Una red de tratos de favor, montada por empresas que incumplen la ley con la tácita complicidad de la Administración, ha deteriorado gravemente la calidad del producto en el sector turístico de España. Esta trama de corrupción, que viene afectando al turismo desde más de una década atrás, es la responsable de que cada día […]
Una red de tratos de favor, montada por empresas que incumplen la ley con la tácita complicidad de la Administración, ha deteriorado gravemente la calidad del producto en el sector turístico de España. Esta trama de corrupción, que viene afectando al turismo desde más de una década atrás, es la responsable de que cada día sean más los turistas que pierden la vida en España.
Kleyo De Abreu, la estudiante británica de 23 años que murió la pasada semana en Granada a causa de la negligente actuación de una compañía de deportes de aventura, es la ultima y dramática confirmación de que el turismo español ha entrado en una dinámica de deterioro creciente causado, tanto por los cortes en inversiones para mejorar el sector, como por la corrupción institucional que afecta a todo el país. En la última semana en España murieron al menos tres turistas extranjeros a causa de deficiencias en la organización de sus actividades deportivas. Las causas directas de estos accidentes van desde la reducción de presupuestos en la vigilancia de playas, que debilitan la actuación de los socorristas, hasta los producidos por la impune corrupción institucional que afecta al turismo y que protege a empresas como la que llevó a Kleyo De Abreu a saltar al vacío, sin comprobar la longitud de la cuerda que la sujetaría en el aire.
La inexperiencia del guía y, según se ha sabido, el efecto de unas cervezas que bebieron antes del lanzamiento (y que venían incluidas en la «matricula» del curso), provocaron que la joven no sobreviviera a esta excitante experiencia. Su familia ahora ha descubierto que la empresa había sido denunciada ya en varias ocasiones por serios defectos y falta de profesionalidad. Tanto la Guardia Civil de Granada como los organismos oficiales encargados de la inspección de este tipo de actividades, no movieron un dedo para detener en su momento la temeraria actuación de estos individuos. Ahora se han producido las trágicas consecuencias y la familia de Kleyo se pregunta por qué la Guardia Civil no actuó en su momento, impidiendo que una empresa de desalmados jugara con la vida de los turistas. La respuesta es evidente: tanto la Administración como los agentes encargados de velar por la calidad del turismo están hundidos hasta el cuello en las tramas de corrupción turística que operan en España.
El turismo español ha venido perdiendo calidad desde que en año 2011 la crisis de todos los demás sectores y la entrada de un gobierno con funcionarios especialmente sensibles a todo tipo de ganancias ilegítimas, lo sumiera en una dinámica de deterioro de calidad, fraudes sistemáticos y futuro insostenible.
Corrupción institucional
Como siempre, detrás de la inexperiencia, de la negligencia y de la falta de profesionalidad de las empresas turísticas españolas esta la corrupción institucional, que permite que individuos sin formación ni cualificación profesional alguna, actúen como guías turísticos o, como en este caso, como entrenadores de una actividad tan peligrosa como es el «puenting», poniendo en peligro la vida de todos los practicantes que pasan por sus manos. En este caso, la corrupción del sector y la desmesurada codicia que afecta a la mayor parte de los empresarios turísticos, se han cobrado una nueva e inocente víctima.
Lo que ahora se busca en España a la hora de iniciar un negocio -sea este turístico o de cualquier otra índole- no tiene nada que ver con el marketing, los estudios de rentabilidad, la demanda del servicio ofertado o el desarrollo correcto de la actividad empresarial. Lo primero que ahora buscan los empresarios españoles (especialmente los turísticos) es cumplir los requisitos para ser subvencionados por su actividad, encontrar un lugar donde el control de calidad sea débil (o no exista) y contar, tanto con cargos públicos como con funcionarios de base, especialmente sensibles al dinero fácil (lo que en España llaman «comisiones bajo cuerda»).
Los cortes en servicios y la corrupción de funcionarios que solo se ocupan de llenarse los bolsillos a costa de negocios ilícitos es lo que ha llevado al turismo español a la deplorable situación en que se encuentra.
La complicidad de aquellos cargos públicos que deberían velar por el buen desarrollo de la actividad turística es imprescindible para este tipo de empresarios sin escrúpulos. Como consecuencia de toda esta red de corrupción, tratos de favor a empresas protegidas, financiaciones ilegitimas e improcedentes subsidios, están las estafas en el suministro de servicios, la insatisfacción creciente del usuario y los trágicos accidentes que cuestan la vida a turistas. Como le ocurrió a Kleyo De Abreu en Granada.
Cuenca, un ejemplo de trama hermética
La ciudad española de Cuenca fue declarada patrimonio de la Humanidad en el año 1996. Apenas los empresarios turísticos locales olfatearon el filón, comenzaron a generarse las irregulares actuaciones administrativas.
Amparado y promovido por el mismo alcalde de Cuenca, José Manuel Martínez Cenzano, comenzó el festín para devorar la rentabilidad turística de la ciudad. Desde entonces, toda actividad turística que se ha organizado en Cuenca ha supuesto una oferta fraudulenta de servicios. Su único objetivo ha sido el enriquecimiento rápido e ilícito de una trama de corrupción incrustada en la Administración y que genera insospechados beneficios.
La primera empresa beneficiada fue CUSETUR, a cuya titular, María Ángeles Revuelta Taranilla, se le permitió actuar con guías turísticos sin cualificación que no poseían la más mínima formación en este campo. El alcalde de Cuenca llegó incluso a organizar para esta empresaria -que carecía también de titulación al respecto- programas de visitas guiadas desde el Ayuntamiento (pagadas, por supuesto, con dinero público). Desde entonces hasta la fecha, otras dos empresas más se han sumado a esta codiciosa trama de corrupción municipal: TURALIA (con peligrosos deportes de aventura entre los que se encuentra el «puenting») y GUIAS de CUENCA. Ambas llevan más de 10 años utilizando guías sin titular y contando con la protección de altos cargos públicos.
El ayuntamiento de Cuenca ha cambiado desde entonces de signo político en dos ocasiones (PP-PSOE), sin que esto haya afectado en nada a la supervivencia de la trama. En esta trama ha habido cargos de la administración pública, como el ex delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ángel Valiente Poyatos, o el Secretario de Turismo Carlos Villar Díaz e incluso el ex senador Pedro Bustos Amores, que durante su previa función como delegado provincial de Turismo en Cuenca desoyó sistemáticamente todas las denuncias por infracciones a la ley de Turismo de Castilla-La Mancha que recibió en su despacho. Mientras dejaba actuar con absoluta impunidad a cuantos guías ilegales infringían la ley desde las empresas protegidas, Pedro Bustos Amores acosaba administrativamente a aquellos otros guías que trabajan fuera de ellas. El ex senador llegó a amenazar al periodista que investigaba la corrupción existente en su departamento con abrirle un «procedimiento administrativo» si continuaba molestando.
Obispo, policías y presidentes
La misma organización de la catedral de Cuenca, un edificio declarado monumento nacional y que debería ser objeto de vigilancia estricta de la calidad en el servicio de guías que la interpreten, sólo permite actuar dentro de sus instalaciones a guías sin acreditación de las empresas locales protegidas. Ni el obispo de Cuenca, su titular directo, ni monseñor Rouco Varela, virtual representante nacional de la iglesia católica española, hicieron nada al respecto cuando fueron informados.
Hasta la misma policía (tanto local como nacional) se ha ocupado de salvaguardar los intereses de esta trama de empresas corruptas que operan en Cuenca. En el caso de la policía local, persiguiendo a todos aquellos guías que no trabajen para las empresas favorecidas; en el caso de la segunda, agentes de policía nacional, amparando la actuación de sicarios que amenazan y atacan a todos aquellos que pretenden poner en duda la legitimidad de estas actuaciones.
El cambio de signo político del PSOE al PP operado en Castilla-La Mancha no parece haber afectado hasta ahora a esta situación de complicidad generalizada que arrastra la comunidad castellano-manchega desde hace más de una década.
Desde delegados provinciales de la Junta, pasando por sucesivos directores generales de Turismo y hasta los tres últimos presidentes de Castilla-La Mancha (José Bono, J. María Barreda y Dolores Cospedal), todos han sido informados de la complicidad manifiesta de su Administración en las infracciones a la ley de Turismo que se vienen cometiendo. Nunca tomaron ninguna medida para atajar esta situación ni para sancionar a sus responsables.
Grupo de Ciudades Patrimonio
La hermética organización que ampara a estas empresas turísticas conquenses va mucho más allá en sus propósitos. Los tentáculos de esta trama también alcanzan al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y a ICOMOS, (organismo internacional vinculado a la UNESCO y encargado de vigilar la calidad del producto turístico).
Lourdes Costa Torres, presidenta del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y ex alcaldesa de Ibiza, fue también puntualmente informada de esta trama de corrupción y no solamente no tomó medidas correctoras, sino que optó por proteger a la empresaria fundadora, nombrándola responsable nacional del Producto Turístico del grupo que presidía.
Informada detalladamente de las infractoras conductas de esta empresaria, la presidenta del G.C.P.H.E, Lourdes Costa Torres, declaró que «Mª. Ángeles Revuelta había cumplido rigurosa y satisfactoriamente todos los objetivos y servicios requeridos». De esta forma, el grupo de Ciudades Patrimonio de España -y por ende su presidenta-, se convirtieron en otro de los cómplices institucionales de la red de protección y tratos de favor en España.
Tanto el G.C.P.H.E. como ICOMOS-España fueron informados en el año 2010 de todo este sucio asunto que estaba afectando, en particular, al turismo en Castilla-La Mancha y, en general y de una forma irremediable, al turismo de toda España. A través de su también presidenta, María Rosa Suárez-Inclán Ducassi, ICOMOS contestó asegurando que el deterioro de la calidad en el turismo a que se le hacía referencia, no era competencia suya.
Ha habido incluso quejas de usuarios indignados, que a través de cartas en la prensa local denunciaron el fraude de que habían sido objeto en el servicio de visitas guiadas. La principal queja hacía referencia al absoluto desconocimiento de su profesión de los guías que les había proporcionado la misma oficina municipal de Turismo de Cuenca. Ni siquiera la publicación de estas denuncias en la prensa movió a los responsables del turismo castellano-manchego a corregir la prolongada e impune situación de fraude que vive Castilla-La Mancha.
Los jueces cómplices
Como broche final y para protegerse de cualquier filtración de sus actividades ilícitas, esta red de funcionarios corruptos cuenta con la inestimable colaboración de la Judicatura española. En un sistema de prevaricación tan hermético como el que nos ocupa, la pieza clave para que empresarios y políticos corruptos puedan actuar fuera de la ley sin encontrar ningún obstáculo es, evidentemente, que la Administración de Justicia cierre también los ojos y se convierta en cómplice del delito.
El actual fiscal jefe de Cuenca, José Ernesto Fernández Pinós, documentalmente notificado de cómo opera esta trama de corrupción (con conexiones a una banda criminal que actúa con métodos violentos), se negó a abrir una investigación al respecto cuando fue informado de los delictivos comportamientos de esta red de corrupción turística. Todos los jueces conquenses en cuyas manos ha caído alguna denuncia de los fraudes turísticos que cometen las empresas protegidas, han acabado archivado sistemáticamente los procedimientos.
Las estafas a clientes que solicitan un guía titulado a través de las oficinas de turismo de Cuenca y reciben a personas sin esta titulación, siguen cometiéndose con absoluta impunidad con las dos empresas que reciben amparo de la Administración local y regional para prolongar sus actuaciones delictivas: CUSETUR y GUIAS de CUENCA.
A pesar de que la calidad del turismo conquense se está viendo gravemente afectada ante una situación tan anómala, los beneficios que genera un negocio de esta envergadura parecen seguir dando mucho de sí, manteniendo activos largos tentáculos que alcanzan hasta cargos claves, tanto en política como en la administración de Justicia.
Periodista acosado
El periodista que llevó a cabo esta investigación ha sido agredido en dos ocasiones. En la primera de ellas el ataque se produjo a medio centenar de metros de su domicilio, siendo el agresor uno de los empresarios turísticos citados en las informaciones como parte de la trama de corrupción. El juez que se ocupó del juicio, no solamente absolvió al sicario que atacó el periodista, sino que condenó al profesional de la información a indemnizar al atacante por haberse escapado de él corriendo y haberle producido algunos rasguños en su forcejeó.
El segundo ataque se produjo a las puertas del parador nacional de Cuenca, donde el periodista estaba recogiendo pruebas audiovisuales de cómo se estafaba a un grupo de turistas japoneses. El agresor atacó al informador por la espalda, lo tumbó en el suelo e intentó arrebatarle la cámara de video que llevaba a golpes y patadas. Los agentes de la policía nacional que se presentaron en el lugar de los hechos, cuando aún el periodista se encontraba en manos del sicario, se negaron a detener al agresor y a informar de su número de placa cuando les fue requerido por el periodista.
Durante los seis años hasta que se convocó el juicio por esta agresión a un profesional de la información, el periodista fue sistemáticamente acosado con amenazas de muerte en su teléfono. En una de ellas (texto recogido por agentes de la comisaría de Madrid donde se presentó la denuncia), sus acosadores le advertían: «Retira la denuncias o te matamos… ¡Es que no ves que nos protege el juez, gilipollas!». Cuando se identificó a uno de los autores de estas llamadas como un funcionario de la Subdelegación del Gobierno -Fco. Javier de León Cuesta- , el juez Gonzalo Criado del Rey Tremps lo absolvió, considerando que acosar a un periodista con amenazas de muerte desde el teléfono de una institución oficial no era delito.
La jueza María Sonsoles Jimeno Gutiérrez, del juzgado de lo penal 2 de Cuenca, negó al periodista medidas cautelares de alejamiento contra el sicario que lo agredió e hizo valer un fraudulento parte médico forense firmado por la forense de Cuenca, MarÍa Barquero Chacón, donde se negaban al periodista los tres años de baja producidos tras el atentado. Su sentencia absolutoria del sicario permite al agresor repetir sus agresiones cuantas veces desee. A partir de ahora, esta insostenible sentencia, además de dejar al periodista en una situación de indefensión absoluta, sienta precedente judicial y permite a cuantos empresarios o políticos corruptos lo deseen escarmentar a periodistas molestos que «meten la nariz donde no deben», investigando tramas de corrupción institucional como la que nos ocupa.
La Audiencia provincial de Cuenca ha ratificado recientemente esta sentencia.
Muere otra turista en Canarias
En Canarias una turista rusa practicante de snorkel perdió la vida al ser degollada por un surfista que no reparó en ella al estar sumergida. El accidente podía haber sido evitado con una vigilancia mayor de la playa y con un eficiente y más extenso servicio de socorristas. La saturación de las playas canarias, sin el consiguiente servicio de vigilancia que suponen los socorristas, ha pagado finalmente su tributo.
El ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, implicado en el accidente, se ha volcado apresuradamente en declaraciones que traspasan la responsabilidad a la practicante de snorkel, insistiendo en que no llevaba la boya de seguridad requerida para hacerse notar debajo del agua. Otros testigos del hecho aseguran, sin embargo, que el surfista estaba muy cerca de la orilla, violando las normas al respecto.
En esta inconcebible e irresponsable argumentación exculpatoria, el ayuntamiento de Tirajana ha contado con la complicidad de técnicos en natación y en seguridad de playas, que han confirmado todas y cada una de las absurdas justificaciones argumentadas por el municipio a cambio de presuntas y, es de suponer, generosas compensaciones.
PD.- Toda la documentación relativa a este reportaje -denuncias por infracciones la ley de Turismo, comunicaciones oficiales, pruebas audiovisuales de todas las irregularidades, etc- puede ser solicitada al email a: [email protected]
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