Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
El Pentágono ha producido su primer Manual de Derecho de Guerra válido para todo el Departamento de Defensa y los resultados no son alentadores para los periodistas quienes, según señala el documento, pueden ser tratados como «beligerantes sin privilegios». Pero la justificación del manual para categorizar a los periodistas de esta manera no se basa en ningún caso, ley o tratado específico. En su lugar, los pasajes relevantes tienen notas al pie que se refieren a otras partes del documento o a materias que no son propias de esta afirmación legal. Y el lenguaje utilizado para justificar esta categorización es débil en el mejor de los casos.
Esta categoría amplia y pobremente definida da a los comandantes militares estadounidenses en todos los servicios el pretendido derecho, por lo menos, de detener a los periodistas sin acusación y sin ninguna necesidad aparente de presentar pruebas o llevar a un sospechoso a un juicio. El Departamento de Defensa de la administración de Obama parece haber adoptado las mal definidas prácticas iniciadas bajo el Gobierno de Bush durante la Guerra Contra el Terror y las codificó para gobernar formalmente la manera en que las fuerzas militares tratan a los periodistas que cubren conflictos.
El impacto del manual en el exterior, especialmente en el corto plazo, puede llegar a ser peor. El lenguaje utilizado para justificar el trato a los periodistas como «beligerantes sin privilegios» se hace en tiempos en los cuales el derecho internacional para conflictos está siendo despreciado por grupos armados -incluyendo gobiernos, milicias o fuerzas insurgentes- desde Ucrania e Iraq a Nigeria y el Congo- y en una época en la cual el Committee to Protect Journalists (CPJ) ha documentado cantidades récord de periodistas encarcelados y muertos. En una época en la cual el liderazgo internacional sobre derechos humanos y libertad de prensa es más necesario, el Pentágono ha producido un documento que sirve a sus intereses y que desafortunadamente ayuda a bajar el nivel.
Hasta ahora el manual ha sido poco comentado por la prensa, pero The Washington Times y Russia Today informaron al respecto. El medio noticioso global financiado por Moscú Russia Today citó a Chris Chambers, un profesor de comunicaciones de pregrado de Georgetown University, quien dice que el manual da a las fuerzas militares de EE.UU. «permiso para atacar» a los periodistas.
Con 1.180 páginas y 6.196 notas al pie, el manual incluye un lenguaje vago y contradictorio sobre cuándo y cómo se puede aplicar a los periodistas la categoría de «beligerantes sin privilegios». Ignora los casos más relevantes en los que los militares de EE.UU. detuvieron a corresponsales de guerra y los acusó -utilizando el término acuñado por los funcionarios del Pentágono en los años 2000- de «combatientes ilegales» sin presentar pruebas y sin procesar a un solo periodista acusado. El manual menciona tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos, pero ignora la más importante, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se pronuncia con la mayor claridad sobre el derecho a la libre expresión y a la prensa.
El manual de la Ley de Guerra es el esfuerzo más ambicioso de su tipo hasta la fecha del Departamento de Defensa. Pero ya se parece dudar de su autoridad. El último párrafo del prefacio escrito por el principal autor y alto abogado del Pentágono Stephen W. Preston, es un descargo de responsabilidad que señala que, aunque el manual representa los puntos de vista del Departamento de Defensa, no representa necesariamente el punto de vista del Gobierno. Semanas después de que se publicase el documento Preston, que había servido previamente como abogado general de la CIA, renunció silenciosamente sin ninguna notificación pública. No se le pudo localizar para pedirle un comentario.
El manual dedica atención a «clases de personas» que «no correspondan con nitidez a la dicotomía» entre combatientes y civiles y reemplaza el término «combatientes ilegales» que los funcionarios estadounidenses utilizaban para referirse a presuntos terroristas retenidos bajo circunstancias extralegales tras los ataque del 11 de septiembre de 2001, con «beligerantes sin privilegios».
«Sin privilegios» significa que el sospechoso no tiene derecho a los privilegios garantizados a los prisioneros de guerra según el derecho internacional y en su lugar puede ser retenido como presunto criminal en una categoría que incluye a presuntos espías, saboteadores y guerrilleros.
Los prisioneros de guerra están protegidos internacionalmente por derechos que incluyen que se los trate de modo humano y que su condición de prisioneros de guerra se informe a un organismo neutral como el Comité Internacional de la Cruz Roja y se les respete con la expectativa de liberación una vez que las hostilidades terminen. «Beligerantes sin privilegios», sin embargo, como espías, saboteadores y otras personas involucradas en actos similares detrás de las líneas enemigas», según el Manual de Ley de Guerra, pueden ser objeto de leyes nacionales. Las penas nacionales para tales sospechosos pueden incluir, por ejemplo, la pena de muerte para los condenados por espionaje.
«En general, los periodistas son civiles. Sin embargo pueden ser miembros de las fuerzas armadas, personas autorizadas para acompañar las fuerzas armadas o beligerantes sin privilegios», dice el manual. Mientras el documento señala en otras partes que los periodistas pueden trabajar independientemente, en esta sección no explica bajo qué circunstancias o para qué tipo de actividades la categoría de «beligerantes sin privilegios» podría aplicarse a los periodistas.
Un portavoz del Pentágono presentó algunos ejemplos. «El hecho de que una persona sea periodista no impide que pueda convertirse en un beligerante sin privilegios», dijo a The Washington Times el teniente coronel del ejército de EE.UU. Joe Sowers, de la Oficina del Pentágono del Secretario Adjunto de Asuntos Públicos. Sowers mencionó la publicación Inspire de al-Qaida, diciendo que los propagandistas de grupos terroristas podrían categorizarse como beligerantes sin privilegios. Lo mismo podría ocurrir con espías del enemigo que utilizan el periodismo como cobertura, agregó.
Pero el lenguaje del manual del Pentágono por lo menos parece cualificar una de las afirmaciones del portavoz. En la nota al pie 241, que se refiere a la sección 2.24.1 sobre periodistas independientes, el manual cita un informe de la ONU al Tribunal Penal Internacional sobre la antigua Yugoslavia. «Si los medios constituyen un legítimo objetivo es un tema discutible. Si los medios se utilizan para incitar a cometer crímenes, como en Ruanda, entonces son un objetivo legítimo. Si solo difunden propaganda para generar apoyo al esfuerzo de guerra, no son un objetivo legítimo», indica.
El manual no crea nuevas leyes, dijo Sowers al CPJ. Sino que «suministra una descripción» de las leyes de guerra existentes con «propósitos informativos. No es una autorización para que cualquier persona emprenda una acción particular relacionada con periodistas o con cualquier otra persona».
Los militares de EE.UU. han tomado anteriormente medidas contra periodistas. Bilal Hussein, cuyas fotos de insurgentes disparando a soldados estadounidenses en Faluya en 2004 contribuyeron a que fotógrafos de Associated Press, incluyendo a Hussein, recibieran el Premio Pulitzer, fue detenido por los marines en 2006 y retenido durante dos años. Los militares estadounidenses nunca suministraron pruebas o una explicación de la detención del fotógrafo de AP, quien recibió en 2008 de CPJ el Premio Internacional de Libertad de la Prensa.
Sami al-Haj, un camarógrafo de Al-Jazeera, fue detenido en diciembre de 2001 por las fuerzas paquistaníes cerca de la frontera afgana-paquistaní mientras cubría una ofensiva dirigida por EE.UU. contra los talibanes en Afganistán. Fuerzas militares estadounidenses acusaron al camarógrafo sudanés de ser un correo financiero para grupos armados y de ayudar a al-Qaida y a personalidades extremistas, pero nunca suministraron pruebas que apoyasen esas afirmaciones, como estableció CPJ en su informe de 2006 «Sami al-Haj: The Enemy?» Al-Haj, ahora jefe del departamento de derechos humanos y libertades públicas en Al Jazeera, fue retenido durante seis años en la base militar de EE.UU. en Guantánamo, Cuba. Antes de liberarlo, los funcionarios militares de EE.UU. trataron de coaccionar a al-Haj para que espiara en Al-Jazeera como condición para su liberación, dijo su abogado, Clive Stafford Smith, a CPJ y medios noticiosos.
Una sección del Manual de Ley de la Guerra trata «casos mixtos» compuestos de «(1) cierto personal involucrado en deberes humanitarios, (2) ciertos apoyos autoritarios de fuerzas armadas y (3) beligerantes no privilegiados.» Pero no se encuentran periodistas entre los ejemplos enumerados en esta categoría, dijo Sowers a CPJ, y la sección que se ocupa de periodistas los trata como «una categoría fáctica en lugar de un caso legal».
Desde el punto de vista de los hechos, el manual reconoce que los «periodistas independientes» son «considerados civiles». Pero también señala límites y casos que podrían llevar a un periodista a perder su estatus legal como miembro de la prensa. Por ejemplo, «el periodismo no significa que se tome parte directa en hostilidades tales que una persona sea privada de protección de ser convertida en objeto de ataque». El manual agrega: «En algunos casos, la transmisión de información (como el suministro de información de uso inmediato en operaciones de combate) podría constituir participación directa en las hostilidades».
Las autoridades militares estadounidenses hicieron semejantes afirmaciones sin fundamentarlas sobre Hussein de AP y al-Haj de Al-Jazeera, cuyos casos se ignoran en el manual. En su lugar el manual presenta su propia perspectiva sobre cómo deben operar los periodistas que cubren conflictos.
«La información sobre operaciones militares puede ser muy similar a la recolección de inteligencia o incluso espionaje. Un periodista que actúa como espía puede ser objeto de medidas de seguridad y castigado si es capturado», indica. «Para evitar ser confundidos con espías, los periodistas deben actuar abiertamente y con el permiso de autoridades relevantes. La presentación de documentos de identificación, como la tarjeta de identificación entregada a corresponsales de guerra autorizados, u otra identificación apropiada, puede ayudar a que los periodistas no sean confundidos con espías».
Como sabe todo periodista que informa de los conflictos, la idea de encontrar autoridades relevantes y pedir permiso para informar en un campo de batalla sería tan poco probable como poco sabia. A menudo es imposible determinar quiénes constituyen autoridades relevantes en líneas de batalla cambiantes. Además el lenguaje del manual parece debilitar el punto de otros pasajes que afirman el derecho de los periodistas independientes a estar en el campo de batalla.
Finalmente el lenguaje del párrafo 4.24.5. «Precauciones de seguridad y periodistas» contradice simplemente la norma posterior a la Segunda Guerra Mundial sobre una prensa libre. «Puede ser necesario censurar el trabajo de los periodistas o adoptar otras medidas de seguridad para que no revelen información confidencial al enemigo. Bajo la ley de la guerra no existen derechos especiales para que los periodistas entren en un territorio de un estado sin su consentimiento o que tengan acceso a áreas de operaciones militares sin el consentimiento del estado que realiza esas operaciones», dice.
El hecho de que se demore durante un tiempo razonable la entrega a los periodistas de información que podría servir al enemigo es una cosa. Pero excluir directamente a los periodistas de las zonas de conflicto o restringir o censurar información supuestamente confidencial, que el manual no especifica o explica, sería una violación de documentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bajo el artículo 19, la declaración afirma no solo el derecho a la libre expresión, sino el derecho a «recibir e impartir información a través de cualquier medio y sin considerar las fronteras». El manual lo ignora, a pesar de que la declaración fue concebida y auspiciada por EE.UU.
El manual considera otros tratados y documentos de derechos humanos, incluyendo el Acuerdo Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, señalando que ciertamente puede aparecer tensión entre estos y las leyes de la guerra. Pero el manual señala a continuación que las leyes de la guerra invalidan los tratados de derechos humanos en el campo de batalla. «Estos apreciables conflictos pueden ser resueltos por el principio de que la ley de la guerra es la lex specialis durante situaciones de conflictos armados y, como tal, es el corpus jurídico controlador respecto a la conducta de hostilidades y la protección de víctimas de la guerra».
Los autores involucrados en algunos de los borradores anteriores del manual argumentaron en The Weekly Standard que algunos borradores previos fueron demasiado respetuosos con los derechos humanos debido a la influencia de funcionarios de nombramiento político y de activistas por los derechos humanos en el Consejo de Seguridad Nacional. El manual señala a continuación que «los tratados de derechos humanos controlarían claramente asuntos que se encuentran dentro de su alcance de aplicación y que no son encarados por las leyes de guerra», utilizando un lenguaje que sugiere que se puede haber llegado a un compromiso para tratar de encontrar equilibrio.
El manual declara en su prefacio que se ha basado en manuales precedentes de los servicios militares estadounidenses, el más importante de los cuales fue un manual del ejército de EE.UU. sobre La Ley de Guerra Terrestre publicado en 1956. Expertos legales militares del Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia también contribuyeron, así como «distinguidos expertos» no especificados.
El manual ignora a muchos otros expertos. Aunque incluye 21 citas, por ejemplo, de una Comisión de Juristas de 1923 para Considerar e Informar Sobre la Revisión de las Reglas de la Guerra, se puede decir que el manual ignora documentos más relevantes, incluyendo un informe de 2009 de la Comisión Internacional de Juristas sobre el Panel de Eminentes Juristas sobre Terrorismo, Contraterrorismo y Derechos Humanos (para el que testimonié en nombre del CPJ sobre el tratamiento a los periodistas por EE.UU.).
Al otorgar aprobación a la detención de periodistas por los militares sobre la base de vagos motivos de seguridad nacional, el manual envía un mensaje inquietante a dictaduras y democracias por igual. Las mismas acusaciones de amenazas a la seguridad nacional se utilizan rutinariamente para encarcelar a periodistas en naciones que incluyen China, Etiopía, y Rusia, para nombrar solo unas pocas.
El mensaje que el manual envía a las fuerzas estadounidenses puede tener serias repercusiones en la libertad de prensar y en los periodistas en conflictos durante muchos años. Al declarar simplemente que un periodista es un «beligerante sin privilegios», los comandantes militares pueden ahora alegar el derecho de poder retener a periodistas durante largos períodos fuera de las leyes normales de la guerra.
Frank Smyth es consejero sénior del CPJ para seguridad de periodistas. Ha informado sobre conflictos armados, crimen organizado, y derechos humanos desde naciones que incluyen a El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba, Ruanda, Uganda, Eritrea, Etiopia, Sudán, Jordania, e Iraq. Léalo en Twitter @JournoSecurity.
Committee to Protect Journalists, 31 de julio de 2015