La mayoría, conscientes del final de sus días de vida, aspiran a dejar resuelto el futuro de los suyos. Por esta razón, vivían o viven con angustia la larga espera a las resoluciones del INSS.
Resulta inhumano que el INSS Gipuzkoa tarde más de cinco meses, incluso un año, en resolver el origen de la enfermedad o prestaciones de incapacidad permanente a los enfermos del amianto que son pensionistas. Dicha tardanza no se produce cuando los enfermos están de incapacidad temporal, aunque posteriormente, se vean enfrentadas a recursos de las mutuas.
El 22 de febrero registré en el INSS de Donostia la solicitud de incapacidad permanente por enfermedad profesional al pensionista Luis Mari Suquía, afectado de un grave mesotelioma pleural derivado del amianto inhalado en los 80 trabajando en Fundiciones Echeverría-Aceriales de Lazkao, en contacto con la fibra cancerígena con total desconocimiento del riesgo. Falleció el 10 de agosto, sin conocer la resolución del INSS sobre su enfermedad.
Tras décadas relacionándome con personas con graves cánceres del amianto u otras sustancias, he podido observar que la mayoría, conscientes del final de sus días de vida, aspiran a dejar resuelto el futuro de los suyos. Por esta razón, Luis Mari y otros vivían o viven con angustia la larga espera a las resoluciones del INSS.
El expediente de Luis Mari Suquía se resolvió el 5 de agosto, la resolución a su nombre llegó días después de fallecer, dificultando aún más a la familia la recogida del correo certificado.
Recuerdo hace años la opinión del presidente del EVI de Gipuzkoa, que consideraba prioritario la rápida resolución de los expedientes de enfermedad del amianto, dada su muy limitada esperanza de vida. Hoy, lamentablemente no es así. ¿Cuál es el motivo del cambio de criterio? ¿Por qué no consumen prestaciones de incapacidad temporal? ¿O es por presiones patronales, como sospechan muchos familiares? Si la muerte del enfermo de origen profesional, sobreviene antes de presentar una demanda de daños, la indemnización a reclamar a la empresa infractora se reduce sustancialmente.
Sin duda, hay sectores interesados en la práctica dilatoria, aunque considero que la tardanza es motivada por la falta de recursos tras los recortes neoliberales, unida a la presión de las mutuas para reducir las bajas de los trabajadores en sus empresas asociadas. En todo caso, resulta inhumano e injustificable que dilaten tantos meses la resolución de un expediente sobre el origen de un cáncer de pleura o pulmón de quienes perdieron su salud por trabajar en la siderurgia expuestos a múltiples cancerígenos.
Jesús Uzkudun Illarramendi. Activista de la salud laboral, miembro de Asviamie