Estados Unidos ha visto como su condición hegemónica se deterioraba desde fines del siglo XX teniendo que enfrentarse a la competencia con otros bloques (UE, alianza China-Japón, Rusia o la India y sus áreas de influencia). En este proceso de recomposición del capitalismo internacional es un hecho que la hegemonía estadounidense de posguerra tocó a […]
Estados Unidos ha visto como su condición hegemónica se deterioraba desde fines del siglo XX teniendo que enfrentarse a la competencia con otros bloques (UE, alianza China-Japón, Rusia o la India y sus áreas de influencia). En este proceso de recomposición del capitalismo internacional es un hecho que la hegemonía estadounidense de posguerra tocó a su fin y está siendo disputada por otras potencias. Además, la necesidad creciente de territorios y recursos es cada vez más definitoria en esta contienda.
Este será el contexto desde el que Estados Unidos (EU) define su proyecto geopolítico para el siglo XXI en relación con América Latina, conocido como Proyecto Hemisférico. El ALCA es su manifestación continental aunque más bien avanza a través de estrategias intermedias como los acuerdos comerciales y de seguridad, unos de carácter bilateral y otros subregional (NAFTA, TLCs, Proyecto Mesoamericano, Plan Colombia, Plan México entre otros).
En este trabajo abordaremos específicamente la política de Seguridad Hemisférica y sus implicaciones en el proceso de militarización de América Latina. Como veremos, desde la perspectiva geopolítica, éste no es un factor secundario sino un elemento esencial en las necesidades actuales de expansión del capital en busca de territorio, recursos y mercado. En primer lugar, revisaremos la importancia geopolítica que tiene América Latina para EU en tanto área imprescindible en la competencia interbloques. En segundo lugar, nos centraremos en las articulaciones entre acuerdos económicos y de seguridad en su expansión regional para caracterizar el proyecto y sus tendencias. Y por último, plantearemos algunas reflexiones del peso de este factor en la militarización de la política y de la seguridad pública en la región considerando el actual contexto de cambio político en América Latina.
1. Estados Unidos en la competencia inter-bloques y la importancia geopolítica de América Latina
El mundo se repartió nuevamente en áreas de influencia en torno a nuevas potencias. Europa absorbió a los países centroeuropeos y a una parte importante de los países africanos, sus antiguas ex colonias. China y Japón controlan un área amplia de Asia. Rusia reconstruyó su zona de influencia en torno a los países del viejo bloque soviético y la India tiene un peso específico propio en relación con su entorno. Las condiciones de especificidad de EU exacerban aún más esta competencia, así como las dificultades que enfrenta y que lo orientan hacia su área más próxima, América Latina. Es además uno de los países con mayor consumo y dependencia energética, especialmente en petróleo (importa más del 50% del crudo que consume) y gas, su fuente alternativa más inmediata. A esto hay que sumar la crisis recurrente por la que atraviesa desde hace décadas, siendo el país más endeudado del mundo, con una balanza comercial deficitaria casi con cualquier otro país, con pérdidas de competitividad en nichos industriales claves, etcétera. La centralidad del complejo militar-industrial como eje estructurador de su actividad económica y política le confiere un altísimo nivel de dependencia de la guerra que reduce al mínimo su capacidad para reorientar la economía. Así, durante la guerra de Irak, casi el 60 por ciento del crecimiento de la economía estadounidense estuvo determinado por los gastos militares (Red Voltaire, 2005). En estas condiciones, el acceso a nuevos territorios y recursos es vital para EU y sus posibilidades de competencia frente a otros bloques. Estas especificidades le sitúan ante condiciones históricas únicas desde la segunda posguerra y en este contexto América Latina resurge no sólo como su área de influencia natural sino como un área vital para disputar la hegemonía; más aún cuando la catastrófica estrategia de guerra en Medio Oriente dificulta el acceso a los recursos petroleros.
A menudo olvidamos que América Latina es una de las zonas del planeta más ricas en recursos estratégicos. Como señala CEPAL «la región dispone del 25% de los bosques mundiales, y un 40% de la biodiversidad total del planeta. El 38% de las tierras de la región está destinado a fines agrícolas. Sólo América del Sur dispone del 28% de los recursos hídricos mundiales. En cuanto a los recursos mineros, la región cuenta con el 34% de las reservas de cobre, el 30% de bauxita, 41% de níquel y el 29% de plata, entre las más representativas. El potencial energético aprovechable equivale al 35% del potencial mundial, dentro del cual las fuentes hidroenergéticas son el 36%, el carbón el 27%, el petróleo el 24%, el gas natural el 8% y el uranio el 5%» (Ruiz-Caro, 2005). Lejos de las apreciaciones que señalan que América Latina no está en el campo de interés geopolítico de EU, el propio Comando Sur reconoce su papel estratégico en las directrices para el 2018: «Las naciones de América Latina y el Caribe son estratégicamente importantes para la seguridad y futuro económico de Estados Unidos. Los intereses de largo plazo de Estados Unidos son mejor satisfechos por un hemisferio de naciones democráticas, estables y seguras» y, agrega, que esto se logrará, por supuesto, compartiendo valores como «gobiernos eficientes, sociedades libres y economías de mercado» (Comando Sur, 2008:21). Este es sólo uno de los muchos documentos sobre seguridad en los que se menciona explícitamente a América Latina. Entre los menos conocidos, pero más importantes, está el Documento de Santa Fe IV (Lucier, 2000).
En el ámbito petrolero, América Latina produce un 15% del crudo mundial y de aquí proceden el 37% de las importaciones petroleras de EU, siendo además los suministros más cercanos y seguros. Venezuela, México y recientemente Brasil están entre los primeros países en cuanto a reservas. En relación con el gas, las reservas latinoamericanas, aunque no están en los primeros lugares mundiales, son equivalentes a las de Norteamérica, incluido Canadá. Esto las convierte en reservorio importante. Los principales países por sus reservas son Bolivia, Venezuela y México. La región es también el gran reservorio de agua dulce del planeta. El mayor caudal se encuentra en la Triple Frontera, seguido de Colombia y Perú (World Resources Institute, 2005). Entre los principales países productores de energía hidroeléctrica están Brasil, Colombia, Perú y México (Business News America, 2004).
En términos de biodiversidad, América Latina cuenta con los mayores recursos del planeta como podemos ver en la Tabla 1 «Biodiversidad en América Latina y el mundo». Concentra el 40% de las especies animales y vegetales existentes. Es la primera región del planeta en cuanto a especies vegetales y la segunda en número de mamíferos y aves. Brasil, Colombia, México y Perú destacan como los principales países por sus recursos. Si prestamos atención al rubro sobre Plan Puebla Panamá (PPP) -actualmente Proyecto Mesoamericano-, esta subregión tiene un altísimo potencial. Cuenta con un 35% de los mamíferos de la región, un 36% de las aves y un 37% del total de las especies vegetales. Los datos hablan por sí solos en cuanto a la importancia estratégica de América Latina para EU y además nos permiten apreciar la trascendencia del Proyecto Mesoamericano en el marco del Proyecto Hemisférico estadounidense. El destino de la inversión extranjera directa (IED) y la procedencia de los países inversores ponen de manifiesto no sólo la importancia creciente del sector de los recursos naturales, que ha ido desplazando a las manufacturas y servicios a lo largo del periodo 1997-2006, sino también el hecho de que EU es el primer y segundo inversor en la mayoría de los países de la región (Eclac, 2005; Cepal, 2007; Rodríguez Rejas, 2010:166).
Si revisamos el rubro de los minerales estratégicos, podemos apreciar que, desde mitad de la década de los noventa, cuando se dispara esta actividad, América Latina cuenta con una parte importante de la producción y reservas de varios minerales cuya principal fuente de destino es EU. De hecho, entre los diez primeros países mineros del mundo hay seis latinoamericanos: Perú, Chile, Brasil, Argentina, México, Bolivia y Venezuela (Castro, 2008; Panorama Minero; Cepal, 2008). En un breve recuento de los datos que presentamos en la Tabla 2 podemos apreciar como los países latinoamericanos están entre los principales productores mundiales de minerales estratégicos y metales preciosos -son catalogados como tales el oro, plata, cobre y zinc-, así como por las reservas probadas de minerales estratégicos con alto precio en el mercado como el antimonio, bismuto, litio, niobio, torio, oro, zinc y uranio entre otros. En varios, el principal receptor de la producción es EU, especialmente en el caso del bismuto (88%), zinc (72%), niobio (52%) y en menor medida la fluorita (45%) y el cobre /45%).
Si además tomáramos en cuenta los recursos estratégicos menos visibles como la exportación neta de capitales vía deuda externa y la fuga de capitales -se estima que el monto asciende a 490,000 mdd. en 2009, el equivalente de la deuda externa pública (Millet y Toussaint, 2009)-, mercado de consumo y mano de obra barata, no cabe duda de que América Latina no sólo es un área estratégica sino vital para EU. ¿Acaso podemos pensar que EU va a abandonar la disputa por los recursos estratégicos de la región? ¿O que esta región tiene un papel secundario en la competencia interbloques que enfrenta EU? Una cosa es que el ALCA se encuentre ahora paralizado por los contrapesos del cambio político latinoamericano de los últimos años (Venezuela, Bolivia, Brasil o Ecuador) pero no podemos confundir este hecho con una falta de interés hacia América Latina. Las intervenciones desestabilizadoras en Venezuela, Bolivia y Honduras así como el injerencismo en Colombia y México no pueden analizarse al margen de la geopolítica estadounidense en la región y sus intereses geoeconómicos.
2. Seguridad hemisférica y comercio continental: dos caras de una misma moneda
El Proyecto Hemisférico de EU se ubica en el contexto de competencia interbloques señalado al inicio. En esta parte del trabajo queremos destacar tres elementos centrales para entender la compleja situación en la que nos encontramos actualmente.
En primer lugar, el Proyecto Hemisférico, que acostumbramos identificar exclusivamente con el ALCA, responde a una clara concepción geopolítica en la que se articulan territorio, recursos, excedentes, expansionismo e intervencionismo. El control político y militar del área es fundamental para ampliar el espacio vital (heartland) sobre el área de influencia (hinterland), en este caso América Latina. Es decir, las perspectivas económica y de seguridad son parte de un mismo proyecto. En segundo lugar, el Proyecto no se agota en el ALCA y aunque no ha logrado implementarse a escala continental cuenta con estrategias intermedias que a menudo subestimamos. En tercer lugar, la estrategia de seguridad y defensa hemisférica corre paralela a los acuerdos político-comerciales de las Cumbres como podemos constatar en la Tabla 3; además, su gestación es muy anterior a los atentados del 11-S y se remonta a fines de los setenta como queda reflejado desde el Documento de Santa Fe I (Tambs,1980). Es decir, estamos ante un ciclo conservador que se extiende hasta nuestros días en el que se va institucionalizando y legalizando la apropiación de recursos, la penetración en el territorio y las estructuras militares que garantizan el acceso a éstos. Lo novedoso no es la concepción de la guerra preventiva o de la seguridad multidimensional sino el aparato institucional y legal de seguridad con que opera ahora EU en la región, en connivencia, por supuesto, con las élites latinoamericanas más conservadoras.
México y Colombia son los ejemplos más destacados. El ALCA entendido como la primera definición estratégica de EU hacia América Latina desde la Alianza para el Progreso, como señala Jaime Estay (Estay y Sánchez, 2005), encuentra su fundamentación mucho antes de su presentación formal en la 1ª Cumbre de las Américas en 1994. Si revisamos la Tabla 3 encontramos la complementariedad entre los documentos económicos y de seguridad que son la base de dicha propuesta así como del entramado institucional sobre el que se levanta. En 1980, el Documento de Santa Fe I plantea el diagnóstico de crisis y pérdida de liderazgo de EU, definiendo con precisión el papel de América Latina y de sus recursos naturales. Aparece la idea del enemigo transnacional, del terrorismo y del crimen organizado y para hacerle frente recomiendan: «Reactivar, como tercer elemento de nuestro sistema hemisférico de seguridad, nuestras tradicionales vinculaciones militares en el continente americano, con un énfasis particular en los oficiales más jóvenes y en los suboficiales. Ofrecer ayuda técnica y psicológica a todos los países de este Hemisferio en su lucha contra el terrorismo, independientemente del origen de este último» (Tambs, 1980:9). Santa Fe II mantiene las directrices sobre gobernabilidad conservadora, la incorporación del área de influencia latinoamericana y ya hace mención a la vulnerabilidad de México, lo que más recientemente fue definido como el estado fallido mexicano. La Iniciativa para las Américas (2008), publicada en 1990, será uno de los primeros documentos que operativiza la estrategia. Va a contener los principios fundamentales para la reconstrucción de la hegemonía estadounidense: libre mercado, «gobiernos libres» en el sentido de democracias procedimentales y estabilidad política, es decir gobernabilidad conservadora. Por tanto, el Proyecto Hemisférico descansa desde un inicio en la triada acumulación neoliberal, gobernabilidad conservadora y militarización política; características que han marcado la realidad latinoamericana de los últimos treinta años y que se perfilan como tendencias futuras dadas las condiciones de necesidad de EU en este momento. Desde luego, no es casualidad que la Iniciativa se haga pública un año después del inicio de las negociaciones del NAFTA y de Santa Fe II (1988), como tampoco lo es que comparta elementos clave con las propuestas de las Cumbres y los futuros acuerdos comerciales.
A partir de ese momento encontraremos una clara continuidad política. Así, la National Security Strategy for a New Century (1998), retoma las contenidos ya mencionados e incluye explícitamente, como objetivo de seguridad, los recursos estratégicos y la garantía de acceso a la «libre circulación» de éstos. Además incorpora la doctrina de la seguridad preventiva (concepción que proviene de la Doctrina de Seguridad Nacional y de la Guerra Fría) al «impedir la formación y desarrollo de rivales hostiles», situación que no puede dejar de preocuparnos ante el cambio político de los últimos años en América Latina.
Lo que sigue son desarrollos puntuales, articulaciones y el armazón legal e institucional en que se sostiene. Aquí es donde enmarcamos el Act Patriot (2001), la National Strategy for Homeland Security (2002) y la National Security Strategy (2003) que contienen ya un alto nivel de regulación y especificación. Es decir, 2001, como señalábamos, no es el inicio de una nueva estrategia de seguridad sino el reforzamiento de un proyecto que para entonces tenía más de dos décadas y el desarrollo de una institucionalidad que ya venía perfilándose. En este contexto surge la Carta Democrática Interamericana (2001), emanada de la 3ª Cumbre de las Américas, que es mucho más que un simple documento político. No sólo es una síntesis de la concepción teórica sobre gobernabilidad conservadora que proviene de los setenta sino que inaugura un manual institucional para hacer frente a las amenazas al orden. Es un mecanismo de observación y control multilateral continental. En nombre del Estado de Derecho y del «orden democrático» proporciona las bases de la seguridad preventiva. La intervención en Haití, en 2004, fue el primer funesto experimento multilateral en el que por primera vez los países de América Latina intervienen un Estado de la región. Los costos en materia de derechos humanos de la MINUTASH, a cargo en unas ocasiones de Brasil y en otras de Chile, con permanencia de las tropas desde entonces, han sido altísimos. Una segunda aplicación fue el «golpe constitucional» de Honduras que preparó una salida inusitada en la historia para la recomposición neoligárquica en ese país. La Carta rescata instituciones continentales prácticamente extintas, unas de carácter político como la OEA y otras de carácter militar como la Junta Interamericana de Defensa. Unos años antes se había creado el Comité de Seguridad Hemisférica (1995) y el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica (1997). La Carta es además la continuidad de dos documentos específicos para América Latina: el Compromiso de Santiago de Chile de Defensa de la Democracia (1991), en el que se plantea el tema de la gobernabilidad y las nuevas amenazas, y el Tratado Marco de Seguridad Democrática para Centroamérica (1995) en el que aparece por primera vez el concepto de «seguridad democrática» que años después institucionaliza Uribe en Colombia. Un año antes del acuerdo sobre La Carta Interamericana, se hace público el Documento Santa Fe IV (2000) que inspira tanto ésta como el documento clave de la estrategia político-militar para América Latina, la Declaración sobre Seguridad de las Américas (2003). La pregunta clave que se formula en Santa Fe IV es «¿cuál es la amenaza?»; es decir, quién es el enemigo y cómo se le enfrenta y contiene. Las amenazas a considerar son además del narcotráfico y terrorismo, migración, pobreza, endeudamiento, deforestación y desastres naturales y lo que denominan «democracias populistas» y «desestabilización potencial». Esta será la segunda ocasión, después de Santa Fe I, en que se hace una mención explícita a los riesgos de desestabilización como consecuencia de la crisis mexicana; es decir, la mención implícita de «estado fallido». Plantea un plan de anexión de América Latina en el que, por supuesto, están considerados los recursos estratégicos. De la 4ª Cumbre Extraordinaria de las Américas, realizada en Monterrey, surge la Declaración de Nuevo León (2004) que, como en el caso de los documentos anteriormente revisados, integra gobernabilidad y seguridad, precisando las directrices de la Carta. Señala: «Reafirmamos nuestra decisión de coordinar acciones inmediatas cuando la democracia corra peligro en cualquiera de nuestros países» (2005:11), e incorpora como precisiones evitar «el riesgo de influencias indebidas», -en clara alusión a Venezuela-, la lucha antiterrorista y la búsqueda de institucionalización necesaria para ello. Es decir, el Proyecto se va redondeando públicamente desde una perspectiva político-ideológica y militar.
Entre los documentos específicos y más recientes sobre seguridad para América Latina está, como mencionamos, la Declaración sobre Seguridad de las Américas (2003), otra de las directrices de defensa emanada directamente de la Cumbre de las Américas y que es el correlato de la National Security Strategy, de la National Strategy for Combating Terrorism, de ese mismo año, y de la National Strategy for Homeland Security, donde se define el terrorismo como «cualquier acto premeditado, ilegal, peligroso para la vida humana o el bienestar público que pretenda intimidar o coercionar a la población civil o al gobierno (…) Esta descripción incluye secuestro, secuestro aéreo, asesinatos, bombardeos, ataques con armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares, ataques cibernéticos y cualquier otro tipo de formas de violencia premeditada» (2002). La ambigüedad de la definición cuando se señala «cualquier» acto o forma de violencia se presta a una aplicación discrecional en un contexto político conservador. Dicha definición no sólo será recogida en el caso de México sino ampliada con un claro sentido de criminalización de la protesta social al agregar en la definición: «al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o cualquier medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación [cursivas mías]» como aparece en la Reforma del Art. 139 del Código Penal (2007).
La Declaración sobre Seguridad de las Américas es, sin duda, la culminación de la proyección de la política de defensa hacia América Latina. Este documento es uno de los ejemplos más claros sobre la articulación entre las concepciones comerciales, políticas y de defensa. Surge a raíz del acuerdo de la Cumbre de Santiago de Chile (1998) para crear una Comisión sobre Seguridad de la OEA, encargada de revisar los temas de seguridad y reforzar las instituciones del viejo sistema interamericano. Después, en 2001, en la Cumbre de Quebec, se le pidió a esta misma Comisión, analizar los enfoques comunes sobre seguridad, lo que significó incorporar el enfoque multidimensional de seguridad hemisférica y las llamadas nuevas amenazas. El resultado fue la Declaración de Bridgetown en la que se amplia la concepción de seguridad para «abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales» (2002). Es decir, la amenaza es total y en este sentido la respuesta es la guerra total y permanente. El acento estará en la cooperación ante las amenazas transnacionales y en la generación de estrategias coordinadas. El resultado final, un año más tarde, fue la Declaración sobre Seguridad que a su vez resalta la contribución de los llamados procesos de integración (NAFTA, PPP y ALCA) a la estabilidad y seguridad hemisférica.
La Declaración sobre Seguridad pone el énfasis en la defensa de la democracia («seguridad democrática») y la seguridad preventiva, lo que se traduce en un «esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno» (2003). Apela a la seguridad multidimensional y a la necesidad de coordinarse para hacer frente a la amenaza del terrorismo estando dispuestos a «intensificar nuestros esfuerzos y fortalecer nuestra cooperación para enfrentar estas amenazas. Tomaremos las medidas necesarias para combatir y prevenir el terrorismo» (Declaración sobre Seguridad de las América, 2003:11). Esto se traducirá en el intercambio de información e incluso asesoría jurídica. Además, abre la puerta a la posibilidad de intervenciones ante «conflictos internos… cuando el Estado afectado así lo solicite» y misiones en el exterior, bajo la forma de misiones de paz, tanto en la región como fuera de ella. Todo ello refleja la aspiración de EU a la creación de un cuerpo multilateral americano.
Sin embargo, como ya adelantábamos, no será en la Declaración donde aparece explicitada por primera vez la concepción y estrategia de seguridad democrática y preventiva para América Latina. El antecedente es el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (1995), con el que se pone fin a la guerra en Centroamérica y que constituyó uno de los primeros teatros de experimentación de las concepciones de seguridad y defensa a pequeña escala. En él ya se plantean las directrices de gobernabilidad conservadora y sus objetivos de defensa (defensa multidimensional, arquitectura flexible de seguridad, cooperación hemisférica, colaboración en información e inteligencia, programas de adiestramiento, etcétera), incluida la seguridad democrática, las amenazas a ésta y, en correspondencia, la seguridad preventiva para enfrentarlas. En su Art. 1 señala: «El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho; en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto» y en otra parte agrega «una democracia, basada en el Estado de Derecho y en las garantías de libertades fundamentales, la libertad económica» (Tratado Marco de Seguridad en Centroamérica, 1995). A su vez, una parte de estos lineamientos los encontramos también en el Plan Colombia, en la ASPAN y en el Plan México. Mientras tanto, aunque el ALCA no avanza en la forma en que fue planeado, asistimos a otras formas de incorporación de América Latina en la órbita geopolítica norteamericana que van desde los tratados bilaterales hasta las políticas de desestabilización. Todos y cada uno de los acuerdos comerciales bilaterales incorporan el tema de los recursos naturales en los capítulos sobre propiedad intelectual y trato nacional a la inversión extranjera así como los principios básicos del ALCA, herederos del Consenso de Washington. No se puede subestimar esta estrategia expansionista de reemplazo si consideramos con Ariela Ruiz-Caro que los TLCs no son el inicio de un proceso sino que «deben ser vistos como la culminación de un proceso de apertura previa a su suscripción» (Ruiz-Caro, 2005:8). Como podemos ver en la Tabla 3, los acuerdos comerciales han avanzado de la siguiente manera desde que se firma el NAFTA en 1994: en 2001 se aprueba el Plan Puebla Panamá, hoy Proyecto Mesoamericano; en 2003 el TLC con Chile, en 2004 el TLC CAFTA-República Dominicana; en 2006 el TLC con Perú y en 2007, el TLC Preacuerdo con Uruguay; además del TLC en puertas con Colombia pendiente de su aprobación por el Congreso estadounidense.
3. Intervencionismo y militarización de la política en América Latina
En el proyecto de expansión de EU hacia América Latina se buscó desde la década de los ochenta un debilitamiento de instituciones clave que facilitara el acceso al control del territorio, en el sentido que plantea Ornelas (2003). Una de las instituciones claves del Estado son las Fuerzas Armadas y el proyecto estadounidense para la región les tiene asignado un papel subalterno, como policías internos que mantengan la gobernabilidad del territorio; o bien en su proyección más acabada, la expectativa de conformar una fuerza hemisférica en la que los militares latinoamericanos cumplirían un papel secundario como fuerzas de apoyo bajo el mandato político-militar estadounidense. Así, una mayor condición de dependencia en el espacio de influencia será garantía para acceder a sus recursos y para incidir en la toma de decisiones. En este sentido, la seguridad hemisférica es, en sí misma, la seguridad estadounidense. Un elemento que queremos destacar es que estamos asistiendo, por primera vez en la historia de la región, a la creación de una institucionalidad y legalidad hemisférica cada vez más amplia. El injerencismo de EU no contó antes con dicho marco de legalidad y aspiración de legitimidad. Esto resulta de la mayor importancia en un contexto de cambio político como en el que se encuentra América Latina. Así, mientras se crea una institucionalidad alternativa como el ALBA, la Comunidad de Naciones Sudamericanas, Banco del Sur, etcétera, las instituciones que sustentan el Proyecto Hemisférico también se van construyendo y son emblema de las reacciones neoligárquicas. El recuento de las instituciones para promover estructuras subregionales es amplio. Destacan la reestructuración del Comando Sur, la creación del Comando Norte (2002), la reactivación de la IV Flota (2008), las nuevas bases militares de Colombia que se suman a las existentes, y los programas de adiestramiento y formación de militares. Desde 1990 el Comando Sur redefinió su misión incorporando las nuevas amenazas y centrándose en la lucha antidrogas; sin embargo, es a partir de 2003 y la Declaración de Seguridad cuando presenta una ampliación determinante en sus objetivos y estrategias: a) Incorporar la lucha contra el terrorismo, el narcoterrorismo y la narcoguerrilla en sus programas de acción promoviendo para ello la participación multilateral en este tipo de acciones; b) Garantizar el libre flujo de energía en la región y la protección de la infraestructura apoyando a las Fuerzas Armadas nacionales para hacer efectivo este objetivo; c) Asegurar que los países ejerzan plena soberanía sobre su territorio poniendo un alto a los «espacios no gobernados» e impidiendo «el efecto derrame de sus vecinos inestables»; y d) Mantener y fortalecer gobiernos estables y democráticamente electos evitando que «los estados renegados apoyen organizaciones terroristas» (Comando Sur, 2008) , lo que inevitablemente nos lleva a pensar en Venezuela y Bolivia. El Comando destaca también las acciones de inteligencia, intercambio de información y control de movimientos aéreos, marítimos y terrestres; es decir, se asigna un papel similar al de Estado Mayor con mando unificado donde las Fuerzas Armadas locales cumplirían simplemente tareas de apoyo. Los antecedentes de la creación del Comando Norte podemos encontrarlos en el acuerdo firmado con Canadá en 1997 con el fin de complementar las acciones del Comando Sur en el hemisferio para proteger la zona no sólo de amenazas estrictamente militares sino para garantizar la seguridad del intercambio económico en el área del NAFTA. Se trataba de proteger «la zona en el plano comercial, de vigilancia fronteriza y colaboración tecnológica e informativa, al coordinar también los servicios de espionaje e inteligencia de los países involucrados» (Egremy, 2007). La decisión de crear el Comando Norte fue tomada unilateralmente por EU; nunca se consultó a los países que quedaron bajo esta nueva área de responsabilidad. Sus acciones, al igual que las del Comando Sur, están enclavadas en las concepciones de guerra preventiva, guerra total y el control de las áreas no gobernables, además de promover los vínculos «militar a militar», potenciar la cooperación y coordinación entre agencias militares, compartir información, adiestramiento y adquisición de armamento. La ASPAN y el Plan México son desarrollos de esta institución. Los ejercicios militares auspiciados por EU son cada vez más frecuentes en toda la región. Entre sus objetivos destacan, en primer lugar, promover una «cultura acorde» a los intereses estadounidenses y la conformación de una red «persona a persona» tal y como definen en los documentos de seguridad y defensa (Winer et al., 2006). De hecho, en el informe anual que envía el Comando Sur al Congreso del año 2004 se recomienda profundizar los «contactos militar a militar» para hacer frente al peligro del llamado populismo radical que, dicen, refuerza las posiciones radicales y exalta los sentimientos antiestadounidenses en la región (Barry, 2004). En otro de los objetivos se precisa que el adiestramiento está orientado a «un campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales» (Cemida, 2001). No deberíamos subestimar dicha intencionalidad cuando se calcula que sólo entre 1999 y 2003 «la milicia estadounidense entrenó 72,495 miembros de las fuerzas armadas latinoamericanas y del Caribe. El numero de entrenados saltó de 13,785 en 1999 a 22,831 en 2003» (Barry, 2004). Si extrapolamos el dato hasta ahora, la cifra es más que preocupante.
Aunque la aspiración de conformar una fuerza multilateral hemisférica – un «ejército americano» según los documentos del gobierno norteamericano- no parece cercana, es un hecho que se han reforzado medidas para promover la formación y adiestramiento de cuadros militares proclives a los intereses de EU. Como ya señalábamos, la intervención en Haití (2004) fue una primera manifestación de ello pero en el mismo contexto se inscriben acuerdos institucionales como Plan Colombia, ASPAN, el Proyecto Mesoamericano que incorpora programas específicos en Centroamérica, la Iniciativa Regional Andina, los acuerdos vinculados a la lucha contra el narcotráfico y el reciente Plan México. Éstos vendrían a ser el equivalente a la estrategia intermedia de los acuerdos bilaterales comerciales. Por último, queremos señalar que la lucha antidrogas para América Latina es parte de la concepción de seguridad hemisférica caracterizada por el injerencismo y que aspira al control del territorio. Desde aquí se justifica y legaliza la presencia militar en las respectivas naciones al tiempo que se busca legitimar sus acciones mientras la población naturaliza la militarización de sus espacios. Curiosamente, los dos países más comprometidos con esta estrategia son aquellos que muestran los mayores fracasos. Colombia sigue siendo el principal productor hasta nuestros días de la cocaína del continente y en el caso mexicano, de 60.000 personas detenidas entre 2000-2006 por delitos relacionados con el narcotráfico, sólo 15 eran líderes de cárteles, 50 pertenecían a la estructura financiera y 71 eran sicarios; el resto son personas vinculadas al narcomenudeo.
Las estrategias de desestabilización que aspiran a una posterior estabilización, como lo que sucede en la llamada guerra contra el narcotráfico, hunden sus raíces en la década de los sesenta al interior del propio EU cuando se recurrió a la distribución de drogas en lo barrios negros por parte del Estado como forma de quebrar al movimiento por los derechos civiles. En este sentido, Levitsky, quien fuera zar antidrogas, dijo ante el Congreso estadounidense en relación con la lucha antinarco en Bolivia: «Permítame ser muy preciso en este punto, porque no hemos vinculado el apoyo económico a la asistencia militar (…) A lo que sí lo hemos vinculado es al desempeño en tareas de contrainsurgencia» (Wola, 1993:28). Como vemos, los indicadores anteriores apuntan a una creciente militarización en América Latina desde la perspectiva del Proyecto Hemisférico. Pero, además, el proceso se refuerza, por un lado, con los planes de desesabilización que EU ha puesto en marcha en los últimos años (el golpe en Venezuela, los intentos de golpe y fractura de Bolivia impulsando la «autonomía» de Santa Cruz, el golpe técnico que significó el fraude electoral en México así como la llegada del experto en «estabilización» Carlos Pascual a la embajada de EU en México, el golpe de Honduras y los impactos constatables en Colombia). Por otra lado, un factor de carácter interno que refuerza el proceso viene dado por la tendencia a la militarización que se desata como condición sine qua non del funcionamiento del neoliberalismo en tanto desaparecen las mediaciones políticas y la negociación. Es decir, los factores internos y externos impulsan la espiral de la militarización en la región, lo que debería alertarnos sobre la complejidad del fenómeno y los riesgos que enfrentan los procesos de cambio político que se erigen en este momento.
4. Conclusiones
Hemos podido constatar que: a) la concepción y política de seguridad y defensa de EU hacia América Latina son propias de una política injerencista e intervencionista que busca el control del territorio latinoamericano y sus recursos; b) estas concepciones en ninguna medida son novedosas y sus antecedentes se remontan a inicios de los ochenta; c) los supuestos básicos de la DSN y de los manuales de contrainsurgencia son reeditados en la política de defensa hemisférica y legitimados en función de la gobernabilidad; e) una de las especificidades históricas que encontramos en el momento actual, con repercusiones centrales para América Latina, es que el Proyecto de Defensa Hemisférico está construyendo la institucionalidad y legalidad acorde para el injerencismo en la región en connivencia con las élites conservadoras latinoamericanas; f) la política de seguridad hemisférica aspira a convertir a las Fuerzas Armadas de América Latina en policías internos a cargo de la estabilidad del área de influencia de Estados Unidos, lo que apunta a una permanente militarización social y política en la región que tiene una de sus manifestaciones más evidentes en la militarización de la seguridad pública; f) las repercusiones en cuanto a soberanía y posibilidades de construcción de proyectos propios en América Latina se ven amenazados por esta política imperialista estadounidense, factores que deberían tomarse en cuenta en especial en países como México que está en condiciones de sumisión absoluta hacia el exterior así como de descomposición social y política sin parangón.
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