Una nueva investigación descubrió que la industria de prisiones privadas jugó un papel clave en la redacción y aprobación de la controvertida ley anti inmigrantes de Arizona. Según la Radio Pública Nacional, este proyecto de ley se formuló en una reunión del Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo (ALEC, por su sigla en inglés) llevada a […]
Una nueva investigación descubrió que la industria de prisiones privadas jugó un papel clave en la redacción y aprobación de la controvertida ley anti inmigrantes de Arizona. Según la Radio Pública Nacional, este proyecto de ley se formuló en una reunión del Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo (ALEC, por su sigla en inglés) llevada a cabo en Washington D.C. en diciembre del año pasado. Este grupo reúne a legisladores estatales y grandes corporaciones, entre ellas la mayor empresa de prisiones privadas del país: la Corporación de Correccionales de Estados Unidos (CCA, por su sigla en inglés). Quienes asistieron a la reunión ayudaron a redactar el proyecto de ley, le dieron un nombre y luego lo aprobaron en una votación. Posteriormente, el senador del Estado de Arizona Russel Pearce, quien finalmente patrocinó el proyecto de ley, lo llevó de regreso a dicho Estado. En los meses siguientes se produjo un frenesí de lobby para promulgar este proyecto de ley. Según la Radio Pública Nacional, 30 de los 36 copatrocinadores de la medida recibieron donaciones de campaña de lobbistas que trabajaban para la CCA y otras dos grandes empresas de prisiones privadas. En un documento interno del año pasado, la CCA previó que los contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas le brindarían «una porción significativa de los ingresos».
Fuente: http://www.democracynow.org/es/2010/10/29/titulares#11