Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Estados Unidos practica la tortura pero no quiere que se juzguen los hechos. El Tribunal de Apelación de San Francisco acaba de oponer la razón de Estado a unas víctimas reconocidas.
Todo el mundo está hoy al corriente de los métodos que utilizaban la CIA a petición del poder federal. Como la tortura está prohibida en Estados Unidos, lo cual se da por hecho en una gran democracia, se embarcaba a los detenidos para sesiones de tortura en aviones preparados para ello, con personal diplomado, lo bastante lejos como para que la tortura no tuviera lugar en el espacio aéreo estadounidense. En otra variante, los detenidos, embarcados en secreto, eran desembarcados en países amigos donde se ocupaban de ellos agentes locales con la asistencia benévola de la CIA. También ahí se torturaba sin riesgo para Estados Unidos gracias a la combinación del secreto, de estar en tierra extranjera y de la intervención de agentes imposibles de identificar.
En mayo de 2007 cinco ex-detenidos (dos de ellos todavía presos en Marruecos y Egipto y los otros tres liberados sin cargos) ayudados por la Asociación Estadounidense de Defensa de las Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) presentaron una querella contra la empresa Jeppesen Dataplan, la filial de Boeing que proporcionaba la logística de los traslados. La idea era limitarse a la implicación de una compañía privada para no chocar contra el secreto de Estado.
Entre los denunciantes estaba el etíope Binyam Mohamed. Detenido en Pakistán en 2002, fue entregado por la CIA a los servicios secretos marroquíes. 18 meses de detención secreta, con incesantes malos tratos como demuestran la heridas de su cuerpo. A continuación lo retomó la CIA y lo llevó a una prisión secreta en Afganistán. Régimen: obscuridad permanente, escasa comida, sumisión a sonidos (como gritos de mujeres y de niños) a volúmenes muy fuertes y durante días enteros. Después fue transferido a Guantánamo durante cinco años antes de ser liberado y devuelto a principios de 2009 a Gran Bretaña donde reside actualmente, libre.
En abril de 2009 el Tribunal Federal de San Francisco había aceptado la querella. Pero el ministerio público apeló, bajo el gobierno Obama, y el tribunal en pleno acaba de desestimar la querella, no porque el expediente careciera de pruebas, sino en nombre de la razón de Estado. La decisión se adoptó por 6 votos contra 5: «Los elementos de cargo en este caso deben ser protegidos absolutamente por la prerrogativa del secreto de Estado». El Tribunal de Apelación argumenta: «Aunque las informaciones sobre estas operaciones se hayan revelado públicamente, el papel de Jeppesen y su posible responsabilidad en los vuelos no pueden ser tomadas aisladamente de las partes del expediente que son secretas y protegidas. Insistimos en el hecho de que la invocación del secreto de Estado para conseguir la clasificación de un caso debería ser rara, sin embargo, el caso existe».
Ben Wizner, un abogado de la ACLU que defendió el caso ante el tribunal, hizo balance: «A día de hoy ni una sola víctima del programa de tortura del gobierno Bush ha sido oída por la justicia. Hoy es un día triste, no sólo para las víctimas de la tortura que buscan justicia en este caso, sino también para todos los estadounidenses a los que preocupa el Estado de derecho y la reputación de nuestro país en el mundo. Si se mantiene esta decisión, Estados Unido habrá cerrado sus tribunales a las víctimas de la tortura al tiempo que ofrece una impunidad total a sus verdugos».