La indolencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ante el clamor de los más de 300 detenidos en la base naval de este país en Guantánamo, Cuba, es objeto de duros cuestionamientos por parte de activistas y expertos en derechos humanos. La Corte decidió el 2 de abril no atender los casos […]
La indolencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ante el clamor de los más de 300 detenidos en la base naval de este país en Guantánamo, Cuba, es objeto de duros cuestionamientos por parte de activistas y expertos en derechos humanos.
La Corte decidió el 2 de abril no atender los casos de los musulmanes tomados prisioneros en la «guerra» de Estados Unidos «contra el terrorismo» y recluidos en Guantánamo, hasta que no se agoten las vías legales en tribunales de apelaciones de menor rango.
Como consecuencia, el principal tribunal estadounidense se negó a revisar la legalidad de la detención hasta que se cumplan, en todos los casos, los procedimientos previstos en la Ley de Tratamiento a Detenidos (DTA), aprobada en 2005.
Esa norma permite apelaciones de las decisiones tomadas por paneles militares ante tribunales civiles, pero muy limitadas.
La reacción de las organizaciones de derechos humanos y civiles fue rápida.
«La Corte Suprema demoró una vez más una resolución sobre el destino de estos detenidos, a tres cuartos de los cuales las fuerzas armadas admiten que nunca acusarán», dijo Vincent Warren, director ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales, que representa a tres prisioneros.
«Estos hombres languidecen sin ningún mecanismo significativo para cuestionar su detención, que lleva más de cinco años», advirtió Warren.
«El proceso que el gobierno instaló es una farsa. Permiten el uso de evidencia obtenida a través de la tortura y no hay una revisión real de los hechos. Las revisiones de acuerdo con la DTA no son un sustituto adecuado para el derecho de hábeas corpus. Ojalá que nuestros clientes sobrevivan hasta que logren pisar un tribunal», dijo.
El Centro para los Derechos Constitucionales representa a muchos de los detenidos en Guantánamo y coordina el trabajo de medio millar de abogados que trabajan honorariamente.
«Después de esperar justicia en vano durante cinco años, muchos de los detenidos de Guantánamo nunca fueron acusados de ningún acto hostil contra estadounidenses, pero todos ellos sufrieron condiciones de detención graves y abusivas y tratamientos violatorios del derecho internacional», dijo a IPS Gabor Rona, de la organización Human Rights First.
«Ahora se les dice que sus demandas deben volver a los mismos tribunales de bajo rango que les negaron el derecho incluso a cuestionar su detención ante la justicia», agregó Rona.
Los tres jueces que redactaron el fallo, Anthony M. Kennedy y John Paul Stevens, anotaron que deseaban ver el proceso establecido por la DTA en acción antes de determinar si se trata de un sustituto adecuado para el hábeas corpus.
La DTA permite a los detenidos recurrir a las cortes de apelaciones la declaración de «combatiente enemigo» que les endilgan los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatientes.
Abogados del Centro para los Derechos Constitucionales consideraron que el proceso en estos tribunales es «una farsa».
«El gobierno controla qué evidencia y qué testigos son admitidos, la evidencia obtenida mediante tortura se permite, los detenidos no cuentan con un representante legal y no hay garantías del debido proceso», explicaron en una declaración.
«Algunos detenidos son sometidos al proceso hasta tres veces, hasta que son hallados culpables. El proceso está diseñado para que el gobierno obtenga los resultados que quiere», agregaron.
El fallo del 2 de abril no se refirió a la fundamentación de los casos presentados, sino a la posibilidad legal de que la Corte Suprema pudiera atenderlos en esta instancia.
Los jueces Stevens y Kennedy indicaron: «Si los solicitantes procuran establecer luego que el gobierno retrasó irracionalmente los procedimientos bajo la Ley de Tratamiento a los Detenidos de 2005 (o les ocasionó) alguna otra lesión en curso, existen medios alternativos que no son nuestra jurisdicción en los tribunales de apelaciones.»
El juez Stephen Breyer anotó, en su informe en minoría: «Es irracional sugerir que el circuito del Distrito de Columbia (la ciudad de Washington) permitirá en futuros procedimientos bajo la DTA revisiones que le reconozcan a los peticionantes el derecho que ese circuito ya ha concluido que no tienen.»
De todos modos, la Corte Suprema había reafirmado en sentencias anteriores el derecho de los detenidos en Guantánamo al recurso de hábeas corpus, en los casos Rasul versus Bush (2004) y Hamdan versus Rumsfeld (2006).
Como respuesta, el presidente George W. Bush presentó al Congreso para que aprobara el año pasado la Ley de Comisiones Militares, que niega a los detenidos toda posibilidad de presentar recursos de hábeas corpus.