Los documentos originales del expediente de Luis Posada Carriles conservados durante años en la cámara fuerte del FBI de Miami fueron destruidos en el 2003, bajo orden de los más altos responsables del propio FBI con la complicidad de la Fiscalía Federal del Sur de la Florida, mientras la justicia panameña buscaba reunir pruebas del […]
Los documentos originales del expediente de Luis Posada Carriles conservados durante años en la cámara fuerte del FBI de Miami fueron destruidos en el 2003, bajo orden de los más altos responsables del propio FBI con la complicidad de la Fiscalía Federal del Sur de la Florida, mientras la justicia panameña buscaba reunir pruebas del pasado criminal del terrorista en vista a su enjuiciamiento. A horas del testimonio de la periodista norteamericana Ann Louise Bardach, en el juicio mediático de Luis Posada Carriles en El Paso, Texas, vale la pena recordar lo que esta misma reportera dijo, en el 2006, al contestar las preguntas de Amy Goodman quien la entrevistaba en su conocido programa radial Democracy Now!
Autora de una importante investigación sobre la Miami mafiosa, publicada en el 2003 bajo el título de Cuba confidencial, Bardach dispone de fuentes exclusivas tanto entre los mafiosos como en el FBI de Miami. Aquí, textualmente, sus palabras: «Mis fuentes dentro del FBI – realmente, tengo varias fuentes dentro del FBI y quiero ser algo prudente con esa situación pero son fuentes de primera mano – se quedaron asombradas porque en algún momento después del 2002 las evidencias en la sala de evidencias del FBI de Miami fueron destruidas – de lo que entiendo, fueron trituradas (shredded). Y esto implica cables originales de la Western Union, faxes – evidencias originales. Y la mayoría de las cortes exigen evidencias originales y no, como usted sabe, copias o facsímiles. Y alguien tomó la decisión de cerrar el caso. Y esto sería en el 2003 cuando Posada se encontraba bastante en los titulares. Creemos que este es el año cuando esto ocurrió». Bardach explicó luego cómo no se puede destruir evidencias sin que un caso sea cerrado y que para cerrar un caso se necesita las firmas tanto de la Fiscalía como del Jefe del FBI. Narró también cómo contactó al FBI para obtener más explicaciones y que el vocero le contestó que la sala de evidencias era repleta de objetos y que a veces hacía liberar espacio. Bardach entonces comentó: «La sala de evidencias también contiene cosas como ametralladoras o drogas que fueron ocupadas. En el caso de Posada, eran solo papeles. Así que uno se pregunta qué espacio esto ocupaba realmente. Y, como lo entiendo yo, esto fue pasado por el triturador». «Realmente, pienso que hace falta una investigación en esto», concluyó. Nunca hubo tal investigación. UN MAFIOSO COMO JEFE DEL FBI En su libro Cuba Confidential publicado en el 2003 (Vintage Books), Bardach contó cómo llegó en 1998, en Miami, el puertorriqueño Héctor Pesquera, como nuevo jefe (Special Agent in Charge) del FBI del Sur de la Florida. Este es el hombre que ordenará la destrucción del expediente Posada… y el mismo que perseguirá salvajemente a los Cinco antiterroristas cubanos que siguen secuestrados en cinco prisiones norteamericanas distintas, sometidas a las conocidas condiciones de encarcelamiento de este país. «Las esperanzas de los agentes y oficiales de policía fueron rápidamente aniquiladas. Pesquera, dijeron, empezó a fraternizar con miembros claves de la dirección del exilio [cubano] tales como: Alberto Hernández (anteriormente de la FNCA), Ileana Ros-Lehtinen, Domingo Otero (otro ex elemento duro de la FNCA) y Roberto Martín Pérez, un antiguo preso político cubano cuyo padre era un capitán de la policía de Batista en La Habana. Pesquera, dijo un agente en su oficina, hizo pronto un brusco viraje hacia la derecha y se abandonaron TODAS las investigaciones sobre el terrorismo», escribía Bardach en este libro. Es precisamente en este año 2003, cuando se destruyen esas pruebas en Miami, que la Fiscalía panameña se prepara a enjuiciar a Luis Posada Carriles y sus cómplices por el fracasado atentado del Paraninfo universitario que hubiera provocado miles de muertos. Esa Fiscalía ya había reclamado de la Embajada de Estados Unidos, en virtud de un tratado bilateral, el dossier de Posada y de los cubanoamericanos involucrados. Después de una larga espera, no recibió más que un expediente constituido por documentos obsoletos o insignificantes sin impacto real en la causa que se desarrolla. En cuanto al expediente constituido en Miami por el FBI del Sur de la Florida, nadie en Panamá se enteró jamás de su existencia. BUSH, POWELL Y OTTO REICH, AL SERVICIO DE LA MAFIA En el 2003, el caso de Posada y de sus cómplices era objeto en Miami de una intensa campaña desarrollada por la mafia terrorista, con todos los medios que dispone en su santuario… tanto en los medios de comunicaciones como en su red de contactos políticos tales como la actual jefa de Relaciones Exteriores en la Camara de Representantes, la ultraderechista Ileana Ros-Lehtinen, elegida gracias a su alianza con el mundo el terrorismo cubanoamericano. Roberto Martín Pérez, Feliciano Foyo y Horacio García, todos ex directores de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) que Posada designó públicamente como los «financieros» de sus actividades terroristas fueron recibidos por el subsecretario Roger Noriega el 2 de mayo del 2003 en el Departamento de Estado. El 20 de este mismo mes, el presidente norteamericano George W. Bush, invitaba a la Casa Blanca a once miembros de la extrema derecha cubanoamericana del Sur de la Florida. Entre ellos se encontraba Ernesto Díaz Rodríguez, hoy Jefe del grupo terrorista Alpha 66. El 3 de septiembre, se abría en Panamá la audiencia preliminar que, en dos sesiones, iba a llevar a Posada a un juicio. El viernes 10 de octubre del 2003, George W. Bush, acompañado por su Secretario de Estado, Colin Powell, ofreció un cóctel en el Jardín de la Rosa (el Rose Garden) de la Casa Blanca, donde se apareció Ninoska Pérez-Castellón, la diva de la radio terrorista miamense, y Luis Zúñiga Rey, ex jefe de la sección paramilitar de la FNCA, ambos fundadores del Cuban Liberty Council. El encuentro provocó, entre otros resultados, que Powell, durante su visita a Panamá en diciembre del mismo año, abordó con la presidenta mafiosa Mireya Moscoso el tema de Posada Carriles. Ros-Lehtinen y hasta el congresista Lincoln Díaz-Balart, el ahijado del dictador Fulgencio Batiusta, hicieron todo lo que encontraron al alcance de sus tentaculas para orientar la Moscoso hacia sus planillas de indulto. El 21 de enero de 2004, Otto Reich, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunió con Moscoso. En los días siguientes, circuló en Miami una información según la cual Otto Reich lo había «arreglado todo». El 18 de marzo se terminó el juicio relámpago contra Posada Carriles y demás acusados que recibirán condenas de complacencia… y el 26 de agosto siguiente, a unas horas de abandonar la presidencia, la Moscoso firmaba el indulto que permitía a los cuatro asesinos huir del país a toda velocidad. «no quieren que sus huellas dactilares aparezcan…»
Lo que hicieron. Los tres primeros terroristas en alcanzar Miami, Gasparito Jiménez, Pedro Remón y Gullermo Novo están ahí calladito, nadie les molesta, a pesar de su condena por terrorismo y de la irregularidad de su entrada al país por el aeropuerto de Opa-Locka.. Al terminarse la entrevista con Democracy Now!, Ann Louise Bardach cuenta cómo los propios abogados de Posada le dijeron que lo único que hace falta para encarcelar a este terrorista «es que Alberto Gonzales y Condoleezza Rice lo pongan bajo la Ley Patriótica y así lo pudieran detener tanto tiempo que quisieran…» «Pero esto Condoleezza Rice y Gonzales no lo van a hacer porque son cerca de la familia Bush. No van a hacer lo que sea porque no quieren que sus huellas dactilares aparezcan sobre esto. (…) Me dijeron que absolutamente nada ocurrirá antes de la elección y que – yo lo oí de ambos lados, de todos lados, que hay bastante política determinando cada elemento del caso», confirmó la autora de Cuba Confidencial. » La destrucción de los documentos del FBI de Miami se añade a otra desfachatez: hace unos días, los Archivos Nacionales de Seguridad de la Universidad George Washington anunciaban haber recibido del gobierno de los Estados Unidos una lista de cientos de documentos secretos sobre Orlando Bosch y Luis Posada Carriles que se niega a desclasificar. A todo esto se suma otro hecho que confirma la extensión de esa enorme red criminal. El abogado José Pertiera, encargado por la República Bolivariana de Venezuela del caso Posada, recuerda como «hace dos meses en El Paso nos enteramos de que una fiscal del Departamento de Seguridad le pidió en el 2005 a la encargada del caso Posada en la oficina del Departamento de Justicia en Miami que presentara cargos criminales contra él, y la fiscal se rehusó». Identificó a Caroline Heck Miller.
En 1998 el Fiscal Guy A. Lewis fue quiñen realizó el encausamiento por espionaje a los cinco cubanos cuando era ya fiscal federal adjunto de la Florida. En el 2000, ya subió a Fiscal Federal de tal forma que será su brazo derecho, Carloine Heck-Miller que piloteará el caso cuando se abre ante la jueza Joan Lenard.
Lewis que se hizo socio del agente CIA y connotado terrorista José Basalto que abrazó con frenesí al final de las propias audiencias, ni maquilla sus sentimientos violentamente anticubanos. Al término de la vergonzosa condena de Gerardo Hernández Nordelo, declaró a la prensa: «La sentencia de hoy es una clara victoria para Estados Unidos, y, lo más importante, para la comunidad del Sur de la Florida».
En marzo de 1999 en cartas dirigidas a la fiscal Caroline Heck-Miller, los abogados de los Cinco denunciaban ya las horribles condiciones de confinamiento de sus clientes que luego seran denunciadas por una comisión de juristas de la ONU. Las cartas de protesta de los abogados terminaron en el cesto de basura.
El 5 de marzo del 2003, se conoce por parte de funcionarios de la prisión de Lompoc que en el caso de Gerardo las visitas de sus abogados o de los cónsules deben previamente ser comunicadas a Heck Miller.
El 14 de marzo, la fiscal Caroline Heck Miller contesta al abogado Leonard Weinglass que el Fiscal General ha autorizado lo que llama Medidas Administrativas Especiales en contra de Los Cinco, y que estas estarían en vigor por un año. Y cuidado, decía, pudieran ser extendidas «por un período adicional».
Contaba Weinglass, como vio entonces a Gerardo «encerrado en lo que llaman la caja, es decir un ‘hueco’ dentro de un ‘hueco’, sin ropa y sin tener absolutamente ningún contacto con el mundo exterior».
Así es Carolina Heck-Miller y el sistema de justicia del país que predica el respeto a los «derechos humanos» donde y cuando le conviene. De todo esto se hablará poco, muy poco, en El Paso ante la jueza Kathleen Cardone, que debe su puesto a sus amigos del Clan Bush.