Arranca el curso escolar y se hace necesario diseccionar políticas educativas, desafíos y resistencias necesarias. Análisis desde una Extremadura en manos de PP-Vox y mirando al modelo madrileño.
Las sociedades avanzan o retroceden en función de parámetros morales, éticos y de valores en los que la Educación juega un papel fundamental. Por ello, desde los planteamientos más conservadores y reaccionarios se está utilizando la escuela como herramienta para introducir las líneas ideológicas relacionadas con la violencia, machismo, la xenofobia, el lgtbfobia, … todo ello con el objetivo de mantener el status quo. Pero esto no es un retroceso, es un avance. El avance del fascismo, o sea, de la barbarie. En este artículo vamos a intentar desmontar algunas de las líneas argumentales del proyecto político que lideran los partidos de la derecha en el ámbito educativo haciendo una proyección sobre las políticas educativas que desarrollará el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura.
La educación constituye un derecho fundamental, un servicio público que el Estado debe asegurar como garantía de igualdad de oportunidades y que debe consagrar valores sociales fundamentales para nuestro sistema educativo como la escuela inclusiva, los valores democráticos de convivencia y ciudadanía, la solidaridad y no discriminación, la igualdad de mujeres y hombres… Sin embargo, la derecha española está utilizando la Educación pública para asentar sus bases ideológicas y más reaccionarias, su negacionismo, imponiendo, curiosamente aquello de lo que acusan a la oposición política: el adoctrinamiento (solo basta con mirar las estadísticas: más del 60% de la escuela concertada pertenece a colegios religiosos).
Hace un año, en La Enredadera organizamos un ciclo sobre Educación que titulamos “Escuela o barbarie” en el que debatimos sobre la situación de nuestro sistema educativo planteando alternativas y propuestas a través de la voz de la comunidad educativa. Tras el 28M, Extremadura ha pasado a engrosar la larga lista de regiones gobernadas por PP y Vox. En este artículo tratamos de desgranar las consecuencias que podrían tener en nuestro, ya frágil, sistema educativo extremeño analizando la situación de otros territorios, como Madrid, donde este tipo de políticas reaccionarias se vienen aplicando desde hace más de veinte años como preámbulo al Ciclo de debates que se celebrarán en La Enredadera a partir del 15 de septiembre.
A veces, sólo a veces, la realidad supera la ficción. Y te arrolla como un tren, de esos que nunca llegan a su hora. En el proceso de redacción del presente artículo en el que se ha tratado de acercar la realidad que nos acecha, el nuevo gobierno extremeño ha querido darnos la razón a la primera de cambio, con su propósito de eliminar la gratuidad y el acceso universal de los comedores escolares a las familias extremeñas. Un traspiés singular, sin duda, porque se equivoca doblemente. En primer lugar, porque esta medida fue aprobada en la ley de presupuestos regional para el presente curso escolar pero, más grave aún, porque ahonda en la herida de la credibilidad, ya que el caos organizativo que ha provocado en los centros extremeños ha sido muy significativo. Si los equipos directivos se encontraban absolutamente indefensos ante un gobierno recientemente constituido y que no ha nombrado al director general competente en este asunto hasta finales de agosto, sin instrucciones claras y con correos electrónicos que se contradecían, el daño a la conciliación familiar ha sido importante. Las familias trabajadoras exigen, al finalizar cada verano la seguridad de que van a dejar a sus hijos en un espacio seguro, la confianza de que todo está organizado, que la atención educativa será ajustada a las necesidades e intereses, y se encuentran a las puertas del colegio con cara de incredulidad y sin saber dónde dejar a los más pequeños. Una vez más, la comunidad educativa es la gran perjudicada de los errores de la clase política.
Todo empezó con él
Como bien explica Javier Romo en un estupendo análisis en este medio, el ciclo conservador no empieza ahora en Extremadura, sino que lo inició el propio Guillermo Fernández Vara. A lo que realmente nos enfrentamos, pues, es a una renovación, ampliación y apuntalamiento de las políticas más reaccionarias que pasarán factura a un debilitado sistema educativo que, ya en los últimos años, ha sufrido recortes masivos de plantillas en los centros educativos y un continuo desconcierto entre la comunidad educativa.
Una clara muestra de lo que sostengo es que PP y PSOE coincidieran en los discursos de investidura en defender el concepto de “derecho de elección de centro” como si ello fuera un derecho fundamental. Por tanto, no se trataría de una actualización de aquel consenso de 2011, sino de una vuelta de tuerca con el propósito de consagrar la segregación escolar blindando los conciertos educativos y contentando al lobby de la enseñanza privada.
Discursos de investidura y educación
El
acuerdo de PP Y VOX, que ha permitido la investidura de María
Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, incorpora cinco
puntos en materia de educación. Para comenzar a dar forma a ese
acuerdo, la nueva presidenta de la Junta de Extremadura proclamaba que
su objetivo es un nuevo pacto educativo “duradero, de todos y para
todos, que garantice una educación de calidad sin ideologías”. Y como
no sabemos el concepto que la señora Guardiola tiene de lo que es
“ideología”, desconocemos si en ella incluye los valores universales
que recogen tanto la Convención de derechos del niño, la misma LOMLOE o
la Ley de Educación de Extremadura que, con muchos peros, fue una ley
pactada por PP y PSOE en 2011. La pregunta es: ¿Son estos valores
“ideología”? Pero atención, que la pretendida “neutralidad ideológica”
de la que habla la señora Guardiola tiene referentes en otros
territorios.
Los valores no son ideología. El ciclo 0-3 años es educativo, no solo conciliación
Un
ejemplo del concepto que tiene la nueva presidenta de la Educación es
cómo señaló que el objetivo del primer ciclo de Educación infantil (de
0 a 3 años) es asistencial y debe estar al servicio exclusivo de la
conciliación. Por eso, denominó a los centros que lo imparten
“guarderías” y no escuelas o centros docentes privados. Nadie le aclaró
que el primer ciclo de infantil tiene una consideración educativa
inequívoca. Si solo son guarderías, la exigencia para su regulación es
más laxa y las empresas privadas pueden acceder más fácilmente a ayudas
(o indirectamente, a subvenciones a las familias) para sufragarlas.
Desgraciadamente, en los últimos ocho años apenas se han autorizado
unidades del primer ciclo de Educación infantil en colegios públicos
por lo que, teniendo en cuenta la demanda social, será realmente fácil
concertar o subvencionar centros privados y, de paso, garantizar su
continuidad en centros en régimen de concierto, haciéndose todo ello en
nombre de “la libertad de elección de las familias”.
¿Y qué podemos esperar de este ciclo conservador? Veamos algunos ejemplos
Menos inversión para la pública, más para la privada. En eso, evidentemente Madrid nos lleva la delantera: la inversión en Educación del gobierno liderado por la señora Ayuso es de poco más de un 2%, frente al 4,8% de media en España (Extremadura se sitúa en torno al 5,85% y los países europeos en torno al 6-7%). Madrid se sitúa a la cola de todas las comunidades autónomas (CCAA) y es quien destina más dinero a las empresas privadas concertadas y cheques escolares hasta para familias ricas. Y toda la gente sabe que Madrid sigue siendo la referencia para la derecha.
De esta manera, las políticas educativas de los últimos años han provocado un enorme destrozo en la Educación pública madrileña, donde sistemáticamente se reducen aulas públicas (nada nuevo para Extremadura, donde el PSOE ha estado haciéndolo en los últimos años), se cierran colegios públicos (en Extremadura ya lo hemos vivido con los centros de El Cristo en Villanueva de la Serena o el Juan XXIII en Mérida) y se deriva al alumnado hacia la privada-concertada con una oferta pública que aboca a barrios enteros a desaparecer. ¿Alguien cree que una pareja joven con familia se irá a vivir al barrio de San Juan en Mérida, sin colegio, centro de salud, comercios…? En Madrid, por ejemplo, sólo el 54% de las familias escolarizan a su prole en las escuelas públicas, frente a un 67% en España y más del 90% en la mayoría de los países de Europa. No se salva ni la Formación Profesional, donde sólo un tercio de las plazas ofertadas se realiza en centros públicos. Tomen nota.
Pero la paradoja es que el descenso de alumnado no ha provocado una reducción de ratios. Reducir la ratio es un clamor del profesorado para mejorar la calidad educativa (la pandemia demostró empíricamente que los resultados mejoraron muy notablemente con menos alumnos en las aulas). Como han denunciado las Mareas Verdes y los sindicatos educativos defensores de la Escuela Pública, las consecuencias de 25 años de ataque a este modelo educativo en Madrid muestran un patrón en el que aumenta la segregación escolar, especialmente socioeconómica, y se sitúa a la cola en estándares de equidad. Pero hay más.
Dignificar la labor docente
Seguramente muchas personas recordarán las palabras de Esperanza Aguirre atacando al profesorado con aquella ignominiosa frase de que “la mayoría de los madrileños trabajan más de 18 horas semanales”. En Extremadura, arrastrando un déficit respecto a otras comunidades, la mayoría de maestros y maestras tienen 23 o más horas lectivas semanales, lo que merma las posibilidades de coordinación, colaboración entre docentes, innovación y atención personalizada del alumnado. Dignificar significa plantear un nuevo estatuto docente, disminuir las ratios y las horas lectivas docentes, promover espacios de encuentro y formación, contratos a jornada completa y no precarizar las condiciones laborales, mejorar las condiciones de los equipos directivos pero, sobre todo, no eliminar plazas docentes. Y, en eso, el PP extremeño ya tiene experiencia: sólo en el período 2010 y 2015 desaparecieron o fueron reconvertidas en medias jornadas y contratos precarios más de 2.000 plazas (cuando, en ese mismo período se había incrementado en 9.500 el alumnado en las aulas extremeñas) y en el comienzo de este curso los sindicatos ya han denunciado la escasez de oferta de plazas tanto en comisiones de servicios como de interinidades.
La excelencia y el éxito escolar
Muchas familias han comprado el discurso neoliberal apostando a los resultados escolares. “Mis hijos se merecen lo mejor, aunque sea pagando el dinero que no tengo”. Esta frase podría atribuirse a cualquier familia madrileña que, haciendo caso a los eslóganes del gobierno regional, haya matriculado a sus criaturas en un centro concertado. El modelo de la excelencia, que tantas veces ha defendido Ayuso, se cae a pedazos. El último informe PISA explica la fuerte bajada de las puntuaciones del alumnado de Madrid en Matemáticas, Ciencias y Lengua y Comprensión lectora. También los malos resultados comparativos con las Evau del resto de España (posición número 15), ponen de manifiesto la mediocridad del modelo.
Precisamente, esos son los tres elementos clave para construir una imagen mediática catastrofista de la educación pública: el fracaso escolar, señalando a las clases sociales más empobrecidas como objetores escolares que no quieren estudiar, la idea de que el modelo público es peor y que se sustancian en una baja inversión; la existencia de una red privada-concertada y la segregación, alimentando todas la creencia de que sólo una Educación en la excelencia basada en criterios productivos, economicistas y de competitividad es eficiente y eficaz.
El gobierno entre PP Y VOX sigue los mismos parámetros que defendiera el ínclito Monago en 2011, abanderando una falsa (e increíble) modernización social a través de un gobierno tecnocrático, la idea falaz de que la derecha gestiona mejor y que Extremadura liderará el avance del país con más placas, más megaproyectos y la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Pero en Educación, basta con recordar los planteamientos de la LOMCE para que, uno a uno, caigan por sí solos los principios de la neutralidad ideológica en la enseñanza, la libertad de elección de centros, la mejora de la labor del docente y el avance hacia una educación libre, gratuita y universal que recoge el acuerdo de legislatura entre los dos partidos de derechas (eso sí, sin excluir a la red privada, dice el citado acuerdo). Tomen nota, esto va en serio.