La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), formada por 172 defensoras de 97 organizaciones, denunció la desaparición forzada el pasado 12 de febrero de la activista indígena Obtilia Eugenio Manuel y su acompañante, Hilario Cornelio Castro, cuando se trasladaban en transporte colectivo desde Tierra Colorada hasta Chilpancingo, en el estado de […]
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), formada por 172 defensoras de 97 organizaciones, denunció la desaparición forzada el pasado 12 de febrero de la activista indígena Obtilia Eugenio Manuel y su acompañante, Hilario Cornelio Castro, cuando se trasladaban en transporte colectivo desde Tierra Colorada hasta Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Los dos miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM) aparecieron con vida el 16 de febrero. Obtilia Eugenio es beneficiaria, desde 2009, de medidas provisionales de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las amenazas contra la defensora aumentaron «desde que el 29 de septiembre tomara posesión como enlace de la Comisión de Obras Públicas del Consejo Municipal de Autoridades Comunitarias de Ayutla (Guerrero), desde donde exigía a las empresas constructoras transparencia en el proceso de licitación y respeto a las decisiones de las comunidades indígenas», denunciaron las organizaciones populares.
Marusia López Cruz es activista feminista, etnóloga y forma parte de JASS (Asociadas por lo Justo) en México, la RNDDHM y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras. En unas jornadas sobre «La protección de las personas defensoras» organizadas por el Ayuntamiento de Valencia y la Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colombia, subrayó que, entre 2012 y 2016, se produjeron al menos 3.886 agresiones contra mujeres defensoras en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; en el 59% de los casos la responsabilidad es atribuible al Estado y en el 37% de las agresiones se ha detectado algún componente de género, informa la Iniciativa. Entre 2012 y 2016 fueron asesinadas al menos 53 mujeres defensoras en los países citados. «Las mujeres están encabezando las luchas contra el extractivismo», resalta Marusia López. Ante el aumento de las agresiones y amenazas, la Iniciativa Mesoamericana ha desarrollado estrategias de protección integral, que incluyen campañas de denuncia, casas de acogida y respiro, y los Fondos de Respuesta Rápida en Seguridad y Autocuidado, del que se han beneficiado 2.560 personas, 420 familias y 28 organizaciones entre septiembre de 2016 y julio de 2017.
El pasado 30 de marzo se cumplió el primer aniversario de la manifestaciones por la «Gran Marcha del Retorno» en la frontera de Gaza y se conmemoró el Día de la Tierra Palestina (la represión ese día de las movilizaciones -en las que participaron decenas de miles de palestinos- por parte del ejército israelí se saldó con cuatro palestinos muertos y centenares de heridos). Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), 195 palestinos -incluyendo 41 menores- han sido asesinados por las fuerzas de ocupación israelíes y otros 29.000 resultaron heridos (una cuarta parte por munición real) durante el año de protestas; asimismo Naciones Unidas apunta que otros 76 palestinos murieron -entre el 30 de marzo de 2018 y el 22 de marzo de 2019- por ataques aéreos, bombardeos de tanques o disparos en zonas de acceso restringido marítimas y terrestres, entre otras causas.
En la jornada celebrada en Valencia ha participado la periodista Lola Bañón, miembro de la junta directiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA)-España. Las personas refugiadas palestinas -5,4 millones en Cisjordania, la franja de Gaza, Jordania, Líbano y Siria- suponen el 40% de la población refugiada de larga duración (más de cinco años) en el mundo. Lola Bañón subraya que el presidente Trump ha recortado en 300 millones de dólares la contribución de Estados Unidos a la UNRWA.
«La congelación de fondos se produjo en el momento que Naciones Unidas condenó el reconocimiento unilateral -por parte de Estados Unidos, el mayor donante mundial de la UNRWA – de Jerusalén como capital de Israel» (enero de 2018), explica la periodista; tras la decisión de Trump, se produjo «una notable movilización mundial de gobiernos, ONG y particulares donantes para superar un déficit sin precedentes», destacó el comisionado general de UNRWA, Pierre Krähenbühl. La agencia humanitaria gestiona 58 campamentos de refugiados palestinos en Oriente Medio; en el campo de Dheisheh (ciudad de Belén, en la Cisjordania ocupada), soldados israelíes mataron el 27 de marzo a un trabajador médico voluntario de 18 años. Autora del libro «Palestinos» (2002), Lola Bañón recuerda que el Gobierno de Palestina denunció hace un año al Estado de Israel ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de guerra y contra la humanidad.
«Hay muchas similitudes entre las causas palestina y saharaui, que sufre 43 años de ocupación por parte del reino de Marruecos», compara la estudiante de la Universitat de València y activista saharaui, Esjaba Messoud. En noviembre de 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló que el acuerdo sobre servicios aéreos civiles entre la UE y Marruecos (enero de 2018) es «inaplicable» en el territorio del Sáhara Occidental. El alto tribunal sentenció asimismo, en febrero de 2018, que el Acuerdo de Colaboración en materia de pesca de 2006 entre la UE y el Reino de Marruecos «no es de aplicación a las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental». Ya en diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia resolvió en el mismo sentido en relación con el «acuerdo de liberalización» que firmaron la Comunidad Europea y Marruecos en 2012 sobre productos agrícolas y pesqueros.
Con estos antecedentes, el Frente Polisario calificó en un comunicado como «operación de saqueo» el nuevo acuerdo pesquero euro-marroquí aprobado por el Parlamento Europeo (con 415 votos a favor, 189 en contra y 49 abstenciones) el pasado 12 de febrero; el acuerdo incluye el territorio del Sáhara Occidental. Una de las razones del rechazo es «la vulneración de las decisiones sucesivas del Tribunal de Justicia Europeo», declaró el secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali. Esjaba Messoud destaca que redes de organizaciones y activistas como Western Sahara Resource Watch (WSRW) denuncian el «robo de recursos» al pueblo saharaui; por ejemplo, las importaciones «masivas» desde el puerto de Bremen, en Alemania, de harina de pescado proveniente del Sáhara Occidental ocupado (febrero de 2019); WSRW remitió asimismo una carta en enero a la compañía India Coromandel International preguntando por las importaciones de roca de fosfato saharaui.
En cuanto a la violación de los derechos humanos, la defensora saharaui subraya la represión contra los acampados en la resistencia pacífica de Gdeim Izik y las protestas en El Aaiún, en octubre y noviembre de 2010 (el periodista de Equipe Media, Ahmed Ettanji, describió cómo se desmanteló el campamento el 8 de noviembre: «Las fuerzas de ocupación marroquí entraron armados con pistolas, gases lacrimógenos, cañones de agua, camiones y 4×4, atacaron a la gente mientras dormía (…); mataron a dos saharauis -Babi Gargar y Brahim Doudi-, detuvieron a centenares de personas, dejando muchas víctimas heridas en el camino»; en julio de 2017 el Tribunal de Apelación de Salé, en Marruecos, condenó a 23 de los activistas que participaron en las protestas a penas entre los dos años y medio de prisión y la cadena perpetua). El pasado 24 de febrero, informó El Confidencial Saharaui citando al digital local Guerguerat, la policía de Marruecos «asaltó casas de activistas en la avenida de Smara, en El Aaiún ocupado; torturaron y golpearon hasta dejarla sangrar a una joven saharaui». También en El Aaiun, la agencia oficial SPS dio cuenta tres semanas antes de la «represión violenta de las fuerzas de ocupación marroquíes contra manifestantes saharauis».
Novact-Institut Internacional per a l’Acció no Violenta es una de las organizaciones que promueve la plataforma «Defender a quien defiende». La periodista Thais Bonilla, miembro del equipo técnico de Novact, destaca que Marruecos negó la entrada en el país -en mayo de 2018- a un activista de esta ONG, Luca Gervasoni, a quien además mantuvo 12 horas bajo custodia policial por razones de «seguridad nacional». Bonilla advierte de la extensión de la estrategia «Homeland Security» (seguridad interna), promovida por el Pentágono tras los atentados del 11 de septiembre de 2001; esta doctrina vincula el control de las fronteras, la «seguridad» nacional e internacional de los países, de manera que las «amenazas» tienen una consideración policial y militar (Macrón movilizó a finales de marzo a los militares durante las protestas de los «chalecos amarillos»). ¿Cuál es el balance de las políticas represivas en el estado español? Thais Bonilla recuerda las condenas a prisión de 14 raperos por «enaltecimiento del terrorismo» -en aplicación del artículo 578 del Código Penal- durante 2018: Pablo Hasel, Valtonyc y los 12 integrantes del grupo La Insurgencia; además, según Amnistía Internacional, desde la entrada en vigor de la «Ley Mordaza» (julio de 2015) y hasta finales de 2017, la media de sanciones por «faltas de respeto» o «desobediencia/resistencia» a agentes de la autoridad es de 80 diarias.
Otra de las tendencias es a la privatización creciente de la «seguridad», por ejemplo de las prisiones: el Gobierno de Rajoy autorizó en febrero de 2018 la contratación por un año del «servicio de apoyo a la seguridad» en las cárceles, por valor de 60,2 millones de euros. Uno de los ejemplos más llamativos, en este apartado, es el del Estado de Israel: «En 2014 representábamos el 10% del mercado de la inversión privada mundial en Ciberseguridad, que hemos duplicado en 2017; ahora somos el segundo país del mundo tras Estados Unidos», declaró el primer ministro Netanyahu en la última Cybertech, celebrada en Tel Aviv.
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