Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
El trágico caso de Adnan Farhan Abdul Latif entró en un callejón sin salida en el momento en el que Tribunal Supremo de EEUU emitió una orden negándose a ver su caso la pasada semana. Latif, un hombre yemení, lleva encarcelado en Guant ánamo desde enero de 2002, fecha en la que le detuvieron cuando iba viaja ndo en búsqueda de tratamiento médico.
Latif había sufrido graves heridas en la cabeza como consecuencia de un accidente de coche en 1994, y el gobierno yemení le pagó para que en aquel momento recibiera tratamiento en Jordania. Pero sus problemas médicos persistieron y, en 1999, el Ministerio de Sanid ad Pública del Yemen recomendó a Latif que se sometiera a pruebas, terapias y procedimientos quirúrgicos a sus expensas. Como no podía permitírselo, Latif explicó que salió del Yemen en 2001 con la ayuda de un trabajador caritativo para buscar tratamiento médico gratis en Pakistán. Cuando le cogieron en Afganistán -camino de Pakistán- y le pusieron bajo vigilancia estadounidense en diciembre de 2001, Latif llevaba todo su historial médico con él.
Después de someterle a una farsa de juicio, un Tribunal de Revisión del Estatus de Combatiente en Guantánamo declaró que Latif era un «combatiente enemigo». No se le permitió asistir a la vista, ni tampoco ver las pruebas que se presentaron contra él. En vez de un abogado, le concedieron un «Representante Personal», un oficial militar que n i representó ni defendió los intereses de Latif.
Hace cuatro años, el Tribunal Supremo rechazó el argumento de la administración Bush de que los detenidos en Guantánamo no tenían derecho a impugnar la legalidad de su confinamiento ante los tribunales estadounidenses. En el caso Boumediene versus Bush , el Tribunal defendió los derechos de habeas corpus de los detenidos, diciendo que se les debería dar una «oportunidad significativa» para poder cuestionar su detención.
Latif presentó un recurso de petición de habeas corpus ante un tribunal federal de distrito. La administración Obama se opuso a la petición, a par tir de la información procedent e de un informe de l interrogatorio. En ese informe aparecían censuradas y suprimidas partes extensas, por tanto , es difícil averiguar con exactitud qué es lo que dice. Pero al parecer , según el informe, Latif admitió haber sido reclutado para la yihad , haber recibido de los talibanes entrenamiento en armas y haber servido en la línea del f rente junto a otras tropas de los talibanes. Latif dijo que sus interrogadores habían tergiversado sus palabras de forma que el sumario no presentaba relación alguna con lo que él había dicho realmente.
En el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia, el juez Henry Kennedy concedió la petición de habeas corpus de Latif, concluyendo que «no se p uede dar credibilidad a la información [del Informe] p orque hay serias dudas de que tal Informe refleje con exactitud las palabras de Latif, que los hechos incriminatorios no se han corroborado y Latif ha presentado una historia alternativa creíble que explica su viaje». Al juez Kennedy le preocupaba que «ningún otro detenido hubiera visto nunca a Latif en un campo de entrenamiento o en una batalla. Ningún otro detenido dijo a los interrogadores que él hubiera huido con Latif de Afganistán a Pakistán, desde Tora Bora o cualqui e r otro lugar. Ningún tipo de prueba vincula a Latif con Al-Qaida, los talibanes, un campo de entrenamiento ni que fuera su huésped».
Para el juez Kennedy era especialmente significativo que «los aspectos fundamentales de la historia de Latif hayan sido siempre los mismos». Más de una docena de sumarios de interrogatorios y de las afirmaciones contenidas en los mismos «de Latif muestran las categóricas negativas de implicación alguna con Al-Qaida [sic] o los talibanes; su grave herida en la cabeza como consecuencia de un accidente de coche en Yemen; su incapacidad para pagar el necesario tratamiento médico y su ilusión y esperanza de que el trabajador caritativo pudiera conseguirle atención médica gratuita».
El juez Kennedy razonaba también que los errores que el informe presentaba apoyan «que pueda inferirse que se produjo una mala traducción, anotaciones descuidadas… [suprimidas]… o una combinación de todos esos fa ctores que provocaron un sumario incorrecto de las palabras de Latif». El hecho de que a Latif se le encontrara en posesión de su historial médico cuando le atraparon, según el juez, «corroboraba» su «plausible» historia .
El gobierno apeló la decisión del Tribunal de D istrito ante el conservador Tribunal de Apelaciones de Distrito del Circuito de Columbia, que revocó la c oncesión del habeas corpus. El Tribunal de Apelaciones admitió que el informe del interrogatorio «se había preparado en condiciones estresantes y caóticas, que se filtró a través de intérpretes, que presentaba errores de transcripción y que aparecía muy mal redactado [con partes suprimidas] por motivos de seguridad nacional». Pero, por vez primera, el Tribunal de Distrito del Circuito de Columbia mantuvo que había que conceder a los informes del gobierno la «presunción de consistencia». Esto significa que se presumirá siempre que son ciertos a menos que el detenido pueda refutar esa presunción.
La juez Janice Rogers Brown, que escribió la sentencia de los dos jueces en mayoría en los paneles de apelación compuestos por tres jueces, distorsionó la afirmación del caso Boumediene en el sentido de que podía «innovarse» en los procedimientos de habeas corpus para dar a los informes del gobierno una «presunción de consistencia». La juez Brown criticó «las despreocupadas suposiciones de Boumediene».
El juez disidente de la apelación, David S. Tatel, señaló que, en la práctica, la presunción de consistencia obligará a los tribunales a dar por buenas , sin cuestionamiento alguno , las detenciones llevadas a cabo por el gobierno porque «sugiere que todo lo que diga el gobierno es cierto «. Concluyó que el informe sobre el caso Latif era inherentemente poco fidedigno porque «contiene interpretaciones múltiples basadas en ru mores». El juez Tatel acusó a la mayoría de dos jueces de negarle a Latif una «valiosa oportunidad» de impugnar la ilegalidad de su detención que Boumediene garantiza.
Cuando siete de los detenidos cuyas peticiones había rechazado el Tribunal de Distrito de l Circuito de Columbia, incluida la de Latif , llevaron sus casos ante el Tribunal Supremo, confiaban en que el alto tribunal hiciera justicia. Durante la administración Bush , el Tribunal había derogado una serie de ilegales e injustas políticas del ejec utivo, entre las que se incluía la negativa de l derecho de habeas corpus a los detenidos de Guantánamo, el rechazo a conceder el proceso debido a los ciudadanos estadounidenses detenidos en la «guerra contra el terror» y el mantenimiento de las comisiones militares , en base a que violaban el Código Uniforme de la Justicia Militar y las Convenciones de Ginebra .
Pero la esperanza en la justicia murió la pasada semana cuando el Tribunal se negó a considerar siquiera la corrección del rechazo al habeas corpus emitido por el Tribunal de Apelación a esos siete detenidos. De ahora en adelante, los detenidos que pierdan ante el Tribunal de Apelación de Cir c u ito no pueden confiar en que acudir al Tribunal Supremo vaya a alivi ar les de nada. Su última parada será ante uno de los T ribunales de C ircuito más derechistas del país, que se dedica a anular o retrasar todas las órdenes de liberación emitidas por jueces federales en caso de que al gobierno se le ocurr a objetar algo.
La negativa del Tribunal Supremo a revi sar las decisiones del Tribunal de A pelación en esos casos ha convertido ahora en letra muerta la sentencia Boumedi e ne. Desde 2008, las dos terceras partes de los detenidos que han presentado peticiones de habeas corpus han ganado en los tribunales de nivel de distrito, pero ning uno de ellos ha quedado libre por una orden judicial. El juez Tatel escribió que «es duro ver lo que queda de interés en Boumediene para la revisión de habeas en la s órdenes del Tribunal Supremo» .
Como muchos otros hombres en Guantánamo, Latif se puso en huelga de hambre para ejercer el único poder de que dispo nía frente a la desesperanza absoluta, el poder de negarse a comer. Fue alimentado a la fuerza durante tres meses, de los cuales dice : » Es como tener un puñal penetrando garganta abajo». Como escribe el fiscal M a rc D. Falkoff en su capítulo sobre Latif en The United States and Torture: Interrogation, Incarceration and Abuse : «la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llama a eso tortura».
De los 800 hombres y muchachos retenidos en Guantánamo desde 2002, 169 permanecen allí. De esos prisioneros, 87 tenían ya que haber salido libres , una liberación aprobada por las juntas militares de revisión que se establecieron durante la administración Bush y , después , por el Grupo de Trabajo de Revisión de Guantánamo est ablecid o por el Presidente Obama en 2009. Sin embargo, allí siguen, pudriéndose en ese campo de detención.
En su sentencia, la juez Brown escribía: «Afortunadamente, est a es una categoría reducida de casos. Las filas de detenidos en Guantánamo no volverán a llenarse «. En efecto, Obama ha enviado a solo un nuevo prisionero a Guantánamo. Su estrategia es asesinar a los «militantes sospechosos» o a la gente presente en «áreas sospechosas» mediante aviones no tripulados , obviando así la necesidad de encarcelarles y someter su detención a los tribunales. Como la juez Brown observó inquietantemente: «La lógica de Boumediene es imperiosa: matar a quien se ponga por delante. Entendido».
Marjorie Cohen es profesora de Derecho en la School of Law Thomas Jefferson y ex presidenta del National Lawyers Guild. Es editora del libro » The United States and Torture: Interrogation, Incarceration and Abuse «, publicado a principios de año en r ústica por NYU Press .
Fuente:
http://www.jurist.org/forum/