La Fiscalía del Tribunal Supremo cree que Juan Carlos de Borbón cobró comisiones por su intermediación en «negocios empresariales internacionales» para amasar su fortuna, lo que apunta a posibles delitos contra la hacienda pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.
La Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que Juan Carlos de Borbón, huido en Abu Dhabi desde hace un año por sus diversos escándalos financieros, cobró «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales» para amasar su fortuna, según publica ‘El Mundo’, que ha tenido acceso a una comisión rogatoria librada a las autoridades suizas para obtener información sobre la Fundación Zagatka.
En la solicitud realizada a Suiza, el Ministerio Público señala que dispone de «elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita» y apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.
De acuerdo con el citado diario, en esa comisión rogatoria, del pasado 24 de febrero, la Fiscalía pretende que la Oficina Federal de Justicia de Suiza le remita la información de todas las cuentas en el país de la Fundación Zagatka entre los ejercicios 2016 y 2019, entidad que pertenece a Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del emérito.
Suiza debe «confirmar o descartar»
En relación a esta cuestión, la Fiscalía del Tribunal Supremo español ha emitido un breve comunicado en el que explica que la autoridades suizas deben «confirmar o descartar» los «indicios de criminalidad» contra Juan Carlos de Borbón.
El Ministerio Público añade que la comisión rogatoria contiene «todos aquellos indicios de criminalidad disponibles» por los fiscales del Supremo «acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos».
Pero quiere dejar claro que «no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información» en la que «simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación».
La defensa habla de acusaciones «sin justificación»
Por su parte, la defensa de Juan Carlos de Borbón ha asegurado que las imputaciones contenidas en la comunicación de la Fiscalía a las autoridades suizas se realizan «sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación».
En un comunicado, el abogado Javier Sánchez-Junco afirma que tales afirmaciones «conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano», ya que se traslada a la opinión pública «valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente» al anterior jefe del Estado español.
Desde la Fundación Zagatka se habrían abonado gastos del rey emérito hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en su hijo Felipe en junio de 2014, momento en que Juan Carlos de Borbón perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado.
El monarca emérito aparecía como beneficiario de esta fundación. En su día, la Casa Real española aseguró que el antiguo monarca desconocía esta información y añadió que, si efectivamente era así, renunciaba a ella.
Marlaska y Yolanda Díaz piden llegar «hasta el final»
Ante lo que ha calificado como «noticias preocupantes» en relación al Borbón, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido que se deje a la Fiscalía actuar para que «llegue hasta el final» en esta investigación.
En una rueda de prensa desde la Dirección General de Tráfico de balance de la campaña de verano, Grande-Marlaska ha añadido que les «hubiera gustado no recibir» este tipo de informaciones, subrayando que «todo debe ser investigado».
«Dejemos que la Fiscalía actúe y tome las medidas oportunas», ha comentado en respuesta a la prensa, para luego insistir en que es la Fiscalía la que «dirige la investigación» y, por tanto, hay que «esperar a que llegue hasta el final para esclarecer los hechos».
En el mismo sentido se ha expresado la vicepresidenta segunda y ministra española de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha defendido que «en el siglo XXI, la transparencia y la igualdad es clave», y ha pedido «investigación hasta el final», porque «a una democracia robusta, le gustaría que de una vez por todas, se esclarezca lo que ha pasado».
Varios frentes abiertos
El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, lleva a cabo unas diligencias de investigación en torno a Juan Carlos de Borbón por el presunto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; por el presunto uso por parte de él y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del exjefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
Ante estos hechos, el antiguo monarca ha hecho dos «regularizaciones fiscales» desde su guarida de los Emiratos Árabes. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados. Y una segunda –en teoría la última– el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros para tapar vuelos regalados.
En mayo se supo que AEAT ha notificado al emérito la apertura de una inspección y le ha pedido más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado hasta ahora, un proceso que aún no ha culminado.
El frente judicial de Juan Carlos de Borbón se completa con la demanda que su «examiga» Corinna Larsen –también investigada en Suiza– ha presentado ante en Londres por la «vigilancia ilegal» y «hostigamiento» que asegura sufrió por parte de los servicios secretos españoles y del propio rey emérito.