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La fiscalía de la Audiencia Nacional pide la desclasificación de documentos sobre los vuelos de la CIA

Fuentes: Agencias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer la desclasificación de la información que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenga sobre los vuelos de aviones de la CIA norteamericana con presuntos terroristas detenidos a bordo que supuestamente hicieron escalas en aeropuertos españoles. En un escrito dirigido al juez Ismael Moreno, que investiga este asunto, […]

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer la desclasificación de la información que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenga sobre los vuelos de aviones de la CIA norteamericana con presuntos terroristas detenidos a bordo que supuestamente hicieron escalas en aeropuertos españoles.

En un escrito dirigido al juez Ismael Moreno, que investiga este asunto, el fiscal Vicente González Mota considera que «el carácter de reservado o secreto de la información que hipotéticamente tuviera el CNI -anteriormente CESID- no debe constituirse en obstáculo a cooperar con la Justicia en la investigación de hechos delictivos».

El representante del Ministerio Público estima, sin embargo, que no procede citar como testigos a los directores del CNI y del CESID en relación con este asunto ni pedir por el momento la imputación de «personas concretas» en la causa a la espera de que avance la investigación.

La acusación popular pidió al juez la toma de declaración como testigo del director general del CNI, Alberto Saiz, para que aportara la información de la que dispone su departamento sobre la posible utilización de aeropuertos españoles en vuelos internacionales fletados por la CIA.

A este respecto, la Fiscalía indica que procede solicitar del CNI la información que se tenga en relación a los vuelos «no genéricamente de la CIA sino los que son objeto de investigación en este procedimiento y sobre los que aparezcan indicios de haber servido para la comisión de los hechos objeto de instrucción en este procedimiento».

En concreto, la investigación se centra en los vuelos Argel-Palma-Skopje (Macedonia) del 22 de enero de 2004; Guantánamo-Tenerife-Constanza (Rumanía) el 12 de abril de 2004 y Madrid-Luxor (Egipto) el 16 de diciembre de 2003.

Además, la acusación popular solicitó que declarara el responsable del CESID Jorge Dezcallar en relación a unas manifestaciones realizadas por el entonces presidente del Gobierno José María Aznar quien, tras reunirse con el presidente estadounidense, George Bush, indicó a la prensa el 28 de noviembre de 2001 que «todos los mecanismos de cooperación de operaciones de inteligencia están puestos en marcha».

Según la acusación, pocos días después de estas manifestaciones, el 11 de diciembre de 2001, se produjo la primera escala de un avión fletado por la CIA en suelo español, un Hércules que procedía de Bermudas (EE.UU.) aterrizó en Tenerife y al día siguiente partió hacia Antalya (Turquía).

Respecto a la imputación -también pedida por la acusación- de trece ciudadanos estadounidenses identificados como la tripulación del avión que salió de Palma en enero de 2004 y en el que presuntamente fue secuestrado el ciudadano alemán Khaled El Masrim, el fiscal estima que «dado el estado en el que se encuentran las diligencias no procede en este momento acceder» a esta medida.

Así, agrega, «la averiguación de las tripulaciones y la plena identificación de sus integrantes debe ser contrastada con las diligencias todavía pendientes».

González Mota sí interesa por el contrario a que se acceda a la petición de que se oficie a la Fiscalía de Berna (Suiza) para que remita el testimonio íntegro de las diligencias que allí se instruyen en relación a la investigación de hechos similares.

Además, rechaza por el momento la declaración del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil Robles, quien según una entrevista publicada en Le Monde dijo: «En Kosovo había un centro de detención igual que Guantánamo y yo lo vi».

El fiscal considera que primero debe analizarse el resultado de la investigación encomendada a la policía judicial sobre la utilización de los aeropuertos españoles para poder establecer la relación entre el objeto del procedimiento y el centro en Kosovo al que se refiere.