subsidiario, al mismo tiempo que refuerza la ideología de los citados centros privados. En definitiva, consolida el poder de las patronales, agrava la posterior división social del trabajo en función del tipo de escuela y favorece el fortalecimiento de la enseñanza confesional.
Su apuesta por la municipalización de la educación pública, a través de consorcios y/o fórmulas equivalentes, y la creación de centros municipales, supondrá una dispersión y un desmembramiento de la educación pública, que la pueden condenar a un lento proceso de privatización, así como a la desestructuración organizativa y en la aplicación de las políticas educativas, curriculares y lingüísticas.
El proyecte otorga también a los centros educativos un carácter empresarial y comercial, ya que les permite completar el financiamiento público con la obtención de recursos económicos propios a través de donaciones y venta de productos, incluso la posibilidad de endeudarse. Una práctica que aumentará las diferencias entre los centros según su entorno social y territorial.
En este sentido, plantea un modelo de gestión de los centros públicos de tipo gerencial, jerarquizado y autoritario, totalmente opuesto a la gestión democrática, lo que reducirá el papel de las estructuras de participación y gobierno del profesorado y de las familias (claustros y consejos escolares), al tiempo que desregularizará las actuales condiciones de trabajo del profesorado, aumentará la precariedad laboral de sectores del profesorado individualizando las relaciones laborales.
La propuesta que hace de inversión pública en educación, además de ser del todo insuficientes, no priorita en absoluto la inversión en la educación pública, lo que agravará los problemas de masificación en las aulas, de falta de profesorado para atender la diversidad del alumnado y la falta de instalaciones que padecen actualmente los centros públicos.
En definitiva, las medidas que propone la ley tienen a mercantilizar la educación de nuestro país, priorizan unas condiciones que aumentan las desigualdad entre los centros y entre el alumnado y suponen un ataque a la educación pública, que es la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a una educación pública, laica y de cualidad para todo el mundo, sea cual sea su nivel social, económico o cultural.
EXIGIMOS LA RETIRADA DE ESTA LEY