Un ley es lo que dice, pero también lo que no. Y hay algo que no dice la Ley de Memoria Democrática que a su vez dice mucho sobre la ley. Una institución se queda fuera, aunque estuvo dentro del franquismo, régimen responsable de las víctimas que se pretende reparar. Hablamos de la Iglesia católica española.
La Iglesia no aparece ni en la ley de memoria de 2007 ni en la de 2022, pese a tratarse de una institución básica del régimen nacionalcatólico. No fue sin más aliada de la dictadura, o cómplice, sino parte de la misma. Lo dice la historia, que no sólo sitúa a la Iglesia del lado de los sublevados, sino que muestra su carácter consustancial al régimen. Ya antes del golpe del 18 de julio, la jerarquía católica fue un elemento determinante del bloque de fuerzas que socavó la República. Sus más destacadas voces se alzaron. «Enemigos de la Iglesia y del orden social», señalaba a los republicanos en 1931 el arzobispo de Toledo, Pedro Segura. «España será católica o no será», dijo el cardenal Isidro Gomá durante la guerra, en otra frase imprescriptible.
La Iglesia se apresuró a apoyar el pronunciamiento y a sacralizarlo, convirtiéndolo en «la Cruzada». «Durante la guerra y a su término, la jerarquía denunció la persecución a que habían sido sometidos sus sacerdotes y religiosos […], mientras silenciaba la represión», sintetiza el historiador Francisco Moreno. La consumación del alineamiento se produjo en 1937 con la Carta Pastoral Dirigida a los Obispos del Mundo Entero: «No hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan que el triunfo del movimiento nacional». El apoyo alcanzó de pleno al Vaticano. Acabada la guerra, con Franco vencedor, Pío XII telegrafió un mensaje al general ferrolano: «Levantamos nuestro corazón al señor y agradecemos la deseada victoria católica en España». El papa nombró «protocanónigo» al «Caudillo».
El romance con el régimen fue total. Hay sobrada acreditación historiográfica de la consanguineidad de los poderes civil y religioso, con ejemplos como Por la religión y la patria (Crítica, 2014), de Francisco Espinosa y José María García Márquez. El Vaticano aportó a Franco legitimidad desde sus inicios. El régimen respondió con una legislación educativa (1945) e hipotecaria (1946) a su medida. La norma hipotecaria, por cierto, es la base de las inmatriculaciones, cuyo fruto sigue disfrutando la Iglesia. El hermanamiento culminó con el Concordato (1953). Con este acuerdo, el jefe del Estado «compraba un privilegio para él muy valioso», el «título oficial de Estado católico respaldado por la Iglesia», escribe en Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España (1953-1974) Alberto de la Hera. El artículo VI obligaba a los curas a elevar preces diarias por Franco.
La Iglesia fue parte del aparato represor, valiéndose del fabuloso archivo que constituía el confesionario. La justicia militar de posguerra se sirvió de curas junto a falangistas, guardias civiles y alcaldes. Julián Casanova, en La Iglesia de Franco (Crítica, 2001), narra cómo la Iglesia se apresuró a apoyar a los sublevados, ofreciendo su bendición a la política de exterminio. Como escribe Casanova, la jerarquía participó desde 1943 en la «farsa» de las Cortes franquistas y se hizo presente en las más altas instituciones del Estado. Franco, añade el historiador, «murió bendecido por la Iglesia, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia». A lo largo de su mandato, Franco apartó –¿traicionó?– a aliados como monárquicos y falangistas, pero jamás a la Iglesia, incrustando a la Asociación Católica de Propagandistas y al Opus Dei en sus consejos de ministros.
La pregunta es: ¿cómo ignorar a la Iglesia en una «ley de memoria democrática»?
Las dos leyes
El historiador José Luis Gutiérrez Molina cree que la Iglesia es merecedora de una mención específica en la norma. «Tuvo un papel con muchas facetas: en el golpe, en el control social, en la represión… Un informe del párroco podía servir para que una persona terminara asesinada», señala. A su juicio, lo mínimo hubiera sido la inclusión de una referencia, aunque fuera «nominativa». Es más, Gutiérrez Molina recalca que, mientras sí hay una alusión a las «empresas» por su aprovechamiento del trabajo esclavo, no la hay de la Iglesia, cuando –afirma– se benefició de mano de obra forzada para la reconstrucción de templos, aspecto también apuntado por el historiador de la Economía Carlos Arenas en Lo andaluz. Historia de un hecho diferencial(El Paseo, 2022). La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), en su decálogo de reclamaciones sobre la futura norma, reclama «que se incluya la exigencia de responsabilidades a la Iglesia católica».
«La Iglesia fue un pilar de la dictadura y tuvo un papel eminentísimo en la justificación del golpe y en la legitimación del régimen. Incluso cuando el Concilio Vaticano II abre una brecha entre la Santa Sede y el régimen, la Iglesia católica española sigue siendo franquista», explica el historiador Ángel Viñas. A su juicio, no obstante, hay una dificultad para su inclusión en la norma. «En realidad la Iglesia no es una institución del Estado español, sino de un Estado extranjero, el Vaticano», señala Viñas, que sí cree que abriría una «brecha importante» forzar la salida de los monjes del Valle de los Caídos. «Eso, si la ley llega a ponerse en marcha, claro. El PP ya ha dicho que la derogaría«, expone.
Paqui Maqueda, colaboradora de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla, afirma que el movimiento memorialista ha encontrado de la Iglesia una actitud «nada compasiva», que no se ha corregido a raíz de la ley de 2007, ni tampoco de la norma andaluza de 2017. La situación, afirma, es agravada por las declaraciones escépticas o críticas sobre la «memoria histórica», que condicionan la posición de los fieles, añade. La visión de Maqueda entronca con la que desde el ámbito académico aportan Paloma Aguilar y Leigh A. Payne, que en el ensayo El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos(Taurus, 2018) señalan que mientras la jerarquía «ha logrado que se reconozca a sus víctimas», «se ha negado en repetidas ocasiones a apoyar los esfuerzos que las víctimas republicanas», con excepciones en Navarra.
Maqueda ve grave que la ley no incluya exigencias de responsabilidad y colaboración de la Iglesia: «Lo que no se nombra no existe. En este caso, la responsabilidad de la Iglesia no existe». A su juicio, la falta de referencias ha facilitado el «obstruccionismo» de la institución, tanto en la retirada de símbolos como en casos emblemáticos, como el del golpista Gonzalo Queipo de Llano, que sigue en la Basílica de la Macarena de Sevilla. La ley estatal de 2007 no obliga a sacar los restos del jefe de la represión en el sur de España, enterrado con honores en un lugar visible. Queda saber si la ley de 2022 lo hará: la norma establece que los elementos «contrarios a la memoria democrática» serán retirados no sólo de lugares públicos, sino también privados «con proyección o uso público». Algo similar dice la ley andaluza de 2017 y ahí siguen los restos.
Valle de los Caídos
Clamoroso ha sido el incumplimiento de un artículo, el 16, dedicado al Valle de los Caídos. Su punto 2 dice: «En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo». La ley ha sido burlada. Y no se trata de las misas en memoria de Franco –la última, este 18 de julio, bajo la presidencia del obispo auxiliar de Madrid–. Al margen de actos religiosos, ha habido homenajes a Franco y actos de exaltación de su régimen. En 2019, el prior de la abadía, Santiago Cantera, realizó incluso un «acto de desagravio» por la exhumación de Franco.
La ley recién aprobada regresa sobre el Valle de los Caídos, esta vez con el artículo 54. ¿Qué establece? Además del cambio de nombre a «Valle de Cuelgamuros» y su futura «resignificación» –que no prevé la retirada de la cruz–, vuelve a prohibir la exaltación franquista. El punto más novedoso es la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. ¿Qué pasará con los monjes benedictinos? Los detalles quedarán establecidos en un futuro real decreto. En una entrevista a El País, el director general de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha afirmado que «tiene poco sentido» que los monjes sigan allí. La ARMH denuncia que, además de «poco sentido», tiene nula cobertura legal y reclama al Gobierno la expulsión de los monjes. El Estado –gobierno tras gobierno– permite desde 1983 que los monjes sigan en el Valle a pesar de incumplir obligaciones legales.
Archivos
Está por ver qué impacto tiene la ley de 2022, que todavía debe pasar por el Senado, en la apertura de archivos de la Iglesia para la investigación. Este debate ha recibido un impulso con la publicación de los archivos de Pío XII sobre los judíos y el nazismo. La ARMH ha pedido al papa que abra «los archivos sobre el franquismo». Aunque el acuerdo sobre asuntos educativos y culturales con el Vaticano de 1979 recoge la «voluntad» de la Iglesia de poner al servicio de la sociedad su «patrimonio documental», han sido frecuentes las quejas de historiadores, entre ellos los que investigan los crímenes del siglo XX, como Francisco Espinosa: «A pesar de que funcionan con subvenciones, estos archivos son privados y el acceso está controlado y decidido por ellos». «Los archivos de la Iglesia tienen un enorme potencial para conocer la represión, para localizar víctimas e incluso bebés robados. Se habla mucho de verdad, justicia y reparación. Sin archivos no hay verdad y así falla todo lo demás», señala Paqui Maqueda, colaboradora de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla.
La ley de 2022 establece la incorporación al Centro Documental de la Memoria Histórica de «archivos y documentación» en poder de «entidades privadas» y garantiza el «acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados». infoLibre preguntó al Ministerio de Presidencia si afecta a la Iglesia católica, sin una respuesta afirmativa explícita. En cuanto a la Conferencia Episcopal, no respondió si estos preceptos tenían algún efecto sobre la Iglesia. Más en general, no respondió sobre su valoración de las leyes, sobre la ausencia de referencias a la Iglesia o sobre su grado de colaboración.
Privilegios heredados
Uno de los obstáculos principales de la Iglesia a la hora de hacer autocrítica sobre su papel es –como han apuntado teólogos críticos como Juan José Tamayo– que su actual estatus está anclado en privilegios con origen franquista. La posición en los terrenos fiscal, simbólico y educativo de la Iglesia sería impensable sin el Concordato, reformado –jamás derogado– entre 1976 y 1979, cuando adoptaron la forma de cinco acuerdos. El primero es el marco jurídico, de 1976, es decir, preconstitucional y todavía vigente. Los otros cuatro son temáticos: 1) jurídico, 2) Fuerzas Armadas, 3) educación y cultura y 4) economía. La casilla de la Iglesia –unos 300 millones anuales de dinero público para la Iglesia–, los profesores de Religión y capellanes pagados por el Estado, las exenciones fiscales… todo ello tiene origen en unos acuerdos cuya primera pieza es de 1976, mientras las tres siguientes están fechadas el 3 de enero de 1979, hace ahora 40 años, tan sólo 29 días después de la aprobación de la Constitución. Aunque cronológicamente caen dentro de la democracia, lo cierto es que los contactos para el cambio del Concordato venían de finales de los 60 y obedecían a una lógica propia de relaciones Estado a Estado, como se concluye de la lectura del artículo de Alberto de la Hera.
Pues bien, la recién aprobada en el Congreso ley de memoria hace una –polémica– referencia a la Ley de Amnistía, pero no a dichos acuerdos. ¿Era posible hacerlo? Gutiérrez Molina cree que los «privilegios de la Iglesia» siguen siendo «una asignatura pendiente» de una democracia instalada en aquel dicho: «Con la Iglesia hemos topao«.
Maqueda, del movimiento memorialista andaluz, cree que «lo más importante» que podría aportar la Iglesia es «difícil de reflejar en una ley». ¿A qué se refiere? «A pedir perdón. Eso falta y sigue faltando, aunque a estas alturas no sé si llegará. Deberían, por su papel represivo y colaboracionista. La Iglesia fue corresponsable de la oscura noche del franquismo, más dura aún para las mujeres precisamente por el papel en la sociedad que les daba la Iglesia», señala Maqueda. A su juicio, un Estado que tiene tantos espacios de colaboración con la institución católica debería presionar para obtenerlo, pero no muestra demasiada confianza en que ocurra. «El poder de la Iglesia y su relación con el Estado es algo con lo que nadie se atreve», afirma.
Fuente: https://www.infolibre.es/politica/iglesia-esquiva-segunda-vez-ley-memoria_1_1284925.html