La administración demócrata recibió críticas luego de que se revelara que al gigante telefónico Verizon se le había ordenado entregar detalles de cada llamado hecho por sus clientes a los servicios de inteligencia estadounidenses.
La Casa Blanca salió a aplacar un nuevo furor por las libertades civiles después de que se revelara que al gigante telefónico estadounidense Verizon se le había ordenado entregar detalles de cada llamado hecho por sus clientes a los servicios de inteligencia estadounidenses. El gobierno explicó que era una herramienta crítica para proteger a la nación de ataques terroristas y que lleva años en vigor. «Este estricto régimen refleja el deseo del presidente de lograr el equilibrio correcto entre proteger nuestra seguridad nacional y proteger los derechos constitucionales y las libertades civiles», dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Fuentes de la Casa Blanca afirmaron que el programa, revelado en la noche del miércoles por el diario británico The Guardian, está siendo monitoreado bajo un «robusto régimen legal» para garantizar que cumple con los requisitos legales, pero afirmaron a la par que constituye un «instrumento clave» en la lucha antiterrorista. Un alto funcionario de la administración no hizo ningún intento ayer por negar los informes de que la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera era responsable de una orden fechada en abril para darle a la Agencia Nacional de Seguridad información sobre todos los llamados telefónicos de línea y celulares hechos por clientes de la unidad Verizon Business, nacionales y entre Estados Unidos y el exterior.
El momento es delicado. La orden fue firmada por el juez Roger Vinson, de la United States Foreign Intelligence Surveillance Court (Corte Especial de Inteligencia Internacional), y da permiso para espiar a cientos de millones de usuarios telefónicos. La naturaleza de la orden por la cual los datos son seleccionados a granel, sin tener en cuenta si los clientes son o no sospechosos de tener contacto con grupos terroristas, impulsará más a los críticos que dicen que la administración es culpable de excederse en los límites para espiar a sus ciudadanos. Es tanto más contencioso, ya que sucede después de las revelaciones de que fueron encontradas grabaciones telefónicas de periodistas de Associated Press por el Departamento de Justicia como parte de una prueba.
Al parecer, la orden indica a Verizon suministrar toda la «metadata telefónica» sobre una «base diaria», es decir, los números telefónicos de quien llama y de quien recibe la llamada. Afirma que la metadata no incluye nombres, direcciones o información financiera sobre los clientes.
En una declaración a los medios, el alto funcionario aseguró que la información reunida en este caso fue una herramienta crítica para proteger a la nación de las amenazas terroristas a Estados Unidos, ya que permite que el personal de antiterrorismo descubra si terroristas conocidos o sospechados han estado en contacto con otras personas que pueden estar comprometidas en actividades terroristas, especialmente gente dentro de Estados Unidos.
Que las agencias del gobierno de Estados Unidos monitorean llamadas es ampliamente conocido desde que surgió que la intervención telefónica fue autorizada por George W. Bush. La información entregada no incluye los contenidos de las llamadas, que no está cubierta por la orden. El fiscal general, Eric Holder, negó que el gobierno pudiera usar la orden para espiar sobre miembros del Congreso o de la Corte Suprema. Mientras, el congresista Mike Rogers dijo que la práctica había frustrado un intento de ataque terrorista en Estados Unidos. La senadora demócrata Dianne Feinstein lo resumió de forma más sencilla: «Se le llama proteger Estados Unidos», declaró.
The Guardian suministró un link con una orden judicial emitida en abril por una Corte de Supervisión de Inteligencia Extranjera secreta que indica a la compañía telefónica Verizon que debe suministrar cierta información sobre todas las llamadas telefónicas realizadas dentro de Estados Unidos, así como a teléfonos en el extranjero. La orden se aplica a un período de tres meses, que se inició el 25 de abril.
«Esto pasa desde hace siete años. Todos los miembros del Senado fueron informados de ello», dijo el senador republicano Saxby Chambliss. Aun así, la revelación del rotativo británico provocó protestas inmediatas que continuaron a lo largo de ayer. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) abrió una petición en su página web para reclamar que Obama «detenga de inmediato» esta práctica «totalmente inaceptable».
David Usborne. The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-221753-2013-06-07.html