Alberto Gonzales tiene tras de sí una historia impresionante de éxito y de superación personal. Nieto de indocumentados mexicanos, hijo de albañil y segundo de ocho hermanos, se graduó con honores en el bachillerato, ingresó a la aviación militar y luego de dos años de lavar fuselajes consiguió ingresar a la Academia de la Fuerza […]
Alberto Gonzales tiene tras de sí una historia impresionante de éxito y de superación personal. Nieto de indocumentados mexicanos, hijo de albañil y segundo de ocho hermanos, se graduó con honores en el bachillerato, ingresó a la aviación militar y luego de dos años de lavar fuselajes consiguió ingresar a la Academia de la Fuerza Aérea. Luego cursó una licenciatura en Ciencias Políticas y después un doctorado en Derecho en Harvard.
Gonzales se sacó la lotería cuando conoció a George W. Bush, quien, como gobernador de Texas, lo hizo su consejero, su secretario de estado y su hombre en el tribunal supremo estatal. Gonzales sirvió a su amo con lealtad absoluta: en 1996, por ejemplo, consiguió que el gobernador fuera eximido de presentarse ante un jurado por manejar borracho y logró desaparecer el expediente de un arresto que sufrió su patrón en Maine, dos décadas antes, por confundir la botella con el volante. Este hispanic exitoso revisó las peticiones de clemencia de todos los ejecutados en Texas durante la gubernatura de Bush -150 en total, 148 hombres y dos mujeres- y en ningún caso registró circunstancias que habrían debido ser suficientes para detener las sentencias. Uno de los casos más terribles es el de Terry Washington, un hombre que al momento de ser sometido a la inyección venenosa tenía la capacidad expresiva de un niño de siete años. O el de Carl Johnson, cuyo defensor de oficio se quedó dormido en la sesión en la que el acusado fue condenado a muerte.
Con esa vasta experiencia de matarife, Gonzales se mudó a Washington, siempre al lado de Bush, luego que los republicanos se robaron la elección presidencial de 2000 y pusieron al texano en la Casa Blanca. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y en su calidad de consejero legal del presidente, el hijo del albañil mexicano redactó la Orden Ejecutiva 13233, que recortó severamente la libertad de información y tiñó de opacidad toda la esfera presidencial. En enero de 2002 compuso un célebre memorándum en el que cuestionaba la validez de la Convención de Ginebra en la «guerra contra el terrorismo» lanzada por Washington. La almendra de su razonamiento era que las disposiciones de ese instrumento internacional que prohibían las ofensas a la dignidad y el trato inhumano a los prisioneros eran demasiado ambiguas y ponían en riesgo a los militares estadunidenses de ser procesados bajo los términos del Acta de Crímenes de Guerra de 1996. Para entonces, los torturaderos de Guantánamo y Abu Ghraib funcionaban a plena capacidad. Discurrió entonces en favor de los tormentos light y forjó el argumento estrella del actual gobierno estadunidense para legitimar sus masivas violaciones a los derechos humanos en el mundo: la tortura era una práctica aceptable siempre y cuando no se le llame tortura. Gonzales fue, además, un operador central para la aprobación del Acta Patriótica, un conjunto de disposiciones que otorga facultades discrecionales y excepcionales al Poder Ejecutivo y borra buena parte de las garantías individuales y las libertades tradicionales del sistema judicial estadunidense.
El descendiente de indocumentados no llegó a ser secretario de Justicia a pesar de ese historial abominable, sino precisamente gracias a él: es que las opiniones y los actos del sirviente son reflejo fiel de los deseos del amo. En enero de 2005, poco antes de que el Capitolio aprobara su nombramiento, Brian J. Foley escribió que el mayor pecado de Gonzales no era su respaldo a la tortura, sino «su intento de dar al presidente el poder de encarcelar a los estadunidenses en régimen de incomunicación y por tiempo indefinido».
Gonzales fue el brazo ejecutor de Bush para destruir el sistema legal de Estados Unidos y cumplió el encargo con eficiencia, prontitud y lealtad absoluta. En materia de arrasamiento de las libertades, garantías y derechos fundamentales, la oposición demócrata se tragó todos los sapos. Gonzales podía ser matarife, perjuro, entusiasta de la tortura y encubridor de su jefe, pero no se le perdonó el manejo faccioso que hizo de los movimientos de personal en la secretaría de Justicia: a la clase política le resultó intolerable que despidiera a fiscales imparciales y que prefiriera a los incondicionales de Bush y del Partido Republicano. Por eso le dijeron: «Goodbye, Gonzales».