Una Fiscal de la Oficina de los casos migratorios del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una moción pidiendo el rechazo de la decisión del juez federal Norbert Garney quién ordenó la liberación del terrorista Luis Posada Carriles el 11 de septiembre, anunció discretamente el Miami Herald en su edición de este viernes. […]
Una Fiscal de la Oficina de los casos migratorios del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una moción pidiendo el rechazo de la decisión del juez federal Norbert Garney quién ordenó la liberación del terrorista Luis Posada Carriles el 11 de septiembre, anunció discretamente el Miami Herald en su edición de este viernes.
La funcionaria, Ethan B. Kanter, en un documento, describe a Posada como un «criminal confeso con una historia de participación en actividades terroristas, que se escapó de un cárcel mientras esperaba un nuevo juicio donde enfrentaba acusaciones acerca de su presunto papel en la explosión de un avión de pasajeros de Cubana de Aviación ocurrido en 1976».
«La liberación de un extranjero en esas circunstancias pudiera tener consecuencias nacionales y de relaciones internacionales significativas», escribió Kanter, quien solicito 10 días más para preparar una objeción formal, a partir del día limite que había determinado Garney, este lunes 25.
Garney justificaba su orden de liberación por el hecho que el Fiscal general no había clasificado a Posada como terrorista y que la estancia prolongada del preso violaba la decisión de la Corte Suprema de 2001 prohibiendo la detención indefinida de inmigrantes.
En una carta dirigida a Posada al final de marzo, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. expresaba que una liberación del terrorista representaba «un peligro tanto para la seguridad nacional como para la comunidad».
«Debido a su largo historial de actividad delictiva y de violencia en la que civiles inocentes murieron, su liberación representaría un peligro para la seguridad nacional de EE.UU. y para la comunidad», afirmaba el ICE en su misiva.
Se expresaba textualmente que Posada tenia «propensión a vincularse con actividades que representan un riesgo para la seguridad nacional de EE.UU.» y que información pública y «sus propias declaraciones lo vinculan con la planificación y coordinación» de una serie de atentados ocurridos en Cuba en 1997.
El organismo federal, en este documento, también se refería al hecho de que Posada se fugó de una prisión de Venezuela y fue juzgado en Panamá por delitos contra la seguridad nacional de ese país.