Uno de los temas que más causaba incertidumbre en los primeros momentos de la apertura del sector privado en Cuba, en su última etapa luego del 2011, era el de las fuentes de la inversión que se utilizarían para el despegue de dicho sector; en condiciones donde el ahorro nacional (ya fuera público o privado) […]
Uno de los temas que más causaba incertidumbre en los primeros momentos de la apertura del sector privado en Cuba, en su última etapa luego del 2011, era el de las fuentes de la inversión que se utilizarían para el despegue de dicho sector; en condiciones donde el ahorro nacional (ya fuera público o privado) y el desarrollo del sector bancario, hacían inviable el financiamiento del mismo desde la banca nacional. Los negocios más pequeños podrían comenzar con niveles mínimos de capital, pero los más grandes, los que verdaderamente supondrían el centro de dichas políticas, quedaban muy distantes de los modestos ahorros particulares que podría tener una familia en Cuba.
Ante esta realidad, el incipiente sector privado optó por fuentes de financiamiento externas, tanto de verdaderos agentes financieros (solicitud de créditos con respaldo en personas en el exterior), como con el apoyo de amigos o familiares que suministrarían los capitales iniciales para la puesta en marcha de dicha actividad. Y aunque es imposible captar con seguridad los montos reales, este hecho es conocido y ha sido ampliamente tratado por varias investigaciones recientes. A dichos emprendedores nacionales que asumieron deudas para la apertura de sus negocios, se sumaron, cientos de cubanos residentes en el exterior, luego de acogerse a su derecho de repatriación o mediante testaferros en el país, a la apertura de pequeños y medianos negocios privados, fundamentalmente en el sector del turismo y restaurantes.
Dado que el sector privado no cuenta con normas reguladoras que permitan realizar declaraciones exactas de sus niveles de actividad y controlar de forma eficiente las mismas, solo es posible conocer mediante muy inexactas estimaciones los niveles reales de inversiones que echaron a andar a dicho sector y que lo han hecho crecer de manera vertiginosa en los últimos 8 años. Nos abstendremos aquí de utilizar entonces datos que solo pueden ser fuentes de análisis con muy poco acercamiento a la realidad.
Lo que sí es seguro, es que la utilización de fuentes externas de financiamiento fue la solución de la cuestión y en pocos años cientos de millones de dólares que entraban al país bajo el concepto ahora difuso de: remesas, pasaron a destinarse a la inversión productiva.
Parados en este punto y tras estos años de un sistemático proceso de entradas de capitales, no captados por nuestros sistemas de medición; para la inversión en el sector privado; es hora ya de ir haciendo un balance crítico del proceso y aunque este pequeño comentario no trata de abordar el tema en su profundidad, sino que desea modestamente aportar algunos elementos al debate.
Desde mi punto de vista, y el cual creo que comparto con muchos otros economistas cubanos, el problema principal de este método de financiamiento se encuentra en los réditos que se pagan por la utilización de ese capital foráneo. La inversión extranjera en el sector estatal como en el privado, conlleva el problema implícito de que al aumentar el monto de las inversiones también aumenta el monto de los pagos necesarios para devolver los intereses sobre las mismas, así como aumenta el número de propietarios extranjeros de capitales que operan en suelo nacional, que terminado el periodo de rotación del mismo sacarán del país la gran mayoría de las ganancias obtenidas de su propiedad.
Tanto por concepto de ser solo los prestamistas del capital, por lo que se pagaría entonces intereses más la devolución del principal, o ser dueños de los negocios mediante testaferros nacionales, en ambos casos el flujo de divisas hacia el exterior que enfrentaría el país tras varios años de crecimiento sostenido de esta práctica. Solo en el sector privado, podría convertirse en una bola de nieve que a la larga haga un daño terrible a las reservas de liquidez de divisas del país. Igual problema está presente en el sector estatal de la economía, pero por la naturaleza propia de las inversiones en dicho sector, en donde no solo se busca capitales, sino transferencias tecnológicas y mercados para la exportación, la existencia de contrapartida extranjera queda más justificada y aunque igualmente merece un análisis detallado, el mismo aun en sus nociones más básicas queda fuera de este breve comentario.
Aparejado al problema antes descrito es que a la larga los negocios del sector privado con inversión extranjera se encontraran en mejores condiciones de competir y adaptarse con velocidad (al tener mayor capacidad de inversiones) que muchos de aquellos solo nacionales que solo cuenten con los rendimientos presentes y sus propios ahorros para su desarrollo. Este hecho podría configurar un tejido productivo del sector privado en donde aquellos negocios con fuertes lazos con capitales externos absorban o simplemente eliminen mediante la competencia a sus competidores restringidos al entorno nacional. Igualmente, las deficiencias del sector bancario nacional desestimulan la inversión de algunos actores privados de la economía, limitados por la capacidad de sus propios ahorros para realizar la expansión de sus negocios, y de esta manera limita el potencial de crecimiento de la economía en su conjunto.
En estos momentos queda claro entonces que una de las cuestiones fundamental que enfrenta la continuidad del proceso de transformaciones en Cuba, está en convertir al sector bancario nacional en el principal financista del emprendimiento privado, tanto en inversiones en capacidad productiva, como en créditos comerciales de corto y mediano plazo. Para ello contamos hoy con reservas que no teníamos hace 8 años. En primer lugar, una de las más importantes, los niveles de ahorro del sector de los hogares han venido creciendo de manera sistemática en los últimos años. Ese mismo es el que en manos de los bancos comerciales cubanos financia buena parte de los pequeños créditos a la agricultura, la comercialización de algunos productos y ha servido de fuente para la compra por dichos bancos de buena parte del déficit público de los últimos dos años.
Pero la existencia de dichos ahorros por sí sola no constituye un elemento definitivo, más allá de los mismos sería necesario la creación un entorno institucional adecuado en donde los agentes de la economía privada logren crear vínculos reales con dicho sector bancario. En la creación de dicho entorno institucional entraría entre otros aspectos la promulgación de una «ley de empresas», así como un reglamento o decreto-ley que regule los procedimientos específicos que condicionarán dicho vínculo entre empresas del sector privado y el sector bancario. Dando la posibilidad de convertir ya no a un sujeto natural, sino a una organización empresarial (una empresa pequeña que puede ir desde un restaurante familiar hasta un hostal de varias habitaciones), un sujeto jurídico, en receptora de un crédito bancario, en donde deberá quedar bien especificado los destinos y la naturaleza del mismo (si es para realizar inversiones o como créditos de corto plazo para su actividad comercial). Otro de los aspectos importantes de este proceso pasa por aumentar la cultura crediticia de los agentes privados de la economía, que logren ver a la banca nacional como un aliado capaz de potenciar sus esfuerzos.