Un juzgado de Apelaciones de Cincinnati, al suroeste de Estados Unidos, anuló este viernes la prohibición de realizar escuchas telefónicas y vigilancia de correos electrónicos a civiles sin mandato judicial. Una Corte de Apelaciones de Cincinnati, al suroeste de EEUU, rechazó este viernes la orden de terminar con las escuchas telefónicas a civiles sin mandato […]
Un juzgado de Apelaciones de Cincinnati, al suroeste de Estados Unidos, anuló este viernes la prohibición de realizar escuchas telefónicas y vigilancia de correos electrónicos a civiles sin mandato judicial.
Una Corte de Apelaciones de Cincinnati, al suroeste de EEUU, rechazó este viernes la orden de terminar con las escuchas telefónicas a civiles sin mandato judicial, prohibición que fue dictada en agosto pasado por una juez de Chicago (norte).
Por dos votos contra uno, el tribunal desestimó el fallo de una jueza de Detroit que declaró la inconstitucionalidad del sistema de escuchas telefónicas y ordenó terminar la vigilancia sin autorización presidencial.
Según el juzgado, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) que interpuso la demanda, no «tiene el derecho legal» de exigir el cese del programa de vigilancia telefónica y de control de correos electrónicos del gobierno de Bush, puesto que no se pudo demostrar que habían sido personalmente afectados por esta medida.
La existencia de este programa, revelada en diciembre de 2005 por la prensa, desató un escándalo es el país norteamericano, además de numerosas críticas y causas judiciales por parte de políticos demócratas y grupos defensores de las libertades civiles, que aseguran que viola el derecho a la privacidad.
Además, abogados, periodistas y profesores se han quejado de que sus comunicaciones corren riesgo de ser vigiladas por estar en contacto frecuente con personas en Oriente Medio.
El programa de escuchas telefónicas sin autorización judicial, fue ordenado por el presidente de estadounidense, George W. Bush, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, le permite a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) vigilar las comunicaciones telefónicas y electrónicas, hechas desde EEUU con cualquier persona en el exterior, que el Gobierno considere sospechosa de tener nexos con actos terroristas.