Ante la nota de prensa difundida por el Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, intentando «linchar» con argumentos falaces y presunciones insultantes a Ecologistas en Acción por defender la salud de los 400.000 habitantes del área metropolitana de Valladolid frente a algunas empresas contaminadoras y una administración autonómica complaciente […]
Ante la nota de prensa difundida por el Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, intentando «linchar» con argumentos falaces y presunciones insultantes a Ecologistas en Acción por defender la salud de los 400.000 habitantes del área metropolitana de Valladolid frente a algunas empresas contaminadoras y una administración autonómica complaciente y negligente, Ecologistas en Acción quiere manifestar:
1. Que en la ciudad de Valladolid y su entorno se ha incumplido en los últimos años el valor objetivo para la protección de la salud establecido por la normativa europea y española para el contaminante atmosférico ozono, rebasado en la estación de control de la contaminación denominada Renault 1, entre Laguna de Duero y Valladolid. Esta situación es el resultado de las emisiones del tráfico urbano e interurbano y de algunas industrias, entre las que destaca la factoría de Renault, cuyos hidrocarburos volátiles activan en verano la formación del ozono.
2. Que los elevados niveles de ozono son responsables cada año de una treintena de muertes prematuras por enfermedades respiratorias y cardiovasculares en Valladolid, y de un centenar en Castilla y León, según ha publicado recientemente el Instituto de Salud Carlos III, organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia. Esta situación es perfectamente conocida por la Junta de Castilla y León, que no obstante no tiene reparo en mentir año tras año sobre la calidad del aire en la región, calificándola como «excepcional».
3. Que por Sentencia de 19 de octubre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado «la obligación de la Administración Autonómica demandada de elaborar y aprobar los preceptivos Planes de Calidad del Aire» en la media docena de zonas donde desde el año 2010 se han incumplido los valores objetivo establecidos legalmente para el ozono. Aunque el Tribunal Supremo esté revisando actualmente dicha sentencia, recurrida por la Junta de Castilla y León, queda clara la falta de escrúpulos de las autoridades regionales, que pudiendo actuar para evitar decenas de muertes, no lo hacen por claros intereses económicos.
4. Que ante la continuada negligencia autonómica, en ejercicio de sus derechos ciudadanos Ecologistas en Acción ha recurrido la última modificación sustancial de la autorización ambiental de Renault España en Valladolid para una nueva línea de pintado de carrocerías, que permite utilizar cada año 500 toneladas de pinturas al disolvente, incrementando las ya elevadas emisiones de hidrocarburos volátiles de la empresa de automóviles, próximas a las 1.000 toneladas cada año, en una zona donde se incumple el objetivo legal de calidad del aire.
5. Que la correlación entre las emisiones de hidrocarburos o COV y los niveles de ozono en la estación de control Renault 1, en los últimos años, pone de manifiesto que como es lógico a mayores emisiones de hidrocarburos se producen niveles de ozono más altos. Un fenómeno perfectamente descrito por la literatura científica y frente al cual las autoridades regionales sólo alcanzan a esgrimir indeterminaciones y excusas, no amparadas en estudio ni informe técnico alguno, cuando no a reproducir textualmente los argumentos de la empresa, omitiendo su función reguladora y de protección de la salud y el medio ambiente.
6. Que el problema de fondo es la decisión de Renault España de utilizar en sus procesos de pintado pinturas al disolvente en lugar de pinturas al agua o pinturas en polvo, por motivos esencialmente económicos, hasta el punto de que el documento europeo sobre mejores técnicas disponibles (MTD) para el revestimiento de piezas de plástico señala textualmente que «para instalaciones nuevas o mejoradas, constituye una MTD reducir las emisiones de disolventes priorizando los sistemas de base acuosa». Las pinturas al disolvente son además más tóxicas para los trabajadores, que se ven más expuestos a los disolventes orgánicos.
7. Que el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha emitido dos informes manifestando rotundamente que «el aceptar el mantenimiento de la tecnología de base disolvente, en lugar de evolucionar a la base agua, constituye una regresión tecnológica clara y evidente» que supone «dejar de usar en la práctica la mejor tecnología disponible a costa de incrementar en la zona las emisiones de hidrocarburos tóxicos para la salud […] no debiendo olvidar que se encuentran a menos de dos kilómetros de las primeras viviendas de Laguna de Duero y a menos de un kilómetro de las primeras viviendas de Valladolid».
8. Que lo que realmente pone en peligro el empleo y la salud de los trabajadores de Renault Valladolid, de sus familiares y de las 400.000 personas que vivimos en su entorno es la resistencia de la empresa a adaptarse a la legislación ambiental, usando materias primas menos tóxicas y con menores emisiones contaminantes a la atmósfera. Así como la impostura de la Junta de Castilla y León, que no cumple con su obligación de elaborar un plan de mejora de la calidad del aire para Valladolid, pese a haberlo pedido formalmente los ayuntamientos de Laguna de Duero y de la capital, y que ha asumido una vez más la defensa de los intereses económicos particulares de una empresa privada, y su supuesto derecho a contaminar.