Es difícil afirmar -como hicieron muchos analistas después de la elección de Barack Obama- que la larga y brutal historia del racismo en Estados Unidos terminó y que es una «sociedad post-racial», sobre todo después de las manifestaciones masivas en más de cien ciudades para exigir justicia, después de que se emitió un veredicto de […]
Es difícil afirmar -como hicieron muchos analistas después de la elección de Barack Obama- que la larga y brutal historia del racismo en Estados Unidos terminó y que es una «sociedad post-racial», sobre todo después de las manifestaciones masivas en más de cien ciudades para exigir justicia, después de que se emitió un veredicto de no culpabilidad en el juicio de alto perfil sobre el asesinato de Trayvon Martin por parte de George Zimmerman.
George Zimmerman, de 29 años, caucásico y autodenominado «vigilante» de la comunidad, fue absuelto del 13 de julio de 2013 por un panel de seis personas del cargo de asesinato en segundo grado y un delito menor (homicidio involuntario) contra el afroamericano Trayvon Martin, de 17 años. El asesinato se produjo en febrero de 2012 en un barrio residencial de Sanford, Florida. Zimmerman reclama que Martin le atacó y que él debió disparar en defensa propia. Martin estaba desarmado y, momentos antes de su muerte, llamó a su novia para quejarse de que estaba siendo acosado por Zimmerman. La policía de Sanford permitió a Zimmerman salir libre sin cargos, pero después de seis semanas de protestas en todo el país, la presión pública obligó a detener a Zimmerman y acusarlo del asesinato.
El caso abre profundamente la herida nacional de la desigualdad racial que nunca fue capaz de curar. Las protestas masivas obligan (una vez más) a poner en primer plano el racismo sistémico, la discriminación racial y las conservadoras leyes de derechos de armas que criminalizan y marginan aún más a la gente de color en los Estados Unidos.
Un elemento central de este caso -que es cualquier cosa menos único – es la discriminación racial. Momentos antes de que Zimmerman tirara del gatillo, llamó a la policía para informarles que seguía a Martin mientras caminaba de la tienda a su casa. Perfiló a Martin como un presunto criminal por su apariencia de joven negro con una sudadera con capucha (que se convirtió en símbolo de la protesta y de la injusticia racial) caminando por un barrio mayoritariamente rico. En la grabación telefónica con la policía, Zimmerman exclamó: «pinches punks. Estos pendejos siempre se salen».
El prejuicio que Zimmerman expresa es representativo de la lógica más amplia del sistema de justicia penal estadunidense, evidenciado por sus propias estadísticas de crimen y encarcelamiento. Las personas de color son desproporcionadamente encarceladas, vigiladas y condenadas a muerte en un porcentaje significativamente más alto que sus homólogos blancos. La Oficina de Estadísticas de Justicia señala que uno de cada tres hombres negros puede ir a la cárcel en su vida. Las personas de color tienen un número desproporcionado mayor de encuentros con la policía, lo que indica que la discriminación racial es todavía un problema. Un informe del Departamento de Justicia informó que los negros y los hispanos son aproximadamente tres veces más propensos a ser revisados en los retenes que los conductores blancos. Los afroamericanos son dos veces más propensos a ser arrestados y casi cuatro veces más a experimentar el uso de la fuerza durante los encuentros con la policía.
Un estudio realizado por la organización Malcolm X Grassroots Movement (MXGM), encontró que tan sólo en 2012, se produjeron 313 ejecuciones extrajudiciales de afroamericanos por parte de la policía, guardias de seguridad y vigilantes. En una entrevista con Democracy Now!, Kali Akuno, miembro de MXGM, aseveró que «esto habla de la mentalidad de criminalizar a los de color. Lo vemos sistemáticamente en este país y realmente tenemos que llegar al corazón de ella y tener un diálogo más profundo. Creo que el movimiento de masas que tiene lugar en respuesta [al caso de Trayvon Martin] es un primer llamado a tener esa conversación».
El caso de Martin no es el primero en los últimos tiempos que llama a manifestarse por justicia racial y para iniciar un diálogo. En 2006, Sean Bell, afrodescendiente de 23 años, fue asesinado con más de 50 disparos de la policía de Nueva York en la víspera de su boda, cuando iba desarmado. La policía fue exonerada del asesinato y las protestas masivas empezaron. En 2009, en Nochevieja, Oscar Grant -de 22 años de edad y afroamericano- fue baleado por la espalda por la policía de Oakland después de que lo detuvieron en una estación de metro. Las protestas y los disturbios saltaron después del incidente. El oficial responsable fue condenado a una pena menor y en 2011 salió en libertad. En 2012, el afroamericano Anthony Anderson, de 46 años, fue brutalmente asesinado a golpes por la policía de Baltimore mientras se dirigía al cumpleaños de su nieta. No se formularon cargos contra los agentes.
Este aparente patrón de criminalización de los jóvenes de color hace que muchas familias expresen el miedo y la desconfianza en las mismas autoridades que se supone deben proteger y garantizar su seguridad y sus derechos. El columnista Auset Marian Lewis escribió en el Indypendent Reader de Baltimore: «Soy una mujer negra con un marido, hijos y nietos negros. Sus vidas se hicieron esta noche menos seguras [refiriéndose al veredicto de no culpable de George Zimmerman]. La sangre de un adolescente negro derramada por un vigilante violento no está sólo en las manos de George Zimmerman, sino el estado de Florida también».
Dispare primero, pregunte después
El otro factor importante que el caso Zimmerman-Martin sacó a la luz es la epidemia de violencia armada y las leyes que protegen a los tiradores. Incluso si la raza o la discriminación racial no fuera parte de este caso concreto, Zimmerman disparó y mató a un joven. Los grupos de control de armas argumentan que las leyes de Florida, incluyendo la llamada regla «defiende tu posición», sentaron las bases de la muerte de Martin. Señalan que a Zimmerman, quien tiene una historia de violencia previa, se le permitió llevar un arma oculta y usarla en supuesta defensa propia en lugar de retirarse.
La ley «defiende tu posición» o «dispare primero, pregunte después», como algunos la llaman, esencialmente da a los individuos el derecho a portar armas y disparar en un altercado alegando defensa propia. Los críticos argumentan que la ley hace que sea muy difícil llevar casos contra personas que disparan a los demás y luego reclaman la legítima defensa. El tirador puede argumentar que se sintió amenazados, y en la mayoría de los casos, el único testigo que puede sostener lo contrario es la persona fallecida. En esencia, promueve llevar armas ocultas y permisos de actos de fuerza mortal cuando a menudo pueden evitarse de otra manera. En Florida, donde se produjo el caso Zimmerman-Martin, los reclamos de autodefensa se triplicaron después de que se aprobó la ley. Treinta y uno de los 50 estados de Estados Unidos también tienen versiones de estas leyes.
Al igual que el sistema de justicia penal, la violencia armada y las víctimas de las leyes de «defiende tu posición» afectan desproporcionadamente a las personas de color. De acuerdo con el Centro de Ley para Prevenir la Violencia con Armas, unos 30 mil ciudadanos estadounidenses son asesinados por la violencia relacionada con armas cada año y el 67 por ciento son personas de color.
En los actos de violencia armada, como el de la Escuela Primaria Sandy Hook, que dejó 28 muertos -la mayoría niños-, los medios de comunicación retratan la afectación a la clase media y las comunidades blancas. Sin embargo, las comunidades más afectadas son las urbanas, pobres y de color. Entre 2008 y 2009, 34 mil 347 jóvenes fueron heridos por armas de fuego; el 70 por ciento fueron jóvenes de color.
A menudo, el deterioro del tejido social, la educación y el empleo ponen a los jóvenes de color en riesgo. En muchas partes del país, las autoridades y las empresas privadas invierten en las cárceles y la policía, mientras se reducen presupuestos de los centros de recreación y educación pública urbana. Los jóvenes activistas llaman a esto «el camino de la escuela a la cárcel». En Baltimore, después de una campaña de cinco años, jóvenes activistas lograron forzar al gobierno local para que desarmara los planes para construir un centro de detención para menores de un costo de 70 millones de dólares, sin embargo, la ciudad sigue recortando presupuesto para la educación y cerrando las instalaciones de recreación pública.
Respecto al caso Martin-Zimmerman, activistas y organizaciones llaman a más mítines y manifestaciones masivas. La Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP) lanzó una petición que obtuvo más de 1 millón de firmas en tres días para exigir que el Departamento de Justica ponga cargos federales de derechos civiles contra Zimmerman. Es claro que Estados Unidos no está en una era «post-racial».
Fuente: http://desinformemonos.org/2013/07/en-estados-unidos-la-justicia-racial-no-llega/