La bolsa o la vida

La enfermedad nos vuelve vulnerables. ¿Qué no hace una persona cuando se encuentra enferma? Hay pocos limites: endeudarse, pedir dinero a la familia, desplazarse, buscar otras opiniones, todo lo que sea necesario, ya que sobre la salud del cuerpo se construye todo.

Sin embargo, amparándose en la crisis económica se han ido imponiendo unas políticas que van recortando las prestaciones de los servicios públicos, también en el sistema sanitario. Todo ha sido un suma y sigue de políticas en contra de la ciudadanía, con discursos legitimadores de sus decisiones achacando las responsabilidades a los usuarios y pacientes. Parece que aquí también nos quieren hacer creer que «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades».

Este discurso legitimador nos vino primero asegurando que se consumían demasiados medicamentos, que estos acumulaban en casa y pusieron el copago. Un copago que ha hecho que personas vulnerables económicamente tengan que optar entre mantener adecuadamente sus tratamientos o pagar su gastos vitales, pues al mismo tiempo que se introducían estas políticas, en nuestro país también aumentaba la desigualdad social y la pobreza. Somos, de Europa, el tercer país donde más ha aumentado la desigualdad y la pobreza. Necesitamos unos gestores públicos que no nos estén obligando continuamente a tener que elegir entre la bolsa o la vida.

La política de inversión pública es el mecanismo más importante de corrección de desigualdades y un elemento clave para contribuir a la mejora de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas más desfavorecidos, permitiendo introducir factores de igualdad social. Las políticas sociales son políticas de redistribución de la riqueza a través de los servicios públicos.

Pero los recortes en servicios públicos como la sanidad es un cálculo estratégico de los nuevos gestores neoliberales. Saben que pequeños, progresivos y constantes recortes en la sanidad pública tienen grandes consecuencias, pues nadie con recursos o posibilidad de endeudarse está dispuesto a arriesgar su vida si se encuentra enfermo y tiene que sufrir una larga lista de espera, con la ansiedad de no saber o sufrir los síntomas meses a la espera de una operación.

Pero, sobre todo, permite justificar a esos gestores neoliberales su política de privatización, derivando las consultas y las operaciones a clínicas privadas cuyo objetivo es obtener la mayor rentabilidad económica posible. Por eso el Partido Popular lleva años sometiendo a la Sanidad Pública de Castilla y León a un intenso proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización que ha producido graves, y en algunos casos irreparables, daños en el sistema sanitario de nuestra comunidad.

La saturación por falta de personal ha llevado a que se denuncie mediáticamente que haya algún centro donde cada cinco minutos un médico o una médica tenga que ver a tres pacientes. Esta situación genera estrés en los profesionales de la atención sanitaria: ¿cómo hacer un diagnóstico en tan escaso tiempo?, ¿cómo atender al paciente, indagar y con todo ello establecer un diagnostico en ese ridículo margen?, pero también afecta profundamente a los pacientes, y destruye la idea de una atención primaria de calidad.

Es admirable que algunos profesionales sean tan responsables y comprometidos que prefieran renunciar a sus puestos, como han hecho tres doctoras recientemente en Burgos, al no poder prestar una atención de calidad. Esta es la parte más visible de los recortes en sanidad. El empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales que en ella trabajan, pues supone un doble ataque (a profesionales y pacientes), ya que todo retroceso en derechos, la no cobertura de bajas, vacaciones…, tendrá una traslación en la calidad de la atención recibida por los usuarios y las usuarias.

Es inadmisible que en plena época de gripes, especialmente frecuentes y siendo más graves, según las propias recomendaciones de sanidad, en personas mayores y siendo éstas las que más habitan nuestros pueblos, se cierren consultorios, obligando a las personas a desplazarse a consultorios en otras localidades más alejadas, en zonas, donde lo primero que se ha eliminado es el transporte público.

Una breve revisión de la situación provincial nos indica que: no se ha cumplido con la inversión aprobada para la remodelación de los centros de Salud, aunque de forma reiterada se presupueste, véase por ejemplo el centro de salud de Pinilla en San Andrés del Rabanedo; se suprimen los puntos de asistencia urgente infantil, los dos que había en la provincia, parece que con el objetivo de pasar a estos profesionales a los hospitales y suplir la falta de pediatras; múltiples quejas por la demora en la atención de hasta 8 días en atención primaria en algunos centros de Salud; cierre de consultorios en la zona rural y una largo etcétera, que ha movido a la población a defender un sistema sanitario que paga con sus impuestos. Un sistema sanitario que es pieza clave de un sistema de bienestar cada vez menor, de importancia vital y que cada vez se le recorta más, pero que sin embargo es una herramienta básica de redistribución de la riqueza y de freno de la desigualdad social en el acceso a derechos básicos.

La sanidad es nuestra y queremos una buena gestión de los recursos públicos, exigimos que se reviertan los recortes en sanidad y se aumente significativamente la inversión en atención primaria, especialmente en el medio rural. Exigimos que se dote de todo el personal médico y sanitario necesario que se ha recortado, para que se pueda reducir todas las listas de espera, en especial las quirúrgicas y diagnósticas. La sanidad no hay que repagarla. Nuestros impuestos deben ir prioritariamente a estos servicios públicos sobre los que se basa un Estado de bienestar.

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