Carteles que inundan de droga Estados Unidos reciben asistencia y entrenamiento militar de miembros de los antiguos escuadrones de la muerte de Guatemala, que en los años 80 gozaron del aval de Washington y masacraron a unas 200.000 personas. La Patrulla Fronteriza estadounidense estuvo alerta desde julio. Sospechaba que soldados de elite guatemaltecos, tanto retirados […]
Carteles que inundan de droga Estados Unidos reciben asistencia y entrenamiento militar de miembros de los antiguos escuadrones de la muerte de Guatemala, que en los años 80 gozaron del aval de Washington y masacraron a unas 200.000 personas.
La Patrulla Fronteriza estadounidense estuvo alerta desde julio. Sospechaba que soldados de elite guatemaltecos, tanto retirados como activos, entrenaban a narcotraficantes en territorio mexicano, frente a la ciudad de McAllen, en el meridional estado de Texas.
La unidad guatemalteca, cuyos 30 miembros se hacen llamar Los Kaibiles en honor al príncipe maya Kaibil Balam, es una de las fuerzas militares más temidas de América Latina. Se les atribuyen muchas de las masacres que sufrió el país centroamericano en 36 años de guerra civil.
En septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de siete kaibiles guatemaltecos. Entre ellos figuraban cuatro miembros aún activos del ejército.
Las autoridades mexicanas dijeron que los Kaibiles planeaban integrarse a Las Zetas, banda de soldados expulsados de las fuerzas especiales mexicanas convertidos en narcotraficantes.
Además de ser vecina de México, «Guatemala es el punto de tránsito centroamericano preferido para el embarque de cocaína a Estados Unidos», ha informado desde 1999 en sus informes anuales el Departamento de Estado (cancillería) al Congreso legislativo en Washington.
A principios de este mes, representantes de las autoridades antidrogas estadounidenses en la embajada en Guatemala dijeron a Associated Press que 75 por ciento de la cocaína que llega a territorio del país norteamericano lo hace a través de aquella nación.
Pero, lo que es más importante, tal vez, es que la institución dominante en Guatemala –el ejército– está vinculada con este comercio ilícito.
En los últimas dos decenios, la agencia antidrogas de Washington (DEA, por sus siglas en inglés) acusó a militares guatemaltecos de todos los rangos y de todas las armas de introducir droga en Estados Unidos, según documentos del gobierno obtenidos por el periódico The Texas Observer.
El gobierno de George W. Bush revocó hace poco la visa de dos ex comandantes de la inteligencia militar de Guatemala, los generales retirados Manuel Antonio Callejas y Callejas y Francisco Ortega Menaldo, tras acusarlos de narcotráfico.
Callejas y Callejas y Ortega Menaldo figuran también entre los fundadores de un oscuro club dentro del comando de inteligencia de Guatemala denominado La Cofradía, según informes secretos de la inteligencia estadounidense recientemente «desclasificados».
La Cofradía estuvo a cargo de planificar parte de la represión de las guerrillas marxistas de Guatemala.
La Comisión de la Verdad, creada después de la guerra civil por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de los acuerdos de paz, constató que las tácticas de ese grupo y de los tristemente célebres escuadrones de la muerte incluían «actos de genocidio», como la masacre o desplazamiento de la población de al menos 440 aldeas mayas.
Desde entonces, los mismos comandos de inteligencia convirtieron sus estructuras clandestinas en bandas organizadas de criminales, según la DEA y de otros organismos de inteligencia de Estados Unidos.
Sus actividades incluían, entre otras, la importación de apariencia legal en Guatemala de automóviles robados en Estados Unidos y la introducción de drogas en ese país. Hasta ahora, ni un solo funcionario fue procesado en ninguno de los dos países por delito internacional alguno.
Altos funcionarios de inteligencia y legisladores de muchos países latinoamericanos son sospechosos de operar clandestinamente con el crimen organizado. Pero lo que distingue a Guatemala del resto es que los militares son acusados no sólo de proteger a grandes mafias, sino de liderarlas.
La impunidad en que los militares guatemaltecos acusados esquivan la justicia comenzó durante la guerra fría.
«Hay una larga historia de impunidad en Guatemala», señaló el legislador estadounidense William Delahunt, del opositor Partido Demócrata e integrante el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes.
«Estados Unidos contribuyó con eso de un modo muy desagradable en 1954 y también en los años 80», agregó.
Delahunt se refería al respaldo de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) al golpe de Estado de 1954 contra el presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz, y también al apoyo encubierto brindado al ejército por el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), en el peor momento de la represión.
Funcionarios guatemaltecos consideraron que Estados Unidos promovió durante la guerra civil la estrategia de «drenar el mar para matar al pez», pues asistía a militares y paramilitares que atacaban a civiles sospechosos de apoyar a las guerrillas de izquierda y no a los propios guerrilleros.
Desde entonces, equipos forenses exhumaron numerosas tumbas masivas, incluso con cadáveres de mujeres y niños. Más de 200.000 personas fueron asesinadas en la guerra civil de Guatemala, el conflicto más sangriento de América Central durante la guerra fría.
La violencia dejó al ejército firmemente al mando de Guatemala, y no pasó mucho tiempo hasta que ese dominio llamó la atención de las mafias colombianas del narcotráfico.
«Eligieron Guatemala porque está cerca de México, que es un obvio punto de entrada a Estados Unidos, y porque los mexicanos tienen una mafia de larga data», explicó un experto legal andino.
«También es mejor para el tránsito y almacenamiento de drogas que El Salvador, porque ofrece más estabilidad y era más fácil de controlar», añadió.
Los agentes especiales de la DEA comenzaron detectando militares guatemaltecos que traficaban drogas ya en 1986, según documentos secretos de esa agencia «desclasificados» de acuerdo con la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos.
Fue entonces que Ortega Menaldo ocupó el lugar de Callejas y Callejas como jefe de la inteligencia militar de Guatemala. En los nueve años siguientes, según los documentos estadounidenses, agentes especiales de la DEA detectaron a no menos de 31 funcionarios involucrados en actividades de narcotráfico.
«Todos los caminos conducen a Ortega Menaldo», explicó un experto estadounidense en narcotráfico. «Los funcionarios hoy activos tienen vínculos con los retirados que son sus mentores.»
En 2002, el gobierno de Bush fue presionado para tomar medidas contra altos militares guatemaltecos involucrados en el narcotráfico, incluida la revocación de la visa de Ortega Menaldo.
Para entonces, el general había rechazado la acusación estadounidense, y recordaba a periodistas que lo entrevistaron en Guatemala que en los años 80 había colaborado tanto con la CIA como con la DEA.
La CIA, a través de su portavoz Mark Mansfield, se negó a hacer comentarios para el presente informe.
Ocho meses después de revocar la visa de Ortega Menaldo, el gobierno de Bush volvió a esgrimir sospechas de tráfico de drogas para revocar la visa de Callejas y Callejas.
Sin embargo, más que hacer frente a la impunidad de que gozan los militares guatemaltecos para traficar drogas, muchos funcionarios del país parecen ir en la dirección opuesta en tiempos de democracia.
No mucho después que el gobierno de Bush marcara a Ortega Menaldo y a Callejas y Callejas, legisladores del hoy opositor Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido de derecha fundado por el también general retirado Efraín Ríos Montt, propusieron proyectos de ley para eliminar el control civil sobre los militares acusados ante la justicia penal.
«Esto sería un nuevo mecanismo de impunidad», señaló José Zeitune, de la Comisión Internacional de Juristas, organización con sede en Ginebra, autor de un informe realizado sobre la justicia guatemalteca.
Ríos Montt fue el líder del golpe de Estado con el que se encaramó en la presidencia en 1982, precisamente cuando comenzaban a amasar su poder los miembros de La Cofradía.
El actual vicepresidente del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes estadounidense es el republicano Jerry Weller III, casado con una hija de Ríos Montt y legisladora guatemalteca, Zury Ríos Sosa.
A diferencia de otros miembros del Subcomité, Weller, a través de su portavoz, Telly Lovelace, se negó a formular comentarios para el presente informe.
Además, Ríos Montt es el mentor del ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004), hoy prófugo en México tras huir apenas dejó el cargo para evitar su arresto por malversación de fondos y otros cargos de corrupción.
Hoy, las oscuras estructuras de los comandos de inteligencia de Guatemala están tan insertas en el crimen organizado que el gobierno de Bush requirió la intervención de la ONU.
Dejando de lado sus habituales críticas al organismo internacional, Washington apoya la creación en Guatemala de la denominada Comisión para la Investigación de Organizaciones Armadas Ilegales y del Aparato de Seguridad Clandestino.
Hasta ahora, la única nación en ceder su soberanía para permitir a la ONU una función investigadora tan amplia es Líbano, donde miembros del foro mundial investigan el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri.
El plan propuesto por la ONU para Guatemala también cuenta con el apoyo del presidente, Oscar Berger, un rico hacendado y abogado respetado por el gobierno de Estados Unidos.
Pero la idea es resistida por políticos del FRG como Zury Ríos Sosa, la esposa del congresista oficialista estadounidense Weller.
(*) El periodista independiente Frank Smyth investiga el narcotráfico guatemalteco desde 1991. Es colaborador del proyecto Crímenes de guerra (http://www.crimesofwar.org/), junto con otros destacados periodistas, abogados y académicos. Suele publicar sus artículos en el sitio http://www.franksmyth.com. Una versión más extensa de este informe fue publicado este mes por el diario The Texas Observer. (FIN/2005)